Suspenden la declaración de la doctora señalada por elaborar los protocolos de las residencias madrileñas

El Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey (Madrid) ha suspendido este jueves la declaración como investigada de la doctora María Teresa Vidán, señalada como la persona que redactó el protocolo que impidió la derivación de personas mayores de residencias madrileñas a hospitales en la pandemia.

Un error en el apellido, y que ha impedido su citación judicial, ha sido el causante de la suspensión de la comparecencia de Vidán, a la que el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur atribuyó la elaboración del protocolo que él firmó.

Este jueves también estaba citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, pero la acusación particular ha pedido la suspensión de la declaración para poder tener acceso antes a "abundante documentación" solicitada al centro hospitalario y a la residencia y que no han recibido todavía.

Ambas han quedado, de nuevo, citadas el próximo 30 de junio y "esperemos que esta vez se produzcan las declaraciones", ha dicho la abogada del querellante, Alejandra Jacinto, quien ha mostrado su "enfado y rabia" por "la lentitud, las dilaciones y los errores de la justicia que profundizan en la sensación de impunidad".

Por ello, ha reconocido que esperan "con ansia" la decisión del 16 de abril de la Audiencia Provincial de Madrid para ver si "de una vez por todas" se unifican las diferentes causas abiertas sobre residencias en un único procedimiento.

En la sesión de hoy, el querellante ha ratificado los hechos denunciados y ha reafirmado su voluntad de continuar con la acción penal.

Se trata del hijo de Marcela Heras, que falleció en la residencia Isla Taray, de Morata de Tajuña el 2 de abril del año 2020 y que no fue trasladada al Hospital del Sureste, a pesar de que su hijo lo solicitó y a pesar de que esta persona cada vez que se enfermaba, siempre era trasladada al centro hospitalario.

La fallecida tenía deterioro cognitivo severo, movilidad reducida y utilizaba silla ruedas, por lo que, según la acusación particular, fue "víctima de la aplicación de los protocolos discriminatorios". El hijo ha añadido que su madre no contaba con seguro privado.