La Lonja de Palma era un hervidero, con el aroma del triunfo popular en los rostros de los nuevos gobernantes de Balears. El calendario marcaba la fecha del 18 de junio de 2011 y un emocionado José Ramón Bauzá, en presencia de Mariano Rajoy y Ana Mato, se disponía a jurar su cargo como president del Govern. «No tengo ningún proyecto estrella bajo la chistera, no hay anuncios a bombo y platillo, no habrá sorpresas porque no las quiero». Con estas palabras, el nuevo jefe del Ejecutivo inauguraba una nueva etapa política en Balears sabedor de que, en efecto, la crisis económica difícilmente permitiría grandes proyectos. En cuanto a las sorpresas, la promesa de austeridad durante la campaña electoral quitaba pocas dudas sobre cuál sería la gestión inmediata que aplicaría: tijeretazo para reducir un déficit desbocado e intentar superar el día a día de unas arcas autonómicas bajo mínimos.

Los seis primeros meses del Govern Bauzá han estado marcados por la crisis y, como consecuencia, por las decisiones económicas que se han impuesto sobre el funcionamiento de cada departamento del Ejecutivo autonómico. Josep Ignaci Aguiló, vicepresidente Económico, es la estrella del nuevo Govern, el encargado de meter el bisturí para recortar al máximo. Y de conseguir fondos para mantener la maquinaria de la Administración autonómica.

Sin embargo, los primeros mensajes de los nuevos responsables del Govern incidiendo sobre la mala situación financiera de la Comunitat provocan la desconfianza de las entidades financieras con las que su antecesor al frente de Hacienda, el socialista Carles Manera, había dejado a punto de cerrar la concesión de créditos. Así, a la mala situación objetiva de las arcas autonómicas, se une las dificultades para obtener créditos, mientras los proveedores del Govern llaman a sus puertas para que se les pague.

Plan para sanear las cuentas

Como primer paso para frenar la situación, Aguiló y su equipo se concentran en preparar un nuevo Plan Económico Financiero para sanear las cuentas de la Comunitat Autònoma que, al contrario de lo que había ocurrido con los elaborados por Manera, recibe el visto bueno del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El documento incluye gran parte de las medidas previstas por el anterior Govern, pero con recortes más profundos y la renuncia a recibir el adelanto de los 240 millones de euros del Fondo de Competitividad al que se había comprometido el Gobierno central. En el texto, se expresa textualmente que el Govern «se compromete a aplicar medidas drásticas y de urgencia para reducir el gasto público» y «reconducir» una situación «negativa».

El documento recoge los primeros recortes que servirán como guía al Govern, incluyendo por ejemplo los de servicios sanitarios con medidas como la limitación del horario en que se atenderán las urgencias en los centros de atención primaria, entre otras que dejan claro la profundidad del tijeretazo que impulsará el Ejecutivo. Como argumento, un dato incontestable: el déficit de la Administración autonómica cuando Bauzá llegó en junio al Consolat de Mar había alcanzado el 2,11% del PIB balear, muy por encima del límite del 1,3% permitido y solo superado en este mal dato por Castilla la Mancha y Extremadura.

Seis meses después, el Govern de Bauzá recibe su primera buena noticia al reducir en el tercer trimestre del año el déficit al 0,97%, un dato que sirve al Ejecutivo como prueba de la eficacia de su política aunque lo acoge con prudencia, convencido de que cerrará 2011 superando el 1,3%. A pesar de ello, no consigue que las entidades financieras abran el grifo al Govern en forma de todos los créditos que necesita. Por ahora, solo ha logrado cerrar un crédito con el Santander por 100 millones de euros.

Lo cierto es que números cantan y la situación de las arcas autonómicas es desesperante. En la tesorería del Govern entran cada mes unos 190 millones de euros, de los que 65 se dirigen directamente al pago de nóminas. El resto no es suficiente para atender todos los frentes que dependen de la Administración. Sin créditos, el Govern no tiene liquidez y las consecuencias estallan en cascada.

