Los ecologistas del GEN consideraron ayer, tras conocer la decisión del alcalde, que en realidad «deberían paralizarse todas las obras del complejo mientras no se restablezca la legalidad infringida». La vicepresidenta de la entidad, Neus Prats, denunció que «la Ley Turística permite sustraer estos proyectos de la participación pública y permite hace cualquier barbaridad sin ningún control por parte de las instituciones responsables». El GEN quiere que «se restablezca el perfil original del terreno» y recuerda que la promotora «anuncia un muelle para atracar embarcaciones». A pesar de que el Ayuntamiento ha defendido el proyecto realizado diciendo que son obras de reforma, «está claro que no son tales», según los ecologistas, que sostienen que se trata de un nuevo complejo que aumenta las dimensiones del anterior.
