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Investigación

80 víctimas de trata liberadas y 7 detenidos: así operaba la red de "semiesclavitud" de Castellón

La investigación destapa un entramado criminal que utilizaba empresas legales para ocultar el horror en el campo: "Trabajaban casi 13 horas diarias, sin descanso y sin apenas remuneración"

Cae el matrimonio que esclavizaba a 80 personas en el campo valenciano: "Los tenían en condiciones inhumanas"

Cae el matrimonio que esclavizaba a 80 personas en el campo valenciano: "Los tenían en condiciones inhumanas" / Guardia Civil

Rafael Fabián

La Guardia Civil ha destapado una organización criminal asentada en Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En el marco de la Operación 'Balarama', los agentes han liberado a 80 personas en situación de extrema vulnerabilidad que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz. Han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación: desde la captación en países extranjeros hasta su sometimiento en el sector agrícola bajo condiciones de semiesclavitud.

Las víctimas, en su mayoría hombres de entre 20 y 35 años en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. La red los captaba en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones atractivas en España, incluyendo salarios dignos, alojamiento y manutención.

Una vez aceptaban la oferta, eran trasladados a nuestro país —en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal—, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos mínimos de habitabilidad y careciendo incluso de suministros básicos como agua o electricidad.

Jornadas de 13 horas y control por miedo

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, con turnos de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención.

Además, los trabajadores carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su desprotección. El control sobre ellos se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas, generando un clima de miedo constante para dificultar cualquier intento de huida.

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil.

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil. / Mediterráneo

La investigación, desarrollada durante meses por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo, ha permitido desarticular una estructura jerarquizada. Mientras unos integrantes captaban a las víctimas en origen, otros gestionaban traslados y un tercer grupo controlaba la explotación y recaudaba los beneficios.

Los cabecillas de la red eran un matrimonio de origen pakistaní que utilizaba empresas y estructuras legales para dar apariencia de licitud a la actividad, beneficiándose del impago de salarios y eludiendo obligaciones con la Seguridad Social. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y el Alto Palancia de Castellón, así como en el Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord en Valencia. El asentamiento principal se situaba en Nules, donde las víctimas se repartían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio detenido.

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil.

Imagen de la operación facilitada por la Guardia Civil. / Mediterráneo

Resultado de la operación

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros domiciliarios, resultando en la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas (77 hombres y 3 mujeres). Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos. La operación ha contado con la colaboración de Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, que han velado por la protección y atención inmediata de los liberados.

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