En julio el Govern prometió aprobar en agosto un calendario de pagos a los proveedores. En agosto prometió aprobarlo en septiembre. Al final, no habrá calendario sino que se irá pagando poco a poco, conforme lo permita la liquidez de las arcas autonómicas y de acuerdo con las urgencias. El Ejecutivo debe casi 1.100 millones de euros a sus proveedores. ¿Qué significa eso en la práctica? El transporte escolar no cobra desde marzo. Los centros de educación no reciben los fondos necesarios para mantenimiento. Las farmacias acumulan millones de atrasos.

Las constructoras de las islas que ejecutaban el tren de Artà siguen a la espera con el riesgo de no aguantar hasta final de año. Asociaciones de discapacitados y trabajadores de residencias de la tercera edad se manifiestan por los impagos. Esta misma semana, las empleadas de limpieza del Área de Salud pitiusa anunciaron una huelga indefinida para enero si el Govern no paga a su empresa, Lireba, que debido a esta deuda no puede hacer frente a las nóminas de la plantilla, que no había cobrado aún noviembre ni la paga de Navidad. La deuda con esta empresa en todo Balears suma 6,5 millones (medio millón corresponde al Área de Salud pitiusa, que no paga desde abril). La amenaza de movilizaciones motivó la promesa del vicepresidente Aguiló de que se saldaría parte de la deuda, por lo que en teoría estas nóminas pendientes se cobrarán mañana (según anunció la empresa). El sindicato USO ha desconvocado el paro. Es un ejemplo más, hasta un largo listado que afecta a casi todas las conselleries.

800 despedidos

El respiro para el Govern de la reducción del déficit no se traslada a quienes padecen las medidas para reequilibrar las cuentas. La reducción de conselleries y altos cargos no sirve como ejemplo de sacrificio para los damnificados. La reestructuración de empresas públicas (se disuelven 22 y 70 se fusionan con otras) supone un ahorro de 115 millones de euros anuales, según anuncia el Govern a finales de septiembre. Pero también implica que 800 de los 3.500 trabajadores de estas empresas perderán su puestos. A ello se suma la reducción de interinos (incluyendo profesores) o medidas como dejar de pagar horas extra a los funcionarios (salvo a los miembros del Gabinete de Bauzá y a quienes trabajan en Marivent).

«Si no baja el paro, será responsabilidad mía», aseguraba Bauzá en mayo nada más ganar las elecciones. No solo no ha bajado, sino que ha aumentado. De hecho, en noviembre las islas lideraron por tercer mes consecutivo el aumento del desempleo, al que también ha contribuido el propio Govern. Desde que Bauzá llegó al Consolat de Mar, Balears es la Comunidad que más empleo público ha destruido: 5.700 puestos, es decir, el 7,78% de la plantilla pública. Y eso que es la autonomía con menos funcionarios por habitante.

El 31 de octubre, el Ejecutivo aprueba sus presupuestos para el próximo año, con unas cifras que confirman la política de recortes. Son los presupuestos más elevados de la historia de la autonomía balear (3.675 millones de euros) y a su vez los más austeros, con un hachazo a la inversión pública de 273 millones.

A pesar de los mensajes tranquilizadores, la contención del gasto también afecta a educación y sanidad. El interés se centra en la amortización de deuda, a la que se sumará la nueva que tiene prevista: 355 millones, el máximo permitido. Es decir, lo mismo que los populares critican al anterior Ejecutivo. Así, el pasivo para 2012 se colocará en 922 millones. Nunca un Govern había generado deuda con tanta rapidez.

¿Y la reactivación de la economía balear?. Las palabras clave para el Govern son «seguridad jurídica». Sobre ella pivota la prometida Ley de Apoyo a los Emprendedores, que es más una declaración de intenciones que de medidas concretas. La fórmula de Bauzá es dar facilidades a la inversión privada, reduciendo trabas administrativas. Traducido: dar marcha atrás en las normativas con el fin de desbloquear proyectos urbanísticos. Así, el Ejecutivo ya ha anunciado que revisará la paralización de diez urbanizaciones en terrenos que el anterior Govern protegió en 2008. A su vez, la nueva Ley General Turística da en la práctica a los hoteleros carta blanca para reconvertir sus establecimientos, convirtiéndolos con facilidad en residenciales.

