Narcotráfico

La Audiencia Nacional condena a los 'Miami' a penas de hasta 5 años y medio y multas de 85 millones

La Sala impone la pena más alta de cinco años y medio de cárcel a David Martínez García por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y falsedad documental

El juicio a los Miami.

El juicio a los Miami.

Ángeles Vázquez

El juicio de 'los Miami', en el que la Audiencia Nacional juzgó a 81 personas por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda pública, tenencia ilícita de armas, receptación y falsificación de moneda, se ha saldado con penas de entre 10 meses y cinco años y medio de prisión y multas cercanas a los 85 millones de euros.

En su sentencia, de 271 páginas, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de cárcel a Ana María Cameno, alias 'Pollito', por delitos contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal como jefa, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La Sala aplica a todos los condenados la atenuante simple de dilación indebida y a ella y a los cerca de 60 acusados que reconocieron los hechos, otra muy cualificada de confesión y colaboración con la Administración de Justicia.

La Audiencia, además, condena a Artemio López Tardón a tres años de cárcel y multas cercanas a los 85 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales proveniente del tráfico de sustancias estupefacientes, contra la Hacienda pública y falsedad documental. En cambio, le absuelve del delito contra la salud pública que causa grave daño en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización en grado de jefatura del que también le acusaba la Fiscalía Antidroga. La Sala impone la pena más alta de cinco años y medio de cárcel a David Martínez García por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y falsedad documental.

Ni proveedores ni cantidad de droga

La sentencia declara probado que en la década de 2000 a 2010 integrantes de una organización criminal radicada en Sudamérica destinada a la introducción de ingentes cantidades de cocaína en Europa, a través de España, se pusieron en contacto con individuos asentados en España, “sin que se haya logrado conocer la identidad de los proveedores de la cocaína ni la de sus destinatarios, la cantidad introducida, cómo y cuándo se introdujo, cómo y quién la distribuyó, cuantos viajes se realizaron ni, en definitiva, cómo se llevó a cabo esa importación”.   

Los magistrados consideran que pese al conjunto de evidencias constatadas de esa importación masiva de cocaína procedente de Sudamérica, no hay prueba suficiente de cargo para considerar autores de la misma a las personas contra las que se ha dirigido la acusación, como Artemio López Tardón y otros acusados. No obstante, sí considera acreditado que, "conocedores de esa masiva llegada de cocaína a España, llevaron a cabo diversas operaciones de comercio que permitieron la introducción de los beneficios obtenidos por la venta y distribución de la cocaína importada en el tráfico jurídico mercantil".

Pese a desconocer quiénes fueron los suministradores y los importadores de cocaína, las investigaciones permitieron descubrir (al menos en la segunda mitad de la década) quiénes, del lado español, mantenían continuos contactos con ellos. Se trata de Ana María Cameno, incondicionalmente apoyada y seguida por David Vela Narro y Raúl y Victor Juárez Smith y Laurentino Sánchez Serrano (los tres colombianos de origen).

De forma colegiada estaban al tanto de los pormenores de las negociaciones en cada momento, al igual que sucedía con respecto a los hermanos Néstor Mario y Carlos Mauricio Gutierrez Ramírez, que, aunque no llegaran a liderar la organización, mantenían contactos con los proveedores y coadyuvaban al buen fin del negocio ilícito.

Dilaciones indebidas

El tribunal rechaza la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada por la complejidad de la causa, en la que han llegado a estar más de 400 personas investigadas, contar con diligencias procedentes de juzgados de toda España, así como que los enjuiciados residan fuera de España, lo que dio lugar a la expedición de numerosas comisiones rogatorias y solicitudes de extradición.

Todo ello, agrega, “unido a la gravedad de los hechos", la paralización motivada por "la pandemia, la existencia de otros señalamientos preferentes o la falta de disponibilidad de una sala apropiada con espacio suficiente para unas 200 personas (entre tribunal, acusados, acusados, letrados, fiscalía y público)”.