Un zamorano demanda a la Iglesia por socavar su derecho al honor al difundir su caso de abuso sexual

La Conferencia Episcopal Española se enfrenta a una demanda por intromisión en el derecho al honor de un zamorano que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote por hacer público su caso en la página web de la organización religiosa, donde la Iglesia colgó la auditoría sobre esos casos elaborada por el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo. Entre el casi medio centenar de casos descritos figuraba el del zamorano, junto a su nombre y apellidos.

La difusión de esta información "ha menoscabado la dignidad de este ciudadano" que fue víctima de esas prácticas cuando era menor de edad, explica su abogado, el zamorano Luis Felipe Gómez Ferrero, quien ultima la demanda junto a la de otros siete afectados por lo que se ha dado en denominar "brecha digital", un fallo a la hora de cribar los datos que debían publicarse en Internet.

Acto de conciliación

La responsabilidad de ese importante desliz no fue asumida en el acto de conciliación celebrado la semana pasada en Madrid entre Gómez Ferrero y representantes del bufete madrileño, reunión a la que no acudió ningún representante de la Conferencia Episcopal a pesar de estar convocada.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el despacho Cremades y Calvo-Sotelo, que se niega a asumir un error que considera de la propia Iglesia, que debería haber obviado la identidad de las víctimas antes de subir los casos a la página web. "El despacho de abogados dice que entregaron un documento que no era para colgar en la red, sino para información y uso interno de la Iglesia, ya que si hubiera sido para hacer público, aseguran que ellos mismos se habrían ocupado de evitar que se difundieran nombres ya apellidos de las víctimas", aclara el letrado zamorano que le indicaron. Esta postura ha impedido alcanzar una acuerdo sobre el pago de una indemnización por el daño ocasionado al entender que debe asumirlo la Iglesia.

Sin embargo, esta versión contradice la de la Iglesia, que sostiene que sí encargaron una versión de esa auditoría para publicar, por lo que la Conferencia Episcopal estimó que el informe que les entregó el famoso bufete madrileño era para publicarlo.

Perjuicio grave a la persona

La demanda se basará en la legislación que tipifica como una infracción aquellos actos, expresiones o publicaciones que conllevan "una intromisión ilegítima cuando perjudica gravemente la reputación o el buen nombre de una persona". Gómez Ferrero considera que sus clientes han visto conculcado ese derecho.

La demanda se presentará en los juzgados de Madrid para evitar un conflicto de competencias entre los juzgados que podría tener lugar si acude a los juzgados de Zamora, puesto que es en aquella capital desde donde se publica la lista de víctimas y depende de la sede de la Iglesia en esa capital, aclara el letrado del zamorano que se une a esa acción judicial.

Cremades y Calvo-Sotelo reveló que estaban clasificados entre mil y dos mil casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia a menores de edad, ocurrido entre los años 70 y 80 del siglo pasado. El despacho recibió un centenar de casos no contabilizados en el primer medio año de trabajo para elaborar la auditoría que se le encargó.

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