El Tribunal Supremo no solo está revisando en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' las sentencias condenatoria que ya están en fase de ejecución, con el violador cumpliendo la pena en prisión, si no también aquellas que están sobre su mesa, pendientes de recurso. Es el caso, por ejemplo, de Sergio T. T., un profesor de repaso y dueño de la academia donde ejercía como docente, que fue condenado por la Audiencia de València a finales del pasado mes de enero a 35 años de cárcel por agredir sexualmente a ocho alumnas de entre 14 y 16 años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València lo condenó por seis delitos continuados de abuso sexual (ahora agresión sexual) a menor de 16 años, con la agravante de prevalimiento (por la ascendencia que sobre ellas tenía como profesor), y a dos delitos de abuso sexual con prevalimiento a las dos víctimas que ya tenían los 16 cumplidos. Por los primeros, se le impusieron seis condenas de cinco años cada una de ellas y por los segundos, dos de dos años y medio. En total, 35 años de prisión que está cumpliendo en este momento.

Tal como informó en su momento Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, siempre actuaba del mismo modo: se situaba a espaldas de las niñas y, con la excusa de explicarle a la menor alguna tarea o aclararle alguna duda, deslizaba la mano desde los hombros y les cogía un pecho mientras tapaba la escena con su brazo a los ojos del resto del alumnado que estaba sentado en torno a la mesa. Los tocamientos podían ser en los pechos, en los genitales o en ambos, y se sucedieron a lo largo de tres largos años.

Sergio T. T., que fue absuelto de uno de los nueve delitos de abusos que se le imputaban porque la madre de la menor pidió «expresamente» al juzgado que «se le retirasen las medidas cautelares» adoptadas contra él tras la primera denuncia y nunca quiso sumarse a esta , tardó dos años en ser denunciado, porque las niñas estaban aterrorizadas y temían que nadie las creyera, sobre todo, porque entre ellas no se conocían y no hablaban. 

El pederasta echó la culpa al 8M

Fue dos años después de uno de los abusos cuando una de las alumnas de la academia, ubicada en un municipio de l’Horta que Levante-EMV sigue manteniendo en el anonimato para proteger a las víctimas, reunió el valor y dio el paso de acudir a la Guardia Civil.

A partir de ahí, se le sumaron otras ocho menores, todas las cuales ofrecieron a lo largo de todo el procedimiento judicial y más tarde en el juicio, un mismo relato pese a no conocerse entre sí. Entre otros detalles, contaron que actuaba cuando estaban sentadas, junto a más alumnos, en torno a una mesa rectangular, y que las atacaba de tal manera (desde la espalda) que el resto no se daba cuenta.

Una de ellas llegó a revivir en la sala que «no era un día y por equivocación. Se repetía casi todos los días. Un roce no es coger un pecho y apretarlo. Ponía la mano y apretaba. Eso no es sin querer. Él era muy consciente de lo que hacía».

Durante la vista oral, el pederasta no solo negó los abusos atribuyéndolos a «malas interpretaciones» de las niñas y escudándose en excusas poco creíbles, sino que incluso llegó a decir, para sorpresa del tribunal, que en realidad él creía que le habían denunciado porque «eso era en marzo de 2018 y yo creo que se vieron influidas por las manifestaciones feministas del 8M. Pero esto es una hipótesis, ¿eh?», intentó suavizar.

Las víctimas alegarán en contra

Ahora, su condena de 35 años de cárcel, que está recurrida y que el Supremo tiene previsto dirimir el próximo mes de enero, será revisada de oficio, es decir, a propuesta del alto tribunal, ya que su abogado no había solicitado analizarlo por si puede ser reducida.

Las letradas valencianas Amparo Vicó y Marta Soriano, que ejercieron la acusación particular en nombre de las ocho menores, han recibido ya la diligencia por la que se ordena ofrecer a la defensa del delincuente sexual la posibilidad de pedir que se le aplique la ley del ‘solo sí es sí’ si estima que le es más favorable, y que también les permite a ellas recurrir esa decisión judicial y alegar más tarde en nombre de las ocho víctimas para mostrarse en contra de cualquier rebaja, ya que las penas de cinco y dos años y medio están dentro del rango penológico de la nueva norma, criterio que defiende la Fiscalía General del Estado, por lo que es probable que el Ministerio Público también se oponga a cualquier rebaja.