El Ayuntamiento de Barcelona y una entidad social comprarán la Casa Orsola por 9,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del tercer sector Hábitat 3 han acordado repartirse los costes para comprar juntos la Casa Orsola, situada en el Eixample y convertida en símbolo contra la especulación inmobiliaria, donde las protestas evitaron que el primer inquilino que cargaba con una orden de desalojo fuera expulsado la semana pasada. El alcalde Jaume Collboni ha expuesto que la sociedad patrimonial que es dueña del bloque, Lioness Inversores, ha aceptado cerrar la operación por 9,2 millones de euros, tras un proceso de mediación encabezado por el Síndic de Greuges de Barcelona. "Es un 30% por debajo del valor actual del mercado que hay en el Eixample", ha recalcado el edil, que ha dado el conflicto del edificio por "resuelto" y ha añadido que todos los desahucios previstos en el mismo "se cancelarán de inmediato".

El Sindicat de Llogateres, que ha liderado la reivindicación para que los arrendatarios se queden en el inmueble, ha definido la adquisición como una "victoria inquilina". No obstante, ha discrepado de la cantidad que invertirá el consistorio, al que ha acusado de "rescatar al especulador", en referencia al propietario del inmueble.

El alcalde ha precisado que el consistorio invertirá 4,8 millones de euros por la finca, mientras que Hábitat 3 abonará los otros 4,4 millones. La entidad social asumirá el 51,4% de la propiedad -las viviendas de las que será titular suman más metros cuadrados que las que tendrá el ayuntamiento- y gestionará el bloque, que dispone de 26 viviendas. Nueve de ellas se incorporarán a la bolsa de alquiler asequible "a corto plazo", ha indicado el socialista, que ha afirmado que la adquisición "permitirá incorporar nueva oferta de vivienda asequible en una zona muy tensionada" de Barcelona, por los altos precios de los pisos.

El edil ha explicado que el edificio "será destinado a vivienda social y asequible y se suspenderán los desahucios" en la escalera. Un inquilino de la Casa Orsola, Josep Torrent, se volvía a enfrentar a una orden de expulsión el 18 de febrero, tras aplazarse hace una semana porque centenares de personas -800, según la Guardia Urbana- se concentraron ante el inmueble para impedir el desalojo. Otros cuatro arrendatarios a los que la propiedad tampoco prolongó los alquileres estaban a la espera de órdenes judiciales de expulsión.

"Ningún inquilino tendrá que marcharse de la Casa Orsola", ha garantizado el alcalde. A su vez, ha aclarado que no se mantendrán pisos de alquiler temporal. Ahora se cuentan siete contratos de temporada. Habitantes de la Casa Orsola advierten que los arrendamiento de duración breve en la finca llegan a triplicar el precio de los convencionales.

"Debate moral"

El gobierno local ha manifestado que renovará a los inquilinos a los que la estancia les finaliza entre 2026 y 2033 y formulará nuevos contratos a quienes ya les venció, han seguido en la finca y han sido demandados. De no acreditarse que padecen indefensión por falta de ingresos, se les aplicarán los índices ordinarios correspondientes a la ley de arrendamientos urbanos.

Collboni ha subrayado que la "compra social colaborativa" con una entidad del tercer sector es "innovadora, extraordinaria y pionera". "Es el embrión de una manera de hacer que tenemos que replicar", ha postulado Carme Trilla, la presidenta de la Fundación Habitat 3, que auxilia a personas con escasez de renta para costear un piso. Ha admitido que la compra abrió un "debate moral" en la entidad: "Los vecinos no son de perfil vulnerable, pero pensamos que el riesgo de perder la vivienda también es vulnerabilidad, no de ingresos pero sí residencial".

"Casa Orsola es un caso, pero puede haber más", ha admitido el alcalde. En todo caso, ha matizado que la operación que ahora ha fraguado "no es una solución estructural ni aplicable miméticamente en todos los casos". En la misma línea, Collboni ha añadido que "los recursos públicos son limitados". Frente a ello, ha enfatizado que se necesitan "nuevas reglas del juego" sobre la vivienda "para evitar que se reproduzcan situaciones" como la de Casa Orsola. "El acceso a vivienda asequible de las clases trabajadoras y medias no afecta solo a Barcelona, sino a las grandes ciudades europeas", ha señalado.

"Hemos echado al buitre"

La movilización, liderada por el Sindicat de Llogateres, frenó el primer desahucio que iba a practicarse el pasado viernes en la Casa Orsola. La organización ha atribuido la adquisición a la presión de los arrendatarios. "Los inquilinos, organizados con el Sindicat de Llogateres, hemos echado al buitre Albert Ollé", ha proclamado la plataforma, aludiendo al propietario del bloque y titular de Lioness Inversiones. Tras las recientes protestas para impedir el desalojo, Ollé denunció que estaba sufriendo una "campaña de desprestigio" y confesó que se planteaba vender el edificio.

Aun celebrando la operación, la organización ha opinado que el acuerdo es "opaco" y ha acusado al ayuntamiento de haber "negociado de espaldas a los inquilinos y el sindicato para garantizar que el especulador no perdiese ni un euro". Ha sostenido que el importe que Lioness Inversiones recibirá por la Casa Orsola acaba "premiándolo después de años de intentar expulsar a los vecinos" y "blanquea el negocio de la especulación".

Más caro que en 2021

El ayuntamiento tuvo la ocasión de ejercitar un derecho preferente de compra sobre el inmueble en 2021, a través del tanteo y retracto. A tenor de documentación del consistorio que ERC ha revelado, el importe que el consistorio descartó abonar entonces ascendía a 6 millones de euros, más 519.000 euros en reformas. A tenor de esas cifras, se pagarán ahora 2,7 millones de euros más que los que hubieran desembolsado hace cuatro años.

En cambio, Collboni ha asegurado que la cantidad que el consistorio sufragará "es menor a la operación del tanteo y retracto de 2021" que el gobierno de su antecesora, Ada Colau, descartó ejercitar. Ha calculado que la factura para el el ayuntamiento hubiera subido en aquel momento a 5,2 millones. "Entonces no había pisos libres en el edificio", ha remarcado.

El alcalde ha sostenido que la decisión de hacerse con el bloque demuestra que el ejecutivo municipal está "afrontando con decisión y valentía el principal problema y una de las grandes preocupaciones" de los barceloneses. "Ninguna ciudad del mundo está desplegando políticas de vivienda como las de Barcelona", se ha preciado Collboni, que ha mencionado el límite al precio de los alquileres y la extinción de los 10.000 pisos turísticos de la capital a partir de 2028. En cambio, el Sindicat de Llogateres le ha vuelto a recriminar que planee modificar la reserva del 30% de pisos asequibles en nuevas promociones.