La aseguradora alega una cláusula en la póliza para eludir la cobertura de la tragedia del geriátrico de Alcoy (Alicante)

Visto para sentencia con sorpresa final. El juicio por la tragedia del geriátrico de Alcoy, donde murieron en pandemia 73 residentes, ha concluido este jueves. Lo ha hecho con la jornada de conclusiones en la que las partes se han reafirmado en sus tesis, aunque ha hecho que trascendiera un hecho importante.

La demandante ha aseverado que hubo una mala praxis que causó más de la mitad de los óbitos. Y la demandada ha negado cualquier negligencia, pidiendo además de un veredicto favorable, que se impongan las costas procesales a los familiares de las 18 víctimas que denuncian. "Un procedimiento de especial complejidad y sensibilidad social", en palabras del juez Javier Calatayud, al concluir la octava jornada de la vista.

Una última sesión que ha hecho aflorar una relevante discrepancia entre los demandados, Quavitae, como empresa matriz de la empresa DomusVi que gestionaba el centro sociosanitario, y Mapfre, como aseguradora. Y es que la compañía de seguros ha manifestado que su póliza no cubre la posible responsabilidad civil que se pueda derivar de este juicio, por el que los demandantes reclaman 2,3 millones de euros. El motivo es que la demanda se interpuso cuando la póliza ya había vencido, por lo que a tenor de una cláusula en el contrato, la residencia de DomusVi no tendría cobertura por las indemnizaciones que se puedan derivar.

Así, la letrada de Mafpre ha manifestado que "no hay cobertura temporal por la cláusula 'claim made'", por lo que la aseguradora no tiene responsabilidad pasiva en este caso. Así, ha recordado que la póliza con Quavitae no responde a un seguro de responsabilidad civil obligatorio, sino voluntario, y que se enmarca dentro de los seguros de grandes riesgos, dada la actividad de DomusVi, lo cual exime de determinadas obligaciones habituales a la aseguradora, a diferencia de una póliza normal.

Por ello ha recordado que la póliza expiró el 31 de diciembre de 2020 y la demanda se presentó en marzo de 2021, por lo que se aplicaría la cláusula 'claim made' por la que "quedan cubiertos por el presente seguro aquellas acciones u omisiones culposas o negligentes cometidas" durante el periodo de vigencia de la póliza, "siempre y cuando la reclamación se dirija por primera vez a la aseguradora dentro del periodo de vigencia de la póliza, y el asegurado, al ser suscrita la póliza, no tuviera conocimiento de que le fueran a formular las reclamaciones por errores o negligencias en el ejercicio de su actividad".

Demanda "temeraria"

Así, ha calificado de "temerario" que los familiares hayan presentado una demanda por la que reclaman 2,3 millones también contra Mapfre "en virtud de un seguro de responsabilidad civil voluntario, desconociendo el clausurado de las mismas", cuando pese a haber manifestado no haber tenido acceso a la póliza, esta se podía haber solicitado que se exhibiera judicialmente a través de diligencias previas.

DomusVi afirma estar asegurado

En cambio, Quavitae ha defendido que su actuación en la residencia de Oliver está cubierta por la póliza de Mapfre pese a las manifestaciones de esta, ya que la empresa afirma que no aceptó la cláusula a la que hace referencia la aseguradora. Así, parece que en caso de fallo en contra de sus intereses, podría abrirse un litigio judicial entre ellas.

Al margen de esta sorpresa, la letrada que ha ejercido de portavoz en la parte demandante, Blanca Ortiz, ha vuelto a denunciar que la Generalitat no ha aportado la documentación reclamada por el juzgado para este caso, así como tampoco parte de la solicitada a Quavitae, como las historias clínicas de los afectados, "que son propiedad de ellos, no de la residencia", siendo una "valiosa información", así como otro material referente a la organización, personal, etc. "Quavitae no ha cumplido con el deber de exhibición documental en los términos exigidos en la audiencia previa, con el único fin de evitar el esclarecimiento de los hechos", ha concluido.

Quejas acreditadas

Ortiz ha manifestado que ha quedado acreditado que ya antes de covid "había quejas porque no funcionaban o no existían protocolos ante brotes de gastroenteritis, fallaba la comunicación con los familiares y faltaba personal. Es decir, ya había descontento por la atención antes de la pandemia", recordando las declaraciones de familiares y extrabajadores, e incluso una reunión con la conselleria en febrero de 2020 para trasmitir esta situación. "Estas quejas reflejan la angustia y preocupación por no haber suficiente personal para tratar a sus seres queridos, Un contexto que se vuelve más relevante ante el covid".

