Los cargos públicos y dirigentes del PP de Ibiza rehúsan criticar los errores cometidos por el Govern balear en su empeño por imponer el proyecto del Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), que ha sido anulado y suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), y se limitan a pedir que se abra «un diálogo» con los docentes para, lo «más importante», buscar una salida que «no afecte a los alumnos». Solo el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí ´Carraca´, se sale un poco de la línea oficial de su partido al asegurar que el conocimiento del inglés es «necesario a día de hoy», pero «las cosas no se pueden hacer entrar por la fuerza». «Por eso, siempre había apostado por el diálogo», subrayó.

Ninguno de los populares consultados por este diario pide la dimisión de la consellera de Educación, Joana Maria Camps, después del varapalo que ha sufrido el proyecto estrella del Govern de Bauzá y las posibles consecuencias que puede suponer su anulación y suspensión con el curso empezado.

El presidente del Consell y del PP de Ibiza, Vicent Serra, sostiene que la «situación jurídica» es «complicada» y no sabe cómo acabará. «Estamos en un bucle jurídico que es difícil de desenredar», añadió. Por ello, señaló que, aparte de resolver el problema jurídico, «también hará falta un diálogo [con la comunidad educativa] que el Consell siempre ha pedido». «Se ha de negociar para que los alumnos tengan un curso normal y no se pierda la calidad de la enseñanza», recalcó.

Serra se alinea con la tesis del Govern y destaca que «los errores» en la tramitación del TIL que han llevado al TSJB a anularlo son de «forma» (no contar con el informe de la UIB). «La sentencia no ataca el TIL. Todos estamos de acuerdo en el trilingüismo. La mayoría lo quiere. Se puede implantar de forma normalizada», indicó.

Su número 2 en el PP, la secretaria general insular y alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, opta por mirar hacia otro lado y, a través de una portavoz, se limitó ayer a decir lo siguiente: «Es un tema sobre el que no se pueden hacer más declaraciones porque está en los tribunales y el Govern acatará lo que tenga que acatar». También decidió escurrir el bulto la diputada Virtudes Marí: «De este tema no tengo nada que decir». ¿Por qué? «No quiero», respondió, al tiempo que puntualizó que la diputada Carolina Torres, con la que ayer este diario no pudo contactar, es la que lleva los asuntos de Educación.

Por su parte, la consellera insular de Educación y Cultura, Pepita Costa, apunta que las sentencias «hay que acatarlas» y pese a su defensa del trilingüismo, admite, como no podía ser de otra manera, que «el Govern no lo ha hecho todo perfecto». Así, señala que el Ejecutivo autónomo se debe «replantear» la situación y «buscar consenso». «Lo más importante es que el curso sea normal para los alumnos. Habrá que mirar cuál es la mejor forma para aplicar el trilingüismo», reiteró. Al igual que el resto de sus compañeros, no quiso pronunciarse sobre si Camps debería dejar su cargo: «Es un tema personal que le corresponde decidir a ella o al Govern. No soy nadie para pronunciarme sobre ello».

En los mismos términos se manifiesta el alcalde de Sant Joan y conseller insular de Agricultura, Antoni Marí ´Carraca´, que añade: «No voy a alabar posturas pero tampoco pediré dimisiones». Marí considera que «todas las partes han tensado un poco mucho la situación». Marí defiende que se tiene que seguir «apostando» por el trilingüismo, aunque dijo desconocer si debe ser con «el modelo actual u otro».

El presidente del PP de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, insta al Govern a «ponerse a negociar de inmediato» y «hablar con toda la gente implicada». Pantaleoni considera que «lo correcto» sería aplicar este curso «lo previsto», pero puntualiza que desconoce «los vericuetos legales».