El impuesto de turismo sostenible, la nueva versión de la ecotasa del primer pacto de gobierno de la izquierda, superó ayer la primera prueba en el Parlament balear y sigue viva, pese a las diferencias entre Podemos y los demás grupos de la izquierda que apoyan al Govern balear, tras tumbarse las enmiendas a la totalidad de devolución del tributo presentadas por PP y Ciudadanos.

Al final, la abstención de los tres diputados de Proposta per les Illes (PI) permitió a la izquierda seguir adelante con la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto. Podemos también optó por abstenerse, lo que le valió duros reproches de los grupos de la izquierda, en especial del diputado de Més per Menorca Josep Castells. Así, los partidos de la izquierda, sin la ayuda de Podemos, sumaron 24 apoyos, dos más que PP y Ciudadanos, en contra de la retirada del impuesto a las primeras de cambio.

Castells expresó su «decepción» por la actitud de sus socios políticos, a los que echó en cara que «se laven las manos» en este asunto. «Menos tacticismo y búsqueda del impacto mediático y sean más fieles con lo que querrían sus votantes. Dejen de jugar al gato y al ratón... No votar en contra de la enmienda a la totalidad del PP para mí sí es un fraude a la ciudadanía», dijo el diputado de Més per Menorca, en alusión a las declaraciones de hace unos días de la diputada de Podemos Laura Camargo en las que calificó el proyecto de ley de «fraude para los ciudadanos».

El diputado de Més per Mallorca David Abril defendió, por su parte, que el impuesto respeta «la letra y el espíritu del acuerdo por el cambio» suscrito con Podemos, al que pidió que «deje de usar la sostenibilidad para cuadrar cifras de reparto entre islas». «Espero amigos y amigas que la mayoría de la gente pueda sonreír [por la aprobación del impuesto] y no los Barceló, Escarrer, Fluxà y Matutes», agregó, en referencia a los grandes hoteleros de las islas.

El PSOE optó por mantener en un segundo plano las divergencias de la izquierda y se limitó a apuntar que queda «un camino por recorrer juntos» en la tramitación de las enmiendas parciales, para la aprobación de la ley.

El diputado ibicenco de Podemos Aitor Morrás justificó que su grupo no iba a votar en contra de la tramitación de la ley a pesar de que el impuesto no lleva su sello. «No es nuestra ecotasa y vamos a seguir negociando y velando por que se cumpla su espíritu real», dijo Morrás, al tiempo que advirtió de que si no cambia la situación, el acuerdo alcanzado al principio de la legislatura para aplicar una nueva ecotasa será «fallido».

«Claro que hay que hacer país»

Morrás insistió en uno de los principales asuntos que ha provocado el cisma en la izquierda: el reparto entre islas de la recaudación de la ecotasa. «Claro que hay que hacer país, pero cohesionando. Hay que reconocer y compensar, siendo solidarios, las carencias de las otras islas. Y no perjudicar a nadie. Somos el único partido con representación de varias islas que se atreve a plantear esto abiertamente», recordó.

Podemos defiende que el 30% de los proyectos que se financien con la ecotasa sean decididos por los ciudadanos a través de procesos de participación. También critica que la ley no deja claro lo que es «turismo sostenible» y echa en falta que, con los fondos del impuesto, no se prevean medidas contra el cambio climático y para mejorar la eficiencia energética, aparte de lamentar que «cualquier empleado de una cadena hotelera quede exento del pago de la ecotasa». «Han claudicado a las presiones externas de grupos económicos que se mueven como pez en el agua en pasillos y despachos», lanzó.

Asimismo, Morrás dijo que hace falta «valentía» y que la posición de su grupo «no es hacer ruido sino asegurar que los recursos que se obtengan se destinen al Medio Ambiente», a lo que agregó, casi a modo de conclusión: «Para que no haya desengaños, cuando se negocia con amigos o compañeros hay que escribirlo todo como si fuera con tu peor enemigo».

Por su parte, Josep Melià, diputado de PI, reconoció que existe «cierta urgencia» en la aprobación del tributo, precisamente por el déficit de financiación que padece Balears por parte del Estado. Pese a mantener con vida, gracias a su abstención, la tramitación del controvertido impuesto, el diputado advirtió de que, si en el siguiente paso, las enmiendas parciales de su grupo «no se reflejan en la ley», tendrán que votar en contra de su aprobación. Al igual que Podemos, el PI considera necesario que se establezcan «mecanismos para la distribución territorial» de la recaudación, pero no para compensar «la mala financiación de las islas, sino para que el sector vea que el impuesto sirve para mejorar el entorno de sus establecimientos y ser más competitivos. Se hace país con transparencia en la financiación», dijo, además de reclamar «consenso», la única manera de lograr que el impuesto tenga «recorrido y no sea un fracaso».

El grupo del PP insistió en que el impuesto es «discriminatorio» (ver página 5), ya que el 40% de la oferta turística, no reglada, no pagará la ecotasa. También dijo que la repercusión económica está «mal calculada», ya que el estudio solo consta de tres páginas, al tiempo que señaló que «dificultará» la negociación con el Estado por la mejora de la financiación. El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, defendió la oposición de su grupo en el hecho de que, entre otras cosas, la imposición de nuevos impuestos restan competitividad a las islas, además de la falta de consenso. «Han querido correr más de lo aconsejable», criticó.