"Buenos días, le llamo del juzgado de Barcelona. Le adelanto que tiene un grave problema judicial". Así empezaba la llamada que Yolanda recibía el mediodía del 3 de julio del año pasado. En realidad no era ningún juzgado quien la llamaba, era una empresa de recobro de facturas impagadas de Endesa, DPS Consulting . Un juzgado de Barcelona está investigando a esta empleada, a la empresa y a dos directivos más para determinar si coaccionaban y amenazaban con falsedades para cobrar esas deudas. Sin empleo, y con un niño a su cargo, Yolanda tenía derecho a tener corriente en casa porque está protegida por ley. Endesa dice que si el caso termina con condena, y se demuestra que esta mala praxis era un 'modus operandi', dejarán de colaborar con ellos.
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Pobreza