El Gobierno prepara una ley para endurecer requisitos de construcción en zonas inundables y elevar aún más la altura de los hogares en riesgo

La dana de Valencia demostró hasta qué punto una inundación puede resultar devastadora. Y el avance del cambio climático, advierten los expertos, nos recuerda que este tipo de catástrofes alimentadas por el calentamiento global pueden volverse cada vez más frecuentes e intensas. Es por eso que, con estos dos recordatorios en mente, el Gobierno prepara un nuevo real decreto ley para reformar la normativa española sobre zonas inundables. Según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo de este proyecto es mejorar la preparación de todos los municipios ante este tipo de episodios y, sobre todo, aumentar las medidas de protección para la población. Entre las medidas contempladas por la normativa se encuentran elementos como endurecer requisitos de construcción en zonas inundables y elevar aún más la altura de los hogares para evitar que en una eventual riada el agua alcance zonas habitables. O exigir a todas las localidades situadas en zonas inundables que, además de contar con planes de evacuación, también desplieguen herramientas para minimizar el impacto de las inundaciones.

La nueva normativa, que estará en fase de consulta pública desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre, plantea endurecer aún más los requisitos de construcción en zonas inundables. En algunos puntos catalogados con alto riesgo de inundación se prohibirá directamente la creación de nuevos edificios residenciales e instalaciones vulnerables. En otros, situados dentro de los límites de suelos urbanos, las nuevas construcciones tendrán limitaciones como, por ejemplo, la prohibición de que los bajos se utilicen como zonas habitables, así como vetar la creación de garajes o sótanos en estas construcciones. También se plantea la obligación de elevar el primer piso "al menos un metro por encima de la cota del agua" alcanzada durante anteriores riadas extremas para evitar así que futuros episodios alcancen zonas habitables.

En el caso de los inmuebles ya construidos en zonas inundables, la normativa introduce nuevas obligaciones y limitaciones para mejorar su seguridad y adaptación al riesgo. Por un lado, se plantea incorporar de forma progresiva medidas de autoprotección y adaptación en los edificios. Por otro lado, se impondrán cambios de uso como, por ejemplo, prohibir el uso de las plantas bajas de los edificios situados en zonas inundables para "usos vulnerables". Además, según constata el texto, tras la aprobación de este real decreto ley los propietarios de fincas situadas en zonas de riesgo estarán obligados a informar a futuros compradores de la situación del inmueble y de su nivel de riesgo ante eventuales inundaciones.

Medidas de adaptación

Otra de las grandes novedades de la ley, aún en fase embrionaria, será reforzar las medidas de adaptación frente a inundaciones. Hasta ahora, la normativa obligaba a los municipios situados en zonas inundables a elaborar planes de evacuación frente a riadas. Pero ahora, vista la magnitud que adquieren estos fenómenos, el objetivo es ir un paso más allá y adaptar los edificios para "convivir con el riesgo" de riadas y, sobre todo, minimizar los daños derivados de este tipo de episodios. Para ello, el texto insta a los municipios a elaborar nuevos planes municipales de adaptación al riesgo de inundación para complementar los actuales planes municipales de Protección Civil y, además, plantear el despliegue de medidas concretas para evitar que el agua cause estragos en una ciudad. Entre las acciones propuestas se menciona el despliegue de barreras temporales y puertas estancas para evitar que el agua entre en edificios durante episodios de inundaciones extremas.

Según explican fuentes cercanas a este proyecto, el nuevo real decreto ley no ahondará en el debate de las expropiaciones ya que en la mayoría de casos, explican, ya existen recursos legales para que una administración pueda adquirir terrenos situados en zonas en peligro y realizar las actuaciones correspondientes en cada caso. Aun así, la nueva normativa sí plantea el despliegue de un nuevo instrumento legal para que, cuando se produzca una avenida extraordinaria, el Estado pueda pagar por utilizar un terreno privado y utilizarlo temporalmente para almacenar agua y reducir el impacto de la inundación aguas abajo. Y dado que estos espacios pasarían a cumplir una función de interés general, contribuyendo a la protección de núcleos urbanos e infraestructuras sin dejar de ser de titularidad privada, la nueva normativa plantea un sistema de "pago por servicios ambientales" para poder compensar a los propietarios por ceder temporalmente sus tierras.

El objetivo del Gobierno es aprobar esta ley durante esta legislatura. El proceso para lograrlo contempla pasar por una fase de consulta pública, que se cerrará en septiembre, estudiar la inclusión de alegaciones y sugerencias y, con todo ello, presentar una nueva versión del texto. La normativa pasará después por el Consejo de Estado y, posteriormente, por el Consejo de Ministros. Si todo va según lo estipulado, el real decreto ley podría estar listo entre finales de este año y principios del que viene. Una vez aprobado, las administraciones tendrán un plazo de hasta cinco años para ejecutar las medidas previstas y "facilitar su cumplimiento" con el objetivo final de "garantizar la seguridad de las personas y bienes así como la protección del medio ambiente" ante futuras inundaciones.

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