Por lo poco que ha trascendido de las declaraciones realizadas ayer, parece que la estrategia de la defensa de Sánchez-Jáuregui apunta hacia una falta de lealtad por parte de la interventora y el entonces concejal de Hacienda, quien no mantenía una buena relación con la alcaldesa. Algunas fuentes judiciales señalan que el letrado de la única imputada, Eduardo Valdivia, fue muy incisivo al interrogar a Daura y a la interventora municipal. Valdivia ha defendido con anterioridad a varios cargos del PP en Ibiza, como el exalcalde de Sant Josep José Serra; el exalcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur y la exconcejala de Urbanismo Blanca Castiella. Algunos de los presentes aseguran que el defensor realizó preguntas «concretas e insistentes», hasta el punto de que el magistrado tuvo que indicarle en algunas ocasiones que el interrogado ya había respondido a esa cuestión e incluso se le llamó la atención por su agresividad en las formas. Otros testigos, en cambio, entienden que el único objetivo del defensor era persuadir al juez de que no existe un delito de prevaricación, pero en ningún caso derivar las culpas hacia otros cargos o empleados municipales. La fiscal y el juez, más centrados en preguntas de carácter técnico, insistieron en dilucidar, por ejemplo, si Sánchez-Jáuregui siguió reuniéndose con el propietario del grupo de comunicación después de que se adoptara el acuerdo verbal o si se preocupó de supervisar que los supuestos anuncios pactados se publicaran. La exalcaldesa, que mantiene el acta de concejala y forma parte ahora de la oposición, llegó a los juzgados sonriente y aseguró sentirse «tranquila». Abandonó el lugar con la misma sonrisa a pesar de que, si prospera la acusación de prevaricación, podría quedar inhabilitada para empleo o cargo público durante un periodo que puede oscilar entre siete y diez años.
