El Consell está a la espera de recibir un informe de una consultora externa sobre los costes del proyecto de la planta de biometanización (para eliminar la parte orgánica tras el proceso de triaje) en el vertedero de Ca na Putxa presentado por la unión de empresas concesionaria (UTE Giref), y otro sobre su viabilidad técnica.
Cuando se obtenga esta información, se abrirán dos escenarios para la institución: la construcción de las plantas a cargo de la concesionaria con un periodo de ejecución de dos años o bien, «el peor», que el proyecto suponga «una modificación sustancial del contrato y no sea viable, con lo que se planteará una vez más la posibilidad de que se resuelva la contrata para sacarla de nuevo a licitación y que el Consell construya directamente las plantas, lo que podría suponer «un retraso de cuatro a cinco años», según el conseller de Medio Ambiente, Miguel Vericad. «Estamos en la etapa final. Veremos si empiezan directamente las obras, que es lo que esperamos, o si tenemos que comenzar de cero», asegura.
La UTE Giref ha presentado un proyecto de una planta de biometanización con unos costes más elevados (es «más grande y moderna» y supone «una reordenación del resto de las instalaciones del vertedero») que la proyectada en 2003, cuando se adjudicó la concesión. Vericad lo considera «lógico», puesto que la tecnología ha cambiado mucho». «Ahora es viable», indica el conseller.
De hecho, como inicialmente la biometanización era un sistema «pionero que se encontraba en fase de implementación y en algunas zonas causaba problemas», el Consell decidió en 2007 cambiarlo por el sistema de compostaje.
Sin embargo, el Consell Consultiu, a principios de 2017, emitió un dictamen en el que advertía de «la nula radicalidad» de la modificación del contrato, lo que obligó al actual gobierno del Consell a volver a las condiciones iniciales del contrato, con la planta de biometanización.
