La ocupación como arma política

Los recientes acontecimientos en Sant Antoni de Portmany han vuelto a poner el foco de atención sobre la ocupación, tanto a nivel mediático como político. El desalojo «popular» con «bendición política» que presenciamos a través de las redes sociales y medios de comunicación no solo afecta a la legitimidad del Estado de derecho, sino que revela un problema aún más profundo: la construcción de una narrativa para rédito político. Y es que hemos visto cómo algunos políticos no han dudado en respaldar las acciones, alegando la sensación de injusticia causada por unas leyes poco eficaces. Esto, que ya es arriesgado de por sí, se hace además ignorando los datos reales del problema y alimentando un discurso que, lejos de aportar soluciones, únicamente contribuye a generar desconfianza ciudadana en las instituciones.

Una multitud se toma la justicia por su mano y fuerza la salida de los okupas de Sant Antoni

Sin embargo, debemos atender a los datos. En 2024, los delitos de allanamiento y usurpación de inmuebles en Baleares registraron 514 casos, cifra que representa el 0.64 % de los delitos registrados en la comunidad y que, en términos de vivienda, no alcanza el 0.1 % del parque total en España. Si analizamos la evolución de estos delitos desde 2014 hasta 2024, vemos una tendencia ascendente con fluctuaciones, pero dentro del rango de 239 a 514 casos anuales. Esto nos sugiere que no estamos ante un problema en expansión o descontrolado, pues se observa cierta estabilidad salvo las fluctuaciones de los últimos cuatro años.

Los datos nos muestran que hay margen de mejora, especialmente en la eficacia de la respuesta institucional. De los 514 delitos conocidos, 345 fueron esclarecidos y 203 personas fueron detenidas o investigadas en este último año 2024. Todavía existe un margen entre las denuncias y su resolución, lo que puede generar cierta percepción de impunidad, y, sobre todo, alimentar la construcción de ese discurso alarmista. Pero ¿la solución puede plantearse con un incremento punitivo de estos delitos?

Desde 2014, se han implementado reformas legislativas para dar algunas respuestas a algunas problemáticas señaladas. Por ejemplo, mayor celeridad y agilidad en el proceso de desalojo o incluso, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. La Ley 5/2018, introdujo el procedimiento civil exprés que permite la recuperación de inmuebles por un procedimiento más rápido; además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha facilitado la tramitación de estos delitos por medio de un procedimiento rápido. Aun así, como hemos indicado, se pueden implementar otras medidas para mejorar la eficacia de la respuesta jurídica, por ejemplo, la expulsión inmediata del inmueble en 72 horas, incluso la consideración de ciertas conductas como delito en el caso de la “inquiokupación” como una forma de estafa (como apunta Magro Servet, 2025). Aunque estas medidas pueden suponer una mejora, no se aborda la raíz del problema. Por ello es necesario configurar medidas estructurales que permitan abordar el fondo del asunto, el acceso a la vivienda. Medidas como la ampliación del parque de vivienda pública o la regulación del mercado de alquiler son algunas que pueden ser consideradas, especialmente en las islas.

Esta es la diferencia entre la okupación y la inquiokupación

Hemos identificado a la ocupación como un problema social, jurídico y político, pero la forma en la que se está utilizando esta problemática para alimentar una narrativa del miedo, es una irresponsabilidad. Desde hace tiempo algunos sectores han intentado moldear una imagen de la ocupación como un fenómeno incontrolable, siendo además promocionada por medios de comunicación. Incluso se ha vinculado a grupos organizados que se apropian de viviendas dejando en la calle a familias. No decimos que esto no haya sucedido, en alguna ocasión, sin embargo, los datos muestran que la incidencia de este tipo de delitos en nuestra comunidad autónoma es baja en comparación con la delincuencia registrada y que, en muchos casos, está vinculada a situaciones de exclusión social.

Centrándose en el caso de Sant Antoni de Portmany podemos indicar que es un ejemplo de cómo la narrativa ha sido utilizada por algunos y ha permitido una respuesta al margen de las instituciones, con los peligros que esto puede conllevar. A ello debemos sumar esa «bendición pública» por parte de algunos sectores y líderes políticos con argumentos carentes de fundamento para aportar soluciones. Hoy es este caso, pero mañana podría ser cualquier otra circunstancia en la que el poder de la presión social y la actuación de determinados grupos pretendan dar respuesta en nombre de la «justicia». Normalizar este tipo de respuestas implica abrir la puerta a la arbitrariedad e incluso a algo más peligroso como la vulneración de derechos fundamentales.

No se puede ignorar la percepción de inseguridad que siente parte de la ciudadanía ante estas situaciones, pero es irresponsable, especialmente para los dirigentes políticos, capitalizar el problema para justificar medidas extremas al poder afectar a la credibilidad de ciertas instituciones. El Estado de derecho no puede sostenerse sobre discursos alarmistas, sino sobre soluciones y medidas eficaces y dentro del ordenamiento jurídico. Convertir la ocupación en un arma política, conlleva utilizar el miedo como herramienta de control, lo que supone un riesgo inasumible, al poder alterar los principios democráticos.