El abogado de la menor detenida por la muerte de la educadora social de Badajoz: "Ella no participó en el homicidio"

"Ella no participó en el homicidio; ella tenía planeado fugarse y no ha huido de los hechos, se ha fugado". Es lo que afirma la defensa de la adolescente de 17 años detenida, junto a otros dos menores de 14 y 15 años, por la muerte de la educadora social Belén Cortés Flor, que fue golpeada brutalmente y estrangulada con un cinturón el pasado domingo en el piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz en el que los tres residían y la fallecida trabajaba.

Tras su detención en Mérida horas después del crimen, los tres menores fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Badajoz (no consta que allí prestaran declaración) y posteriormente, a los juzgados. 

Declaración ante el fiscal

Los tres declararon ante el fiscal de Menores, que solicitó, con la adhesión de la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, su internamiento cautelar en régimen cerrado en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, como así decretó el Juzgado de Instrucción número 1 (que era el que estaba de guardia el lunes y que ya se ha inhibido en favor del de Menores). A los tres se les imputan los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial.

Pero será durante la instrucción de la causa cuando se determine la implicación de cada uno de ellos en estos terribles hechos, según explica el abogado de la menor de 17 años, Leopoldo Torrado, que no revela lo que declararon ni su clienta ni los otros dos investigados al tratarse de menores y de actuaciones "reservadas". 

"Es un tema muy delicado", advierte el letrado, quien pide que se respete la presunción de inocencia «especialmente de mi representada», como establecen la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Española, la Declaración de Derechos Humanos. "Tiene que preservarse la presunción de inocencia, es necesario un juicio y determinar la culpabilidad con arreglo a la ley y con todas las garantías de defensa", insiste el abogado. 

De esta adolescente no han trascendido los motivos por los que residía en el piso de cumplimiento de medidas judiciales de la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana, junto a los otros dos detenidos -de los que sí se conoce que tenían antecedentes por diferentes delitos- y otro menor más, que fue quién salió corriendo a otra vivienda similar que hay en las proximidades y alertó de lo sucedido.

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor exige que el juicio se celebre cuanto antes cuando hay un internamiento preventivo, por lo que se prevé que sea señalado para dentro de solo unos meses.

Como solo han prestado declaración ante la Fiscalía de Menores, lo previsible es que vuelvan a ser citados para hacerlo en el Juzgado de Menores. 

Ahora el procedimiento judicial continuará con la instrucción de las diligencias previas en esta instancia, tras lo que se presentarán los escritos de acusación del ministerio público y la acusación particular y los de defensa, cuando se dicte el auto correspondiente. Lo siguiente será señalar la fecha del juicio y que se celebre. "Probablemente, dentro de tres o cuatro meses se celebre el juicio, seis como mucho". 

Asesinato

Por su parte, el abogado de la familia educadora fallecida, en declaraciones a Efe, explica que el propio atestado de la Policía Nacional permite iniciar de oficio el procedimiento, pero la familia ya se ha personado para ejercer las acciones penales como acusación particular por un delito de asesinato, más allá de otros de amenazas, robo con violencia e intimidación que determine la investigación, que también aclarará el grado de implicación de cada menor en los hechos.

Con la actual Ley del Menor, si son juzgados por asesinato, se enfrentarían a un máximo de cinco años de internamiento en régimen cerrado, además de las penas que puedan acumular por los otros delitos. "Esta es la realidad. La familia respeta las leyes y el Estado de derecho, pero si al final es ese el resultado, su pretensión es que estas penas se modifiquen y se amplíen para que la ciudadanía tenga una mayor seguridad jurídica", indica Montaño.

En cuanto a las posibles responsabilidades civiles, que determinará la instrucción, considera que está claro que cuando alguien muere en su puesto de trabajo "sin actuación negligente o temeraria" es porque ha habido fallos. En este sentido, el letrado insiste en que "había denuncias previas, incidencias y conocimiento por parte de todas las administraciones de lo que estaba ocurriendo" tanto en relación con los menores implicados en el crimen como con otros.

Letrados de Mérida y Olivenza

Los tres menores están defendidos por abogados de oficio asignados por el Colegio Oficial de Abogados de Badajoz, pero son de partidos judiciales distintos al de la ciudad, en concreto de Mérida y Olivenza.

El motivo, según explica el decano del colegio, Ildefonso Seller, no es que los de Badajoz no hayan querido hacerse cargo de la defensa, sino que para evitar que se produzcan sucesivas renuncias por la alta probabilidad de que existan intereses de parte o se conozca a personas vinculadas a lo sucedido, en este tipo de casos "tan mediáticos", se recurre a compañeros de guardia en partidos judiciales adyacentes a los lugares de los hechos.

"Esto se hace siempre, es lo habitual y no algo excepcional", afirma el decano, sobre quien recae la potestad de autorizar las renuncias de los abogados, basándose en la Ley de la Justicia Gratuita, que establece que debe existir una "causa justa" para inhibirse.