Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: «Sin los alojamientos turísticos, el aumento de la oferta contendrá los precios»

¿Cree que las medidas que ha aprobado o diseñado el Gobierno tendrán un impacto en forma de bajadas del precio de la vivienda y el alquiler durante los próximos tres o cuatro años?

Algunas sí tendrán un impacto muy próximo. Si de verdad revertimos la ilegalidad de los alojamientos turísticos, esos inmuebles van a estar a disposición de la ciudadanía, lo que se traducirá en un aumento de la oferta que servirá para contener los precios. Lo que cuesta entender es cómo no ha sido posible hacerlo antes y ahí todas las administraciones tenemos responsabilidad. Estoy satisfecha de que el debate de la prohibición de los pisos turísticos, uno de los primeros que abordé como ministra de Vivienda, hoy sea una cuestión de consenso, salvo honrosas excepciones.

Una de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez esta semana fue la implantación de desgravaciones fiscales de hasta el 100% de las rentas del alquiler para aquellos caseros que las fijen al índice de referencia. ¿Por qué ahora?

La ley de vivienda ya contempla este tipo de bonificaciones. Más de medio millón de propietarios madrileños podrían estar disfrutando de estos beneficios fiscales por tener sus viviendas en alquiler al mismo tiempo que estaríamos bajando el precio del alquiler. Como esto no es posible porque hay zancadillas y palos en las ruedas, lo que queremos hacer es llevar este debate al Congreso para hacer posible estas bonificaciones en el conjunto de España. La ley de vivienda prevé esta medida para zonas tensionadas y el problema de la vivienda no está solo en zonas tensionadas, sino también en las zonas rurales.

¿Cuándo puede estar lista para su votación en el Congreso?

Estamos terminando de ajustar la redacción del texto. El objetivo es llevarlo a las Cortes durante el próximo mes de febrero.

Una de las novedades en las últimas semanas ha sido la creación de la nueva Empresa Pública de Vivienda. ¿Cuántas viviendas le gustaría que tuviera esta entidad?

Ciertamente, la nueva Empresa Pública es una de las cosas más importantes que estamos haciendo porque en ella se concentra este cambio de paradigma en la política del Gobierno, que aspira a ser integral: partiendo de la disposición y urbanización de los suelos, pasando por la edificación, hasta la entrega de esas llaves y gestión del alquiler e, incluso, la movilización o gestión de ayudas. Hasta ahora, la Administración General del Estado era un mero espectador, una caja pagadora o el pagafantas, perdiendo el control de mando de las propias políticas públicas. Se acordaban los proyectos, se entregaba la financiación y era muy difícil desde aquí mantener el control y el liderazgo de esas políticas, que deben ser públicas: unos lo llaman intervencionismo, yo le llamo garantías y derechos a los ciudadanos.

El Constitucional tumbó de la ley de vivienda la perpetuidad de la vivienda protegida por invasión de competencias autonómicas. ¿Cómo va a garantizar su cartera que esto se produzca?

Pedro Sánchez compartió en la Conferencia de Presidentes la voluntad política del Gobierno de blindar el parque público de vivienda y no se produjo por parte de los presidentes autonómicos del PP ninguna consideración en contra a esa apreciación. Me sorprendió que el pasado fin de semana Alberto Núñez-Feijóo recuperará el debate de la liberalización del suelo, de la privatización y de los derechos de propiedad frente a la función social de la vivienda. Todas las comunidades autónomas, en sus normativas, tenderán a atender lo que creo es un consenso social, que el esfuerzo millonario para la construcción de vivienda pública, que sale de los impuestos de todos, sea para siempre, con el fin de no encontrarnos con este problema en el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Con esa gestión integral de las políticas, sobre todo con la política de suelo: si el suelo es nuestro, nosotros marcamos las reglas.

Pero, si la nueva Empresa Pública de Vivienda desarrolla una promoción de vivienda protegida en Madrid y se vende a particulares, estos inmuebles después de 15 años tendrán la categoría de vivienda libre. ¿Cómo va a garantizar el Gobierno que pasada esa fecha esa vivienda sea protegida?

