El castillo hinchable de Mislata en cuyo siniestro murieron el pasado 4 de enero dos niñas de 4 y 8 años, Vera y Cayetana, y resultaron heridos otros nueve, estuvo en marcha durante un mes, del 3 de diciembre al día del accidente, pese a que no había una licencia de actividad tramitada como tal por el Ayuntamiento de Mislata. Así lo ha admitido el consistorio, para el castillo y para el resto de atracciones montadas en la Feria de Navidad, en un escrito dirigido a la jueza de Instrucción número 4 de Mislata, que, junto con el fiscal y la Policía Nacional, investiga el accidente desde el inicio.

Ese reconocimiento, con una justificación un tanto peregrina, no se ha producido hasta la segunda vez que la jueza ha pedido ese expediente al ayuntamiento. De hecho, el 15 de septiembre, la magistrada, ante la falta de una respuesta concreta, se puso seria con el consistorio mislatero y le dio cinco días para que remitiese "copia testimoniada del expediente relativo a la tramitación de la ‘licencia de actividad del recinto ferial de Navidad’, del Servicio de Industria, a la que se hace mención en la resolución de Alcaldía de 1 de diciembre de 2021".

El juzgado ya había pedido en mayo esa documentación, así como la relativa al permiso para ocupar de la vía pública. Este último es necesario para, como su propio nombre indica, hacer uso de un espacio público para desarrollar una actividad privada –desde un puesto de venta ambulante, por ejemplo, a una mudanza o la terraza de un bar–, mientras que el primero, el de la licencia de actividad, es imprescindible y obligatorio para que cualquier negocio pueda ponerse en marcha en cualquier término municipal.

Solo el accidente paró la feria

Sin embargo, nadie lo detectó ni paró la feria hasta que, el 4 de enero, el siniestro mortal obligó a detenerla, aunque, según se desprende de las declaraciones de testigos tomadas por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, primero, y por la jueza, después, por el recinto ferial pasaron tanto agentes de la Policía Local como miembros de la corporación.

Finalmente, el ayuntamiento contestó al requerimiento judicial del 15 de septiembre, en el que solo se pedía el expediente de tramitación de la licencia de actividad, dado que el de ocupación pública no solo estaba debidamente cumplimentado por el ayuntamiento, si no que además ya había sido aportado a la causa. 

La respuesta del consistorio llegó a finales de septiembre. En ella le dice a la magistrada que ya en julio habían aportado el expediente de ocupación de vía pública, así como un "informe de la jefa de Servicio de Urbanismo e Industria" en el que indicaba que "no consta un expediente de licencia de actividad del recinto ferial de navidad [sic] con tal denominación", para a continuación decir que la de actividad se entendía autorizada a partir de la resolución de Alcaldía que daba el visto bueno al expediente de ocupación.

Así, afirma que "el expediente de ocupación [...] de la Plaza de la Libertad de Mislata", que les daba permiso para instalar las atracciones entre los días 3 de diciembre de 2021 y 16 de enero de 2022, "es la que faculta y regula la realización de la actuación del uso de la vía pública a desarrollar en el indicado lugar", esta última frase, destacada en tipografía negrita. En otras palabras, le dicen a la jueza que con un solo expediente, el de la mera ocupación, se cubría el del desarrollo de la actividad.

Y concluye: "En consecuencia, no puede remitirse ningún expediente que se corresponda con el requerimiento recibido, dada la inexistencia de un expediente distinto del señalado de ocupación de la vía pública (...) con la denominación autónoma (también en negrita) de licencia de actividad del recinto ferial de navidad".

Señala a la empresa y al Consell

Antes de eso, el funcionario que firma electrónicamente la respuesta al juzgado, señala a los feriantes y al ingeniero contratado por estos –tres de los cuatro investigados hasta ahora en la causa; el cuarto es el ingeniero municipal–, alegando que "todo ello sin perjuicio de la correspondiente tramitación llevada a cabo con declaración responsable de la empresa instaladora y para cada uno de los puestos de atracciones".

En ese sentido, el funcionario pone el acento en que fue ese ingeniero de parte, sobre quien el juzgado está investigando si supervisó la feria en persona, como afirmó, o si lo hizo a distancia, como indica la posición de su teléfono móvil en esos días, quien certificó que la instalación y el montaje se harían "con todas las medidas de seguridad exigibles" y con garantía de "solidez, resistencia, estabilidad y seguridad".

Y, por si a la jueza no le quedaba clara la postura del Ayuntamiento de Mislata, remacha apuntando hacia el Consell. Así, le incluye tres artículos del decreto del Govern del Botànic de septiembre de 2015 que aprueba el reglamento que desarrolla la ley de espectáculos de 2010, precisamente aquellos que hablan de que son las empresas las encargadas de presentar ante los ayuntamientos una declaración responsable de que cumplen con la normativa, así como el certificado final de montaje