Educación pide medidas legislativas para poder apartar a un profesor condenado por acoso

La Conselleria de Educación y Universidades ha pedido en una carta dirigida al Gobierno que se adopten medidas legislativas que permitan apartar de la actividad docente a Miguel Roldán, condenado en Palma a un año de prisión y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno.

Como recoge el texto del Govern remitido a la ministra Pilar Alegría, el juzgado de lo Penal número 3 de Palma prohibió al funcionario interino a contactar con la víctima o acercarse a menos de 300 metros de ella por un plazo de cuatro años, una resolución que no es firme y que el condenado recurrió.

El conseller Antoni Vera señala en una misiva que Roldán intentó mantener el contacto con exalumnos a los que había dado clases en Educación Primaria en Son Sardina. Acudía a las puertas de su instituto y los jóvenes avisaron a sus padres, por lo que el profesor dejó de presentarse en la entrada del centro.

Además, como relata el conseller, Roldán se matriculó en un grado de FP en ese mismo instituto e intentaba contactar con sus exalumnos en el patio del centro. "Tuvo que intervenir la jefatura del centro, Inspección Educativa e incluso la Policía", detalla en la nota.

Ahora, las familias del colegio de Marratxí en el que da clases Roldán han exigido que prime la protección de los menores y que el profesor, que se incorporó a la plantilla en noviembre, después de la condena, sea apartado de su ejercicio.

"La Conselleria no puede actuar e impedir que este profesor ejerza ya que la sentencia no contemplaba su inhabilitación como docente", detalla el responsable autonómico de Educación, al reclamar medidas legislativas por parte del Ministerio de Educación para poder apartar al profesor condenado por acoso.

Respuesta del Ministerio de Educación

Por su parte, el Ministerio de Educación, en respuesta a la petición del Govern, ha revisado el artículo de la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, que recoge los delitos específicos, como los delitos sexuales, que imposibilitan el acceso a sus funciones de profesionales en contacto habitual con menores.

"En este contexto, el delito por el que fue condenado el docente no entra dentro de las categorías que impiden el ejercicio de profesiones con menores", ha remarcado el Ministerio.

"Dado que la sentencia no contempla una pena de inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores, la legislación vigente no permite adoptar medidas que impidan al docente continuar con su actividad profesional en este momento", incide el texto.

El departamento de la ministra Alegría dice comprender la gravedad de la situación expuesta por el Govern y se compromete a estudiar "con el máximo rigor" este tipo de situaciones, "priorizando siempre la protección del alumnado menor".