Apostando por la construcción de vivienda en alquiler asequible a través de la modalidad de los derechos de superficie.

Hace solo unos meses, la ley del suelo estuvo a punto de salir adelante. ¿Hay posibilidades de un acuerdo entre el PP y el PSOE?

El PP se equivocó. Con las zancadillas que pretendía ponerle al Gobierno, con una política de corto plazo y de poca altura de miras, está perjudicando a los ayuntamientos y a las comunidades que mayoritariamente gobiernan. En estos momentos, la norma está registrada en el Congreso. Después de meses y meses anunciando la presentación de un texto alternativo, algo que no se ha producido, les pediría que se sumen al actual, que lleva también la firma del PNV.

¿Han abierto negociaciones con el PP en esta materia?

Vamos a ver en el nuevo periodo de sesiones si la proclama que llevó el PP a su convención en Asturias de que es necesaria una mayor agilidad en el urbanismo y una modificación de la ley del suelo no es solo una proclama o un acto propagandístico de querer utilizar la política de vivienda como arma arrojadiza frente al Gobierno. Yo creo que la política de vivienda merece ese paréntesis de abordarla como una verdadera política de Estado. Si todavía queda algo de política de Estado en el PP, esta sería una buena ocasión para demostrarlo.

¿Confía en que esta ley sea una realidad durante 2025?

El liderazgo de Feijóo nos deja poca esperanza.

Sobre el impuesto a los extranjeros no residentes de fuera de la UE en la adquisición de una vivienda, ¿cómo puede afectar esta medida a la llegada de turistas y a las relaciones diplomáticas con países como Reino Unido o EEUU?

Algunos creen que la compra de viviendas por parte de extranjeros de fuera de la UE no residentes no tiene incidencia o que representa un porcentaje muy pequeño con respecto al global del número de viviendas en España. Es importante el mensaje político de que este Gobierno prioriza la función social de la vivienda sobre los rendimientos económicos, como son los pisos turísticos o las inversiones extranjeras. ¿Afectan estas compras en términos porcentuales a la vivienda e imposibilita a miles de españoles el acceso a la misma? Sí, los datos lo atestiguan. Son miles de viviendas y miles de españoles que se están viendo privados de tener una casa para que otra persona haga dinero.

El PP planteó rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para aquellos que compran su primera vivienda. La patronal pide también bajar el IVA a la compra de viviendas de obra nueva. ¿Se plantea implantar rebajas fiscales en esta línea?

La propuesta de rebajar el ITP está bien, aunque podrían haberlo hecho durante los dos años que llevan gobernando las comunidades autónomas. Existen otras herramientas que están también a disposición de las administraciones públicas, como es grabar la vivienda vacía con un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque apenas un centenar de ayuntamientos lo están aplicando. Podemos orientar la fiscalidad para avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

El Gobierno ha propuesto transferir las 40.000 viviendas propiedad de Sareb a la nueva Empresa Pública. ¿Cuándo espera culminar este hito? ¿Se plantean liquidar el ‘banco malo’ en 2027?

La decisión de proceder a la liquidación corresponde a Carlos Cuerpo (ministro de Economía). Sareb simboliza lo peor de la gestión política del PP en materia de vivienda. Desde que gobierna el PSOE hemos hecho cambios muy importantes, como adquirir el control de la entidad y empezar a regularizar algunas de las viviendas con una perspectiva social, que ahora son el hogar de 8.000 familias. Transferir las viviendas es un paso más porque ese patrimonio tiene que volver a los españoles.

¿Cuál es la relación del Ministerio de Vivienda con los grandes caseros, los grandes fondos como Blackstone o Cerberus, pero también CaixaBank, banco participado parcialmente por el Estado?

Tienen la obligación de atender la demanda social, hacerse cargo de la situación en la que nos encontramos y asumir que la vivienda en este país ha dejado de trabajar en forma de instrumento financiero o de inversión. Somos un gobierno que va a poner todos los recursos que sea necesario para orientar esas inversiones a la función social de la vivienda.

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