La noticia de que las administraciones han abandonado definitivamente la posibilidad de comprar s'Espalmador, que cambiará próximamente de propietarios, no ha generado demasiada controversia por parte de los partidos políticos ni de los ecologistas del GEN-GOB. Populares, socialistas, Podemos y ecologistas aluden al elevado nivel de protección normativa del que goza el islote para concluir que, aunque el escenario perfecto hubiera sido que la zona pasara a manos públicas, el cambio de titularidad privada no debe representar, en principio, ningún problema.
Así lo expresaba ayer el secretario general del PSOE de Formentera, Rafael Ramírez, quien recordaba la «amplia protección que tiene s'Espalmador», antes de añadir: «Por desgracia, ni el Govern ni el Consell insular tenían presupuesto para asumir el coste del islote».
Debido a esta normativa que protege el delicado ecosistema del lugar, «entendemos que no se cometerán actividades que puedan ser dañinas para el medioambiente», opinó Ramírez. El dirigente también aludió a la «mala financiación de Balears por parte del Estado», que ha impedido al Govern y al Consell asumir el coste de la isla. «Se solicitó al Gobierno central y al europeo que aportasen una parte para comprar s'Espalmador entre las diferentes administraciones», recordó. «Ante la ausencia de respuesta, no se ha podido conseguir que la isla pasase a ser de propiedad pública», se lamentó, para concluir: «De todas maneras, las administraciones estarán vigilantes para que no se realice ninguna actividad prohibida» por la normativa legal.
Poca información
Poca información
Por su parte, el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, recordó que su partido fue el primero que instó a las entidades públicas a buscar financiación para comprar la isla. «Desde entonces -aseguró- hemos tenido muy poca, por no decir ninguna, información sobre el tema, y esta noticia de Diario de Ibiza nos llega de sorpresa porque no hemos sido informados de los pasos que se daban».
El popular admitió: «Era una oportunidad, pero hay que ser realistas y tampoco podíamos tirar la casa por la ventana por un sitio que está superprotegido». «El problema es que las administraciones no hacen esta protección efectiva», criticó.
Tras recordar que «el PP fue quien hizo efectiva la compra de las dos únicas fincas públicas que hay en Formentera, Can Marroig y sa Tanca d'Allà dins», Alcaraz aseguró que «como no tenemos información, no sabemos cuáles han sido los pasos del presidente del Consell para lograr la compra, tampoco hemos visto demasiado interés».
Respecto a la ayuda que se solicitó al Gobierno y a la UE, aseguró: «Con nosotros no han contado para obtener la ayuda de otras administraciones, no sabemos si lo que se cuenta es así o no». «Sí sabemos que han preferido comprar sa Seineta sin consultar con el resto de partidos y han evitado participar en la compra de s'Espalmador», concluyó.
A la espera del nuevo dueño
A la espera del nuevo dueño
Los ecologistas del GEN-GOB también consideran que la compra del islote no era imprescindible y se declaran a la espera de conocer las intenciones del nuevo propietario para la isla. «Entendemos que es un lugar con mucho interés, valdría la pena que fuese público, pero también entendemos que el dinero disponible para conservaciones es limitado y que tampoco es imprescindible que el islote sea público», declaró ayer Joan Carles Palerm, presidente de la entidad ecologista. «Lo importante es conseguir que la gestión que realice el nuevo propietario sea de acuerdo con lo que marca el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y, si es así, no habrá problemas», consideró Palerm.
En cuanto a la formación Podemos, su diputado en el Parlament, Aitor Morrás, criticó la inacción del Gobierno. «Es una tragedia que el Gobierno se despreocupe de la protección de los espacios naturales de Balears en general y de Formentera en particular», declaró el diputado.
«No nos parece bien que el Estado no haya accedido a participar en la compra de s'Espalmador, aunque entendemos que tanto el Consell como el Govern van a ser capaces de mantener protegido ese espacio como corresponde al nivel de protección que tiene, para evitar que sufra agresiones medioambientales». Aitor Morrás concluyó: «Confiamos en la diligencia de ambas administraciones».
