Los planes especiales de protección de los centros históricos, los PEP, deberían estar tramitados y aprobados hace muchísimos años. Lo admitía el propio alcalde de Sant Josep, Agustinet, aunque a él le toca sólo una parte de la culpa. La ley de Patrimonio es de 1998 y en ella se decía que estos planes se debían incorporar a los ordenamientos urbanísticos municipales en un plazo que en la mayoría de casos se ha incumplido. «No sé por qué no se hizo, supongo que por desidia o desinterés» de los gobernantes que le han precedido en Sant Josep, subraya, aunque él espera disponer de este instrumento, siendo optimista, «en un año, en esta legislatura seguro».

Porque mientras no llegaba el PEP de los cinco templos declarados Bienes de Interés Cultural en el municipio (además de Sant Josep y Sant Jordi, los de sa Revista, Sant Francesc y Sant Agustí), lo que se hacía era enviar a la Comisión Insular de Patrimonio (y luego a la Ciotupha) cualquier solicitud de licencia pedida dentro de los 250 metros en torno a estos monumentos. «Y lo autorizaban o hacían recomendaciones en función de si les gustaba».

Pero Agustinet explica que la sentencia de Ca ses Castellones, en Formentera, supuso un «hito» para todos los municipios. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Balears obligaron a demoler un centro comercial que tenía el aval de la Ciotupha y dejaron claro en su fallo que, sin estos planes especiales «no se podía dar licencia para nada», recordó el alcalde, que ya tiene casi hechos los deberes.

Según explicó, «hace tiempo» que también están redactados los otros tres PEP que debe tramitar Sant Josep, a los que sólo les falta la evaluación ambiental estratégica, pero en los casos de sa Revista, Sant Agustí y Sant Francesc no se ha considerado necesario hacer un avance porque no se prevé la misma «complejidad» que en Sant Josep y Sant Jordi.

A pesar de ello, se llevarán a aprobación inicial prácticamente todos a la vez. En los tres casos menos problemáticos, el trámite ambiental se hará «simultáneamente» a la recogida de alegaciones para aprobarlos «más o menos al mismo tiempo».

Entonces se haría una información pública de estos documentos y, tras recibir alegaciones, se podrían llevar a aprobación provisional, pendiente de la ratificación del Consell, preceptiva para hacerla definitiva. La previsión, si se cumplen los plazos sin demoras indebidas, es que todo el trámite se pueda completar esta legislatura.

Agustinet recalcó que el gran cambio que supondrán estos documentos es que «se pone a la iglesia como el centro» de la población y se acomete el empeño de «estructurar» su entorno, recuperando como «ejes cívicos» los viales tradicionales. De hecho, en las normas subsidiarias de 1996, aún en vigor, «no hay dibujada ni una sola zona verde», por poner un ejemplo. «A ver cómo las conseguimos», añadió.