El pleno aprobó de forma inicial la ordenanza reguladora del informe de evaluación de edificios, con la que el Consistorio desea establecer la obligatoriedad de que todos los edificios de más de 50 años de antigüedad revisen su estructura y fachada, sean accesibles y mejoren su eficiencia energética. El edil de Urbanismo y Actividades, Mariano Juan, estima que hay alrededor de 40 edificios en el municipio susceptibles de tener que ser revisados el próximo año. Juan no detalló el coste de cada adaptación («hay libre mercado, cada uno pone el precio que quiere», alegó), pero será alto a tenor de la cuantía de las ayudas estatales: 500 euros para el informe y 9.000 para las obras. Cada año se publicará un censo de viviendas afectadas.
En el pleno también se aprobó definitivamente la ordenanza reguladora de la prohibición de acampada tras ser desestimadas las alegaciones presentadas por Guanyem, las únicas planteadas a esa ordenanza. Mientras el Consistorio defendió la absoluta prohibición, Guanyem criticó que se «criminalice a quien quiere estar en contacto con la naturaleza», según manifestó Mariano Torres. La edil de Turismo mostró imágenes de asentamientos («auténticos poblados») detectados este año en pleno bosque en los que había botellas de butano y acumulación de basura, potencialmente peligrosos tanto para la seguridad de los acampados como de esos entornos.
