El 5 de de julio de 2016, Vanessa Miralles, de 42 años, fue a trabajar como cada día a la oficina de la desaparecida Caixa Catalunya en el número 59 de la calle Ganduxer de Barcelona. Sobre las 11.20 de la mañana, irrumpió en la sucursal Eduardo Basug Ganasao. Armado con un cuchillo se introdujo en el despacho de la subdirectora y le apuñaló, dejándola gravemente herida. La mujer falleció en el Hospital Clínic. Horas antes, el asesino había acabado con la vida de un amigo, también de origen filipino, que trabajaba como él de mayordomo. Después, se suicidó. Este viernes en un juzgado social de la Ciutat de la Justícia de Barcelona se rememorará el crimen.
La familia de la mujer fallecida ha presentado una demanda contra la entidad bancaria, a la que reclama una indemnización por daños. Denuncian "la falta de medidas de seguridad" de la sucursal "derivadas de un accidente de trabajo”, ya que el móvil del asesinato fue un asunto que atañía directamente al banco. En concreto, Basug actuó, según la investigación, ante el miedo a perder el piso donde vivía por haber avalado un préstamo hipotecario de su sobrino y que éste no pagaba. La víctima de ese delirio fue Vanessa, pero su objetivo inicial era la directora de la entidad que ese día estaba ausente. En la vivienda donde trabajaba Basug se hallaron unas notas donde se podía leer: “Directora de Catalunya (…) siguiente muerta”.
La representante de la entidad
Los demandantes sostienen que el homicida actuó “premeditadamente” contra quien era la representante de la entidad bancaria en ese momento. En este sentido, precisa que de las cuatro personas que estaban en la oficina, el asesino, ante la ausencia de la máxima responsable de la sucursal, eligió a Miralles, que esa representatividad y actuaba como directora en funciones. Basug obvió a las otras personas que se encontraba en las dependencias.
La familia de la víctima recalca que la agresión mortal se produjo por "el mero hecho de ostentar en el momento del accidente la representación de facto" de la entidad Catalunya Banc (ahora del Grupo BBVA), con la que Basug mantenía “un conflicto de intereses” por la ejecución de un aval bancario que le podía acarrear la pérdida de su vivienda. De no haber existido ese móvil económico, destaca, el asesino no se hubiera dirigido a esa concreta oficina bancaria para matar a la persona encargada de la sucursal por “el hecho de ocupar ese puesto de trabajo”. El asesino entró en las oficinas, según los testigos, con un cuchillo de “grandes dimensiones”, de unos 25 centímetros, sin que el objeto fuera detectado.
"Pienso que me engañan"
“Ellos me asustan”, “más dolor de cabeza”, “pienso que me engañan”, son otras de las frases que figuran en trozos de papel hallados a Basug. En ese estado de ánimo, el asesino llamó por teléfono a primera hora a un amigo, que fue a visitarle al domicilio donde trabajaba en la calle Johann Sebastián Bach y fue acuchillado tras pelearse. Basug acudió luego a la sucursal de la calle de Ganduxer, donde perpetró el segundo asesinato. Tras ello, se tiró por un puente de la ronda General Mitre y fue embestido por un autocar.
“Tras cinco años pretendo saber el por qué de este ninguneo; qué o quién pudo haberlo evitado y poder depurar responsabilidades en este mar de confusión”, asegura a EL PERIÓDICO Mónica Miralles, la hermana de la empleada de banca asesinada. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurre tras unos hechos de tal calibre: desgarradores y petrificantes”, explica. Tras el suceso, la que era responsable del sector financiero de UGT en la empresa criticó la falta de seguridad hacia los empleados. “Antes las oficinas estaban blindadas”, recordó. “Los bancos se preocupan de la protección del dinero, pero no la de los trabajadores”, aseveró otro miembro del mismo sindicato.