La economía manda. Sin embargo, ni el propio Govern cree que estas medidas ayudarán a frenar el paro a corto plazo, como lo admitió esta misma semana el propio Josep Ignaci Aguiló al reconocer que será «difícil» que la economía balear genere empleo en 2012.

Josep ignaci aguiló, Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y OcupaciónEl encargado de meter la tijera en la Administración

La crisis le ha convertido en la estrella del Govern de Bauzá. Nada más asumir la conselleria, se encontró con la necesidad de negociar con entidades financieras para lograr fondos que permitieran a las empobrecidas arcas autonómicas hacer frente a sus obligaciones, entre ellas el pago de casi 1.100 millones de euros a sus proveedores.

Por ahora ha conseguido un préstamo de 100 millones. Se estrenó con la elaboración del Plan de Saneamiento económico del Govern, que fue aprobado por el Gobierno central tras su compromiso de recortes de gasto drásticos y la renuncia al adelanto por parte de Madrid de 240 millones del Fondo de Competitividad. Los presupuestos que ha elaborado su departamento para 2012 son los más altos de la historia de la autonomía balear y a la vez los más austeros, con un recorte del gasto que deja la inversión bajo mínimos para hacer frente a la deuda, que el actual Govern aumentará en 355 millones de euros.

Antonio Gómez Conselleria de PresidenciaUna gestión marcada por el conflicto con IB3

Su nombramiento como director general de IB3 a finales de julio por decreto del Govern, tras la dimisión de Pere Terrasa, ha marcado su trayectoria en el Ejecutivo en estos seis meses. Aunque el Govern argumentó esta decisión en la necesidad de que el ente tuviera un responsable hasta que el Parlament eligiera un nuevo director, las críticas de la oposición no se hicieron esperar ante lo inaudito de que un miembro del Ejecutivo se sitúe al frente de la televisión pública balear. Desde ese momento, IB3 se convirtió de nuevo en campo de batalla de los partidos. El intento de consensuar un director resultó un fracaso y el Govern decidió nombrar a Jacobo Palazón como responsable en funciones del ente, aunque la dirección general la mantiene Gómez hasta que, en seis meses, el PP pueda nombrar a Palazón sin contar con el apoyo del PSOE o del PSM-IV-Entesa. El nombramiento de los cargos del ente, cuyos nombres se dieron a conocer para después verse obligados a convocar un concurso para elegirlos, añadió más tensión política.

Rafael Bosch, Conselleria de Educación, Cultura y UniversidadesRecortes de gasto y falta de liquidez

El primer reto de Bosch fue el de garantizar un inicio de curso con normalidad, a pesar de la mala situación financiera. En general lo consiguió, lo que no significa que el estado de la enseñanza en Balears sea bueno. Más bien al contrario. La educación está en números rojos y Bosch no ha podido remediar las consecuencias: centros que sobreviven con sus cuentas prácticamente a cero, desaparición de programas de refuerzo y apoyo socioeducativo, reducción de becas para comedores escolares o autocares del transporte escolar que ya no pasan por todos los pueblos. A ello se añade una drástica reducción del número de interinos. Mientras el conseller cifra el déficit de la educación balear en 26 millones de euros, sus presupuestos para 2012 ascienden a 767,4 millones de euros, 54,7 millones menos que en este ejercicio. En cuanto a la libre elección de lengua, Bosch ha anunciado que comenzará a aplicarse el próximo curso para la educación Infantil. También aumentará de 18 a 20 las horas lectivas para los profesores.

