El Gobierno catalán ha creado un fondo de diez millones de euros para cubrir los pagos que el Tribunal de Cuentas exige a altos y ex altos cargos de la Generalitat por el gasto que supuso la promoción internacional del ‘procés’. Se trata de un aval para pagar la fianza de casi cinco millones y medio de euros impuesta, entre otros, a Artur Mas, Oriol Junqueras o Puigdemont. El PP ha anunciado que solicitará la inhabilitación de quien lo apruebe y el Gobierno asegura que, como todo acuerdo autonómico, pasará por el filtro de la legalidad, aunque evita valorarlo hasta no conocer su contenido.