Un juez asegura que así se echa rápidamente a un okupa: "Desde mi punto de vista es una estafa..."

El magistrado reaviva el debate de la okupación en España y ofrece soluciones claras

Imagen de archivo de una vivienda ’okupada’.

Imagen de archivo de una vivienda ’okupada’.

Tener un piso vacío en propiedad se ha convertido en un riesgo que muchos propietarios temen correr. Incluso quienes poseen una segunda residencia que solo utilizan en vacaciones viven con el miedo de que cuando no están en ella alguien se les meta dentro.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad, es el del fenómeno de la okupación. Un problema en el que los propietarios de viviendas ven impotentes como las leyes parecen proteger la ‘okupación’, alargando cualquier actuación.

En este sentido, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Vicente Magro Servet, acaba de publicar el libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble'.

En su obra, el juez propone nuevas estrategias para combatir este fenómeno que, según denuncia, goza de una "absoluta impunidad" en España.

Magro critica la reciente Ley de Vivienda por no haber aprovechado la oportunidad de atajar el problema de la ocupación, comparando la situación española con la de otros países europeos donde, asegura, los casos se resuelven en un plazo máximo de 72 horas.

En su libro, el magistrado se centra en la figura del "inquiokupa", es decir, aquellos que dejan de pagar el alquiler pero se mantienen en la vivienda de forma ilegal. Habitualmente, estos casos se abordan por la vía civil, lo que implica procesos largos y tediosos para los propietarios.

La solución a la okupación, según el juez

La solución que propone Magro es llevar estos casos al ámbito penal, considerando el impago del alquiler como un delito de estafa. "Si una persona deja de pagar la renta desde el segundo mes, es evidente que ya tenía intención de incumplir el contrato en el momento de firmarlo", argumenta. Esta estrategia permitiría a los propietarios solicitar medidas cautelares, como el desalojo inmediato de los inquilinos morosos.

Otro de los puntos clave del libro es la crítica al uso indiscriminado de los informes de vulnerabilidad por parte de los okupas, que en muchos casos retrasan los procesos de desalojo. Magro aboga por una mayor rigurosidad en la concesión de estos informes, evitando que se conviertan en un instrumento para perpetuar la ocupación ilegal.

El magistrado reclama la creación de una Ley Integral contra la ocupación que ofrezca respuestas ágiles y eficaces a los propietarios, garantizando la seguridad jurídica y acabando con la sensación de impunidad que rodea a este fenómeno en España.

La publicación del libro de Magro ha reavivado el debate sobre la ocupación ilegal, un problema complejo que requiere soluciones integrales y una mayor protección para los propietarios afectados.

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