Permitir, como pretende el gobierno municipal de Sant Josep, que puedan instalarse grandes discotecas y otros complejos de ocio en la zona de naves industriales existente junto a la autovía del aeropuerto, a solo 500 metros del núcleo urbano de Sant Jordi y cerca de numerosas viviendas diseminadas, es una locura que nada tiene que ver con el interés público. Su única finalidad es favorecer intereses particulares, entre ellos los del exalcalde José Serra Escandell, uno de los promotores de esta reforma urbanística. Una pretensión como esta, urdida cuando el PP recuperó la alcaldía de Sant Josep e informada desfavorablemente por la Comisión Insular de Urbanismo del Consell, huele desde el principio a traje a medida para vestir algún pelotazo inviable con la normativa actual. De hecho, ahora sabemos que a la vez que comenzaban los trámites para permitir los nuevos usos estaban en marcha gestiones para vender algunas naves e instalar allí una macrodiscoteca y una exclusiva área ´vip´ con helipuerto incluido, en una operación valorada en más de ochenta millones.
Sant Josep tiene ya sobradamente acreditada su tolerancia con las infinitas molestias de los negocios discotequeros, pero nunca hasta ahora había actuado con tanto descaro para promoverlas. El cambio urbanístico que impulsa no puede servir de ninguna manera para mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que contribuiría a hacérsela más insufrible. Si se empeña en sacarlo adelante se habrá burlado una vez más de todos ellos.
