¿Pone en riesgo la vida de los animales el sistema de control de antibióticos?

El Real Decreto 666/2023, en vigor desde el pasado 2 de enero, ha abierto un frente inesperado entre el Gobierno y los veterinarios de toda España. La norma, que obliga a los profesionales a comunicar a través del sistema PRESVET todas las prescripciones de antibióticos para pequeños animales, se presentó como un paso decisivo en la lucha contra las resistencias antimicrobianas. Sin embargo, para buena parte del sector se ha convertido en una traba burocrática que compromete la práctica clínica, retrasa tratamientos urgentes y encarece la atención a las mascotas.

¿Por qué protestan los veterinarios?

Lo que para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es una herramienta de control y vigilancia sanitaria, para los clínicos supone un corsé que amenaza con dañar tanto a pacientes como a propietarios. El malestar se ha materializado en protestas en diferentes ciudades, con cierres simbólicos de clínicas y campañas de recogida de firmas en plataformas como Change.org, que han acumulado decenas de miles de apoyos.

¿Qué es PRESVET?

PRESVET es el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos. Nació en el ámbito de la ganadería intensiva, donde desde hace años se exige un registro detallado de todos los tratamientos para animales de producción. El RD 666/2023 extiende ahora esa obligación a los animales de compañía, lo que implica que cada receta de antibióticos emitida en una clínica debe notificarse al sistema centralizado.

El veterinario no solo debe introducir los datos del paciente y del medicamento, sino que en muchos casos la norma exige una prueba de laboratorio previa para justificar el uso de un antibiótico concreto. Esto responde al marco europeo fijado por el Reglamento 2019/6, que persigue garantizar un uso prudente de estos fármacos y frenar el desarrollo de resistencias. De hecho, la Agencia Europea de Medicamentos establece desde 2017 un esquema de clasificación de antibióticos en cuatro grupos (de la A a la D) que determina en qué orden pueden usarse. En la práctica, esto significa que los veterinarios deben agotar primero las alternativas más básicas antes de poder acceder a las de uso restringido, salvo que cuenten con pruebas documentadas que justifiquen lo contrario.

Multas de hasta 1,2 millones de euros

Además, la norma endurece el régimen sancionador. Las infracciones leves, antes castigadas con multas de entre 600 y 3.000 euros, pasan a considerarse graves o muy graves, con sanciones que pueden llegar al 1,2 millones de euros. Incluso se establece un sistema de acumulación que puede disparar las penalizaciones: dos faltas leves en dos años se convierten en una grave, y dos graves en el mismo periodo se transforman en una muy grave.

Las demandas de los veterinarios

Los profesionales no cuestionan la importancia de combatir las resistencias antimicrobianas, pero insisten en que la forma elegida para hacerlo es ineficaz y dañina. Muchos veterinarios dedican entre dos y tres horas diarias a registrar recetas en PRESVET, según testimonios recogidos por este diario. Para muchos, este tiempo invertido en papeleo supone dejar de atender a pacientes o reducir la calidad del servicio que pueden ofrecer.

Otro motivo de queja son los retrasos en tratamientos urgentes, donde cada minuto cuenta. La obligación de pruebas de laboratorio y trámites telemáticos puede impedir una actuación inmediata. El caso de Selva, una perra de nueve años que falleció en Galicia tras una mordedura por no poder recibir a tiempo un antibiótico más potente, es bandera de la protesta. Los veterinarios denuncian que situaciones como esta no son anecdóticas y que se repetirán con mayor frecuencia si no se flexibiliza la normativa.

También denuncian que los costes de las pruebas necesarias para justificar determinadas prescripciones encarecen los tratamientos. Cuando los dueños no pueden asumir esos gastos, las mascotas quedan sin la medicación adecuada. En algunos casos, explican, se opta por terapias más baratas, pero menos efectivas, lo que alarga el sufrimiento del animal y puede derivar en complicaciones posteriores. A ello se suma la crítica de que el sistema anula su criterio profesional. Desde asociaciones como Veterinarios Unidos, según recogió Diario de Ibiza en un artículo el pasado mes de febrero, se insiste en que los clínicos son profesionales sanitarios directamente comprometidos con la salud pública y que su interés es precisamente garantizar el buen uso de los antibióticos. Sin embargo, consideran que la normativa actual les impide ejercer esa responsabilidad con eficacia.

Otro efecto indirecto es el riesgo de aumento del abandono animal. Si los tratamientos se encarecen por pruebas obligatorias o retrasos, algunos propietarios podrían optar por no tratar a sus mascotas o incluso entregarlas en refugios. También preocupa la limitación en la prescripción de antibióticos de uso humano. La normativa obliga a agotar antes las opciones de uso veterinario, incluso cuando el clínico sabe que un antibiótico humano es más eficaz y seguro en un caso concreto. Para los veterinarios, se trata de una restricción que pone en riesgo a los animales y que desconoce la realidad diaria de las consultas.

La visión del Gobierno

Por su parte, el Ministerio de Agricultura sostiene que la medida es imprescindible para armonizar la legislación española con la europea y reforzar el control de antibióticos. España es uno de los países de la UE con mayor consumo de estos medicamentos en veterinaria y la Comisión Europea exige medidas firmes. El MAPA subraya que no se trata de cuestionar el trabajo de los veterinarios, sino de dotar al país de un sistema de trazabilidad que permita conocer con precisión cuántos antibióticos se usan, en qué animales y con qué frecuencia.

Desde el Ministerio recuerdan que las resistencias antimicrobianas son una de las principales amenazas sanitarias a nivel global, responsables de 35.000 muertes anuales en Europa según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Añaden que el sistema no pretende retrasar tratamientos, sino garantizar que se utilizan los antibióticos adecuados en cada situación. Para ello, consideran fundamental que las decisiones estén acompañadas de pruebas diagnósticas que reduzcan al mínimo el riesgo de un uso inapropiado.

Los veterinarios insisten en que no se oponen al control, sino a la rigidez del sistema. Piden simplificar el modelo telemático para que no reste horas de atención clínica. Quieren que la aplicación funcione de forma automática, que se integren los programas de gestión de las clínicas y que el proceso sea casi invisible para el profesional. Reclaman también que se confíe en el criterio clínico, con la posibilidad de prescribir y dispensar tratamientos completos sin necesidad de acudir a farmacias, como ocurre en países como Alemania, Francia o Reino Unido.

Al mismo tiempo plantean pasar a depender del Ministerio de Sanidad, al considerarse profesionales de la salud en el mismo nivel que médicos y farmacéuticos. Según explican, su dependencia del Ministerio de Agricultura ha hecho que históricamente se les vea como parte del sector agrario más que como sanitarios, lo que consideran una injusticia que resta reconocimiento en las decisiones regulatorias.

Otra de sus reclamaciones es la reducción del IVA veterinario, que se mantiene en el 21% frente al 10% previo a 2012, lo que encarece todos los servicios.

El debate sobre el RD 666/2023 revela el difícil equilibrio entre salud pública y viabilidad clínica. Nadie discute que las resistencias antimicrobianas son un problema de primera magnitud, pero el modo en que se implante su control puede marcar la diferencia entre salvar o perder una vida animal.

El resultado, de momento, es un conflicto abierto que afecta tanto a profesionales como a propietarios y que pone a las mascotas en el centro de una batalla normativa donde la burocracia y la salud chocan de frente.