Carlos Delgado, Conselleria de Turismo y deportesObjetivo: eliminar trabas a la inversión

La nueva Ley General Turística ha sido el gran documento salido en estos seis meses de la conselleria de Carlos Delgado. En él, se da carta blanca al sector hotelero con medidas como la eliminación de trabas administrativas, el cambio de uso hotelero a residencial o la regulación de los condohoteles. Como contrapartida, Delgado promete una «cruzada» contra la oferta ilegal, que comienza con un contundente endurecimiento de las sanciones, con un incremento del 30 por ciento respecto a las actuales. A su vez, impulsa una política tendente a facilitar proyectos por la vía del «interés autonómico», para la que ya están interesados un hotel junto al club náutico de Sa Ràpita, un complejo en la Marina de Magaluf y otro hotel en Magaluf. Además, Delgado tiene sobre la mesa 12 proyectos de ampliación de puertos deportivos y no descarta la construcción de más instalaciones náuticas. Sus ambiciosos planes contrastan con un fuerte recorte de sus presupuestos para 2012, que dejará bajo mínimos las partidas para promoción turística.

Carmen Castro, Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social

Ajuste de gasto con recortes en personal

El ajuste del gasto ha marcado las decisiones adoptadas por Castro al frente de Salud, con medidas como el recorte de las peonadas de la actividad quirúrgica fuera de horario o la eliminación de las derivaciones a clínicas privadas, dos prácticas que servían para impedir que las listas de espera se dispararan. La tijera se ha metido sobre todo en el capítulo de personal, con decisiones como la de dejar de complementar las bajas de los trabajadores del Ib-Salut que permitían que siguieran cobrando la totalidad de su salario desde el primer día de baja por enfermedad. Aunque Castro afirma que las decisiones que la calidad del servicio sanitario no se ve afectada, también ha adoptado decisiones como la eliminación de los menús para los acompañantes de los niños ingresados. Junto a ello, su conselleria no se ha visto a salvo de conflictos internos, en especial por la figura del director general del Ib-Salut, Juan José Bestard, quien esta semana ha descabezado a la cúpula solo cinco meses después de nombrarla.

Gabriel Company, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, TerritorioReactivar urbanizaciones y parar obras ferroviarias

Entre las iniciativas más destacadas de Company se encuentra su decisión de dar marcha atrás en la paralización de urbanizaciones decidida por el anterior Govern del Pacto. Su intención es derogar la Ley para un Desarrollo Territorial Sostenible aprobada en 2008 que desclasificaba 10 urbanizaciones, protegiendo unas 1.500 hectáreas de terreno declarado Anei. Cala Blanca (Andratx), ses Fontanelles (Palma) o Cala Marçal (Felanitx) son algunos de los proyectos que el Govern estudia reactivar. El argumento que esgrime es el de las elevadas indemnizaciones que piden los promotores. Junto a ello, Company decidió paralizar las obras del tren de Manacor a Artà, al comprobar que Balears no había recibido todos los fondos que debía aportar el Gobierno central de acuerdo con el convenio ferroviario. Asimismo, ha adoptado medidas de ajuste de gasto eliminando frecuencias en tren, metro y autobuses interurbanos, bajo el criterio del escaso número de usuarios en algunos trayectos.

Simón Gornés, Conselleria de Administraciones PúblicasEliminación de liberados sindicales

El departamento de Simón Gornés tampoco se ha librado de adoptar medidas de recortes, que en su caso se han dirigido hacia los sindicatos. A mediados de septiembre, la dirección general de Función Pública les informaba de la decisión de eliminar 89 liberados sindicales de la Comunitat Autònoma, así como reducir los fondos que recibían los sindicatos. Paralelamente a estos recortes, la conselleria de Gornés ha preparado y aprobado el primer Plan Director de Simplificación Administrativa de la Comunitat Autònoma, cuyos objetivos son agilizar los trámites administrativos, mejorar «la seguridad jurídica» e impulsar las nuevas tecnologías. Entre las medidas que contempla, se encuentra la de reducir para finales del próximo año en un 25 por ciento las cargas administrativas, lo que según el Govern supondrá un ahorro a las empresas. Además, el plan propone revisar la normativa sobre concesión de subvenciones, la puesta en marcha de empresas o la contratación pública.