El concejal de Movimiento Ciudadano EPIC, Antonio Villalonga, anunció ayer en el pleno que su formación tiene previsto recusar al secretario de la Corporación, Joaquín Roca, para que no informe sobre cuestiones referidas a la denuncia de la Fiscalía sobre el Cetis, ya que el jefe de los servicios jurídicos del Consistorio aparece en los documentos que motivaron la investigación por fraude, malversación, estafa y prevaricación en la licitación, adjudicación y ejecución de dicha infraestructura.
Cabe recordar que EPIC remitió a la Fiscalía un extenso informe en el que, según explicó el propio Villalonga, aparecen citadas más de 30 de personas entre las que habría miembros de distintas corporaciones municipales, funcionarios, empresarios, particulares y la concesionaria de la estación. No obstante, este partido siempre se ha negado a revelar los nombres y cargos de quienes aparecen en ese documento con el argumento de que es necesario proteger la presunción de inocencia. Ayer, sin embargo, tras haber conocido un informe de Roca que defiende que el Ayuntamiento se persone en esta causa como parte interesada (EPIC defiende que la institución debería ser parte perjudicada), Villalonga preguntó al secretario ante el pleno si su nombre aparece citado en el informe de la Fiscalía.
El jurista le pidió que no se dirigiera a él sino al pleno y la alcaldesa, a su vez, le animó a que hiciera esa pregunta por escrito. No obstante, Villalonga insistió asegurando que, de aparecer su nombre en dicho informe sobre la licitación del Cetis, Roca estaría actuando como juez y parte. El funcionario acabó admitiendo que su nombre es uno de los muchos que se citan en la denuncia: «Sí. El mío, el del interventor, el del arquitecto Mucha gente. Aquí nadie haría nada [si todos los mencionados dejan de informar]». La concejala Mar Sánchez consideró que el portavoz de EPIC estaba realizando «ataques personales contra el personal de la casa» y le pidió que, si no estaba de acuerdo con su informe, se limitara a hacerlo constar. El secretario animó al edil a recusarle si opinaba que debía abstenerse de informar sobre algo y Villalonga le tomó la palabra.
El edil reclamó también el informe de los servicios jurídicos y económicos del Consistorio sobre las 39 irregularidades en la adjudicación del Cetis que él mismo denunció en pleno y que se acordó que los técnicos realizaran en un plazo máximo de cuatro meses. Sánchez explicó que este plazo no expira hasta el próximo día 29 y aseguró que en esa fecha el informe estará listo y se entregará.
EPIC se interesó por el estado de los contenciosos que el Consell interpuso contra el Ayuntamiento por la estación de autobuses y volvió a exigir el acceso a la documentación relativa a estas causas, como viene haciendo desde hace más de un año. Sánchez le indicó que no se le podía facilitar el expediente por estar en custodia del secretario judicial, respuesta que no satisfizo al edil de la oposición. «No estamos pidiendo el expediente judicial, solo la documentación que obra en poder del Ayuntamiento», insistió.
Foro de debate sobre sa Penya
Por otra parte, la portavoz del equipo de gobierno, Lina Sansano, informó de que ayer se respondió desde el Consistorio a la resolución del Contencioso Administrativo que descartaba la entrada en las infraviviendas okupadas de sa Penya por falta de notificaciones y documentos en el expediente remitido por Vila. Sansano explicó que «ha habido un error» por parte del juzgado ya que el Consistorio aportó «seis kilos de documentación».
El PREF pedía que se consultara a las asociaciones vecinales y se abriera un foro de debate sobre el futuro del barrio. Sansano recordó que ya hay reuniones quincenales con técnicos y empresas de suministros sobre sa Penya, pero se mostró dispuesta a recibir sugerencias vecinales y se aprobó la creación de este foro de debate. Antes, Marc Costa recriminó el abandono del barrio en los últimos cuatro años y la falta de previsión por no haber redactado ya el proyecto de arquitectura de la UA27. Sansano respondió que no se puede redactar ese proyecto sin haber podido acceder a las viviendas para conocer su estado.
