Oceana dice que Madrid tiene «instrumentos legales para paralizar» la búsqueda de petróleo

Los ecologistas aseguran que las legislaciones española y europea «tienen suficientes instrumentos legales para prevenir el impacto de las exploraciones y explotaciones de gas y petróleo en el Mediterráneo y Canarias, pero no se están utilizando». En una nota de prensa, esta asociación critica al ministro de Industria, José Manuel Soria, de cuyas declaraciones, dice, se deduce que «el Gobierno no solo es reticente a utilizar la legislación existente, sino que ha modificado decretos e interpretado de la manera más liviana la legislación para dar espacio a las empresas petroleras».

Los ecologistas insisten: «Las leyes existentes permiten paralizar actividades que tengan impacto sobre el medio ambiente, en especial cuando afectan a una Zona Natura 2000, que es la red de espacio protegidos en la UE, y el Gobierno español no ha hecho el menor esfuerzo para aplicarlas». «De este modo –añade Oceana– el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para poder poner en marcha las exploraciones en Canarias que revocó el Tribunal Supremo en 2004».

Además, recuerdan que el Ejecutivo central «ha permitido exploraciones petrolíferas en zonas con más de 300.000 y 600.000 hectáreas frente a Valencia, Balears o Canarias, pese a que la ley del sector de hidrocarburos lo impide para superficies superiores a las 100.000 hectáreas».

Debido a todas estas circunstancias, el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor, señala que «sería muy conveniente que la Justicia actuara de oficio para detener estas aberraciones y mandar un claro mensaje de que los gobiernos no están por encima de la ley. Si los criterios e interpretaciones legales que hacen los políticos para las grandes empresas se aplicaran a los ciudadanos viviríamos en un mundo de caos total».

Respecto al impacto de estos trabajos, Oceana advierte: «El Gobierno tampoco ha aplicado los decretos sobre evaluación de impacto ambiental que claramente exigen la elaboración de estos informes cuando las actividades de exploración pueden afectar directamente a espacios protegidos, como ses Salines en Balears [concretamente en Ibiza], las islas Columbretes en la Comunidad Valenciana o el archipiélago Chinijo en Canarias, entre otros».

Sobre este particular, la asociación ecologista recuerda que en 2011 «demostró que los permisos otorgados […] para explorar hidrocarburos frente a Málaga se basaban en estudios falsos sobre los valores ambientales». Y advierte de que «tampoco la petrolera Cairn, que tiene las concesiones para las explotaciones entre las aguas valencianas y baleares a través de su filial Capricorn Spain, ha presentado ninguna documentación».

«Es lamentable –finaliza la nota de Oceana– que el 90% del tiempo de las ONG se dedique a conseguir que los gobiernos y políticos cumplan y apliquen la legislación existente».

Responsables de la central en Madrid de Cairn Energy declinaron responder a las acusaciones de Oceana.