Entra en vigor la nueva tasa de basuras que afecta a millones de hogares españoles

La nueva tasa de basuras ya es oficial, y su impacto se comenzará a notar en los próximos recibos de millones de hogares españoles. A partir del 10 de abril, todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes estarán obligados a aplicar este tributo, cuyo fin es cubrir los costos de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Esta medida, que surge de la Ley 7/2022, responde a las exigencias de sostenibilidad de la Unión Europea, pero ha generado controversia entre las administraciones locales y los ciudadanos.

El coste de esta tasa no será uniforme, ya que cada municipio tendrá libertad para determinar su aplicación y cuantía, lo que ocasionará diferencias significativas entre localidades. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), algunos ayuntamientos fijarán un importe fijo, mientras que otros lo calcularán en base al valor catastral de la propiedad, el consumo de agua o el número de residentes empadronados. En promedio, las localidades que ya han implementado esta tasa han establecido un coste anual cercano a los 80 euros. El responsable de su pago será el ocupante del inmueble, es decir, los inquilinos, aunque algunas administraciones podrían contemplar excepciones. Asimismo, se prevé que se otorguen bonificaciones o exenciones a personas en situación vulnerable, como familias numerosas, desempleados o pensionistas con bajos ingresos. Esta medida se basa en el principio europeo de "quien contamina, paga", aunque la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha criticado la normativa, señalando que su redacción es defectuosa y que podría dar lugar a una aplicación desigual de la ley entre municipios.

Este viernes se cumple el plazo establecido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio. En casi todas las ciudades ya existe una tasa de basura, pero en bastantes casos su importe estaba lejos de reflejar el coste del servicio. Y en otros municipios, como en Madrid, las viviendas estaban exentas de pagar la tasa.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que el sistema debe ser sencillo para la ciudadanía. Entiende que es fundamental evitar procedimientos complejos como el uso de bolsas específicas y propone que las tasas se adapten de la forma más individualizada posible, para evitar que quienes reciclan correctamente se vean perjudicados por quienes no lo hacen.

El coste medio de la tasa ronda los 80 euros anuales, aunque las cifras varían notablemente. Algunas son fijas y otras dependen de varios factores como el número de empadronados, la ubicación del inmueble o el consumo de agua.

Mientras el PSOE y otros grupos de la izquierda apoyan el impuesto como herramienta para fomentar el reciclaje y penalizar a quienes no lo practican, el Partido Popular ha impulsado en el Senado una proposición de ley para suprimir la obligatoriedad del cobro. El PP argumenta que la directiva europea no obliga expresamente a aplicar esta tasa ni exige que los ciudadanos asuman el coste total del servicio. En su lugar, plantea explorar otros mecanismos financieros y mejorar la eficiencia de las infraestructuras existentes.