La Policía Local de Palma de Mallorca ha ejecutado este miércoles el desahucio de un edificio, sobre el que existía un expediente de desalojo por amenazas de derrumbe, en el que residían 28 personas, entre ellos dos niños. La orden la ha dictado el juzgado de instrucción número 2 de Palma, por la denuncia de la propietaria de esta finca, que está ubicada entre las calles Miguel Ángel Riera y Gumersindo. El edificio dispone de varias viviendas y todas ellas estaban okupadas ilegalmente. A los moradores se les comunicó que tenían que abandonar voluntariamente la vivienda, pero no lo han hecho hasta que no ha entrado la Policía Local, alegando que no tenían otro sitio donde residir. En una de las viviendas vivían cuatro adultos y dos niños pequeños. Esta familia afirma que llevaba un año y medio en esta vivienda y que han intentado alquilar otro piso, pero como son extranjeros, “nadie nos ha querido alquilar nada”.

Las familias contaron con el apoyo del portavoz de la asociación Stop Desahuicios, Joan Segura, que ha intentado en todo momento que no se ejecutara la orden de desalojo, afirmando que los moradores no han tenido la oportunidad de recurrir la orden, porque no se les facilitado abogado de oficio. La madre de los dos niños, llamada Yohanna, explicó que no tuvieron más remedio que entrar en esta vivienda para vivir porque ningún propietario le quiere alquilar una vivienda. “Llevó diez meses buscando un piso de alquiler, pero cuando me ven dicen que no me la quieren alquilar. Eso es racismo”, denunció la abuela de los dos menores.

No fue necesaria el uso de la violencia porque la Policía Local logró convencer a los moradores que tenían que abandonar la vivienda, llevándose consigo las pertenencias personales. Sobre el problema de que no tenían dónde ir, los agentes señalaron que este problema lo debía resolver Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Palma, aunque nadie acudió a asistir a esta familia.

En algunas viviendas la Policía ya no encontró a nadie, porque o bien los moradores no estaban, o porque se habían marchado antes de que se ejecutara la orden de desahucio.

El abogado de la empresa que adquirió este edificio explicó que presentó la denuncia por ocupación ilegal el pasado mes de octubre. Junto a la denuncia presentó un informe de un arquitecto, que indicaba que el edificio estaba en peligro de derrumbe, por lo que no podía residir ninguna persona dentro. Incluyó también el expediente de derrumbe que está tramitando el Ayuntamiento de Palma, ordenando al propietario para que adoptara las medidas de seguridad correspondiente.

Antes de proceder al desalojo de los moradores, el juzgado instó a la Policía Local a que identificara a las personas que residían en esta vivienda, a las que se les notificó hace unos días que debían abandonar este inmueble.

Los moradores rechazan que el edificio esté en peligro de derrumbe, dado que no hay grietas ni muestras de humedad.