La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que asegura la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y familiares, enfrenta una de sus mayores crisis en 50 años. El modelo, que permite a los mutualistas elegir entre atención privada o pública, está en jaque tras la negativa de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV a renovar su convenio con el Estado bajo las condiciones económicas actuales. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los afectados, mientras el Gobierno busca soluciones contrarreloj.