El Ministerio del Interior ha registrado un aumento del 32% en los ciberdelitos en 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19 en la que también se contabilizaron 861 ataques a infraestructuras críticas, lo que representa un 5,26% más que en el año anterior.

Los datos constan en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad, que detalla los 287.963 ciberdelitos en 2020 y que este tipo de delincuencia aumenta su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad, al suponer ya el 16,3% del total de delitos penales. Los fraudes informáticos fueron los delitos más frecuentes (89,6%), a mucha distancia de las amenazas y coacciones, que representaron el 4,9%.

"Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad", señala Interior.

En 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6% del total de los delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3%.

Perfil de los delincuentes

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva.

Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.