Jueces aseguran que cortar agua, luz o gas en una vivienda okupada no es delito
Los jueces de la Audiencia de Barcelona deciden unificar criterios en la lucha contra la okupación

Jueces aseguran que cortar agua, luz o gas en una vivienda okupada no es delito / Marcelo Sastre
La okupación de una vivienda deshabitada es una de las preocupaciones que tienen los propietarios, sobre todo por la dilación en el tiempo para echar a quienes han okupado el inmueble.
Ante esta sensación de impunidad, los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han decidido llegar a un acuerdo para unificar criterios en estos casos, y han concluido que, si el propietario de un inmueble okupado corta los suministros básicos de la vivienda (agua, luz o gas) no estará cometiendo un delito de coacciones, según informa la web legal Confilegal.
Por otra parte, los 60 magistrados han acordado que no se pueden archivar denuncias por la okupación de viviendas vacías sin que se conozca antes la identidad de las personas que han entrado de forma ilegal al inmueble.
Esta unificación de criterios llega en pleno debate sobre cómo abordar la ocupación de viviendas, un fenómeno sobre el que entidades como el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han expresado su preocupación.
De hecho, el ICAB propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) para que pueda considerarse "delito flagrante tanto el de la okupación como la violación del domicilio", con lo que se elimina la "vocación de permanencia" que impide eliminar al okupa.
Este acuerdo de los jueces ha sido remitido a todas las altas instancias judiciales de Cataluña, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía y los presidentes del resto de Audiencias catalanas, así como al Col.legi de Procuradors y el Consell de l’Advocacia de Catalunya. Esta unificación de criterios es de aplicación en todos los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona.
El acuerdo de los magistrados de Barcelona precedía al adoptado por los de Gerona, que además de avalar el corte de suministros autorizaba lo que se ha definido como “desalojo exprés” sin autorización judicial previa si la policía actúa en las primeras 24 horas; justamente, la base tomada para que los Mossos actuaran y sacaran de la que no era su propiedad al imán de Salt, una intervención que desencadenó varias noches de graves incidentes en la localidad.
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