Desde hoy, la Audiencia Nacional acoge un nuevo juicio por el caso Gurtel. Esta vez, centrado en la presunta vinculación de la trama corrupta con el PP de Boadilla. 12 de los imputados, empresarios y políticos, han reconocido sobornos y amaños de contratos públicos para conseguir rebajas de las condenas.

Algunos de los gastos que las campañas electorales de 2003, 2004 y 2007, como parte de su cartelería, la moqueta de alguna oficina o eventos en hoteles, fueron abonadas por empresas que previamente habían obtenido contratos a dedo del ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que eleva a 204.000 euros el dinero con el que se benefició el PP solo del ayuntamiento de Boadilla. Y así lo reconocen los principales protagonistas de que aquellos hechos, hoy en el banquillo de los acusados.

Hasta el momento, 12 de los 26 acusados han reconocido su culpa. Empresarios como Francisco Correa, Pablo Crespo o el constructor Alfonso García Pozuelo han admitido que entre 2001 y 2008 sobornaron a los principales responsables municipales de Boadilla del Monte. Varios millones de euros tanto en metálico y como en regalos que abrieron la puerta para que políticos como el exalcalde Arturo González Panero, Jacobo Gordon o Alfonso Bosch facilitaran esas adjudicaciones irregulares.

La Fiscalía eleva a más de cuatro millones de euros los ingresos irregulares de Francisco Correa y a casi dos millones los de González Panero y nuevamente vuelve a acusar al Partido Popular de generar ingresos en dinero negro.