La Audiencia de València ha prorrogado hoy por 13 años la situación de prisión provisional para el asesino en serie Jorge Ignacio Palma Jacome, condenado, por ahora, a 159 años y 11 meses de cárcel por los asesinatos consumados de Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo y los intentados contra siete mujeres más. La resolución, dictada solo un día después de la vista que se celebró en la Ciudad de la Justica, en presencia del condenado, resuelve así la situación procesal de Palma, quien ya estaba en situación de prisión provisional, pero en calidad de reo, esto es, como acusado a la espera de juicio.

La vista oral contra él se celebró entre el 13 de junio y el 8 de julio, con un tribunal de jurado, por lo que su situación ha cambiado, ya que desde el 1 de septiembre, cuando se dictó la sentencia contra él, ha pasado a ser una persona condenada y no solo un acusado a la espera de juicio.

La sección cuarta se ha pronunciado con rapidez, a las 24 horas de esa vista para prorrogar la prisión, algo habitual. Lo que no es tan habitual es la cuantía: 13 años. Se trata de una cantidad elevada en comparación con otras resluciones similares y ello obedece a que su castigo es también elevado: casi 160 años.

La sentencia, pendiente del recurso ante el TSJ

Esa sentencia está actualmente recurrida, tanto por su defensa, que alegando vulneración de su derecho a la presunción de inocencia ha solicitado su absolución, como por tres de las acusaciones particulares, las que representan a las víctimas mortales, que han recurrido al TSJ en busca de la pena de prisión permanente revisable que no quiso imponer la magistrada que presidió el tribunal de jurado y que también ha formado parte de la terna que resolvió este jueves la prórroga de la prisión provisional.

Tal como adelantó Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, la vista fue fijada el pasado mes de septiembre para el jueves, 6 de octubre a las 10.00 horas. El asesino en serie, que está ingresado en la cárcel de Albocàsser, en Castelló, fue trasladado a la de Picassent a principios de semana, para poder estar presente en esa vista.

Jorge Ignacio Palma, vestido como es costumbre en él con un vaquero y una camisa a cuadros, entró en la sala 23 de la Ciudad de la Justicia de València pasadas las diez de la mañana de este jueves, tal como publicó ese mismo día este diario. El asesino en serie no habló en toda la vistilla, que duró apenas media hora. Al ser preguntado si quería decir añadir algo o consultar con su abogada se limitó a decir que no, por lo que no realizó ningún comentario ni matizó nada durante el proceso. Las acusaciones particulares pidieron la prórroga de la prisión preventiva mientras que la defensa solicitó su puesta en libertad, alegando que aquella no debería constituir un adelanto del cumplimiento de la condena.

Un mero formulismo

Esa vista constituye, en realidad, un formulismo procesal dado que Palma ya se encontraba en la cárcel. En diciembre pasado, cuando aún estaba a la espera de juicio, ya se prorrogó la prisión provisional porque se cumplían los dos primeros años de cárcel, ya que la ley de enjuiciamiento criminal contempla un máximo de dos años en esa situación, ampliable a dos más cuando la Justicia no es capaz de celebrar el juicio en ese plazo y siempre y cuando esté debidamente justificado.

Así, en noviembre, el juez de Instrucción 20 de València, que llevó todo el peso del caso hasta que lo transfirió a la Audencia para que el reo fue enjuiciado, fijó como plazo definitivo diciembre de 2023, es decir, prorrogó por otros dos años la prisión provisional, por lo que en teoría la situación del feminicida seguiría cubierta por aquel dictamen. Sin embargo, como ahora ya no es un reo (el que está acusado y ha de ser juzgado) sino un condenado, ha sido necesario repetir el trámite para llegar al mismo punto.

Estos 13 años cubren el tiempo que el TSJ, primero, y el Tribunal Supremo, después, en caso de que el dictamen del alto tribunal valenciano sea nuevamente apelado, tarden en dirimir los recusos planteados pr defensa y acusaciones particulares contra esa sentencia aún no firme a 159 años y 11 meses de cárcel por los asesinatos e intentos de asesinatos cometidos con un mismo modus operandi: introduciendo a sus víctimas cocaína en roca de altísima pureza por vía genital y a traición con el único fin de acabar con sus vidas.