Así, ha reiterado en el error que a su juicio y de sus peritos supuso la reorganización de los usuarios el 29 de febrero, aumentando el contacto social cuando la pandemia estaba ya a las puertas. Un cambio que advierte se realiza tras la inspección de noviembre de 2019, que alerta de falta de personal y que culmina con una sanción de 40.000 euros. Entonces "se hacina a los usuarios en la misma planta para estar más a mano. Se prioriza la economía de la empresa a dar un trato adecuado".

Primeros síntomas

Ha recordado que el 13 de marzo por la noche ya se diagnostican los dos primeros casos "pero la directora dice que hasta 14 de marzo no se realizan los aislamientos", cunado ya hay 13 personas son síntomas, denunciando la falta de previsión y precaución en la residencia.

Así, se disparan sin control los contagios y las muertes, ya que el 15 de marzo hay ya 35 residentes con síntomas, falleciendo la primera persona, Consuelo. Al día siguiente son ya 45 personas con síntomas y 3 fallecidos. "Y el 20 de marzo, cuando se sectoriza, ya es tarde, tal es el caos que los residentes seguían empeorando hasta llegar a 74 muertos entre marzo y abril".

El testigo ausente

La letrada ha señalado que "el 16 de marzo conselleria implementaban medidas y hace responsable al médico de la residencia, Hernán Salirrosas, que a su vez también trabajaba en el Hospital. Y la abogada lo ha calificado de "testigo ausente, la persona que más luz podría haber aportado, y podría haber explicado lo que pudo hacer y se hizo. Prueba fundamental no ha sido propuesto por Quavitae". A este respecto la letrada de la empresa ha mostrado su sorpresa por tal manifestación, recordando que la carga de la prueba recaen en los demandantes, que bien podrían haberlo citado ellos.

El 26 de marzo, 12 días después del primer óbito, son ya 26 fallecidos. El 2 de abril 40 muertos Y el 6 de abril, con 58 fallecidos ya, el jefe de la Unidad Hospitalaria Domiciliaria (UHD), Manuel Pérez Bosch, cuya declaración es uno de los pilares de los demandantes, formalizó una queja ante la Generalitat "por conducta negligente de Domus, desorganización absoluta en el servicio médico, ínfima información y de mala calidad, injerencias continuas en tratamiento pautados por la UHD", etc.

Únicos especialistas en gerontología

Ortiz ha destacado que sus dos peritos que han declarado son "los únicos especialistas en gerontología" del juicio, a diferencia de los aportados por los demandados, siendo la primera vez que ejercen como peritos judiciales. Así, ha reiterado que "la desorganización, la falta de personal, la desatención y las deficiencias en los protocolos facilitaron la propagación" del virus.

Así, ha concluido "en resumen, hay una relación clara entre la actuación de Quavitae y las consecuencias trágicas en los residentes. Los peritos informaron que la mortalidad fue del 52,9%, superando con diferencia el 21% de máximo registrado por el ministerio. El factor causal es atribuible a la residencia. La insuficiente higiene, medidas de prevención y falta de personal no solo afecta a la desatención, sino que provoca una mayor propagación", agregando que la insuficiente presencia médica "dificultó la identificación de algunos síntomas de la enfermedad, aislamiento y tratamiento… Hubo una negligente atención".

Del mismo modo ha defendido la declaración del jefe de la UHD, destacando su expediente intachable y su imparcialidad, dado que es la única persona que ha declarado que "no es parte", ya que no ha trabajado en Domus ni ha tenido allí a familiares, explicando "su vivencia personal", con "gente desnuda, con los pañales rotos, por los suelos pidiendo que los sacáramos de allí", manifestó el primer día al relatar lo que allí se encontró.

Demandados

Por su parte la letrada de Quavitae, Carlota Paytuvi, ha manifestado que "nos oponemos, con el mayor respeto a las víctimas y con la mayor rotundidad, a lo que hemos oído. Nos ha parecido ofensivo que se atribuya el caos por no gastar, que la parte contraria se haya dedicado a poner de ejemplo la DomusVi Cocentaina, y no tenga reparos en decir que en la otra -la de Alcoy- se escatiman recursos". 

Así, ha señalado que es irrelevante si antes de la pandemia había quejas por una supuesta falta de personal, que por otra parte niega, y por los brotes de gastroenteritis, que cifra en dos, uno en 2018 y otro en 2019, para los que ha insistido había un protocolo que se cumplía.

Sobre las quejas de los gerontocultores sobre que asumían tareas que no les correspondían, como la administración de medicamentos, ha señalado que una sentencia del Supremo de 2010 acredita que están facultados para esa tarea.

UHD

Del mismo modo ha puesto en duda la credibilidad del jefe de la UHD en diversos puntos, señalando que puede tener "intereses" y le ha llegado a acusar de "robar" medicamentos de la residencia, en referencia a que dijo que cogió medicamentos del geriátrico para el hospital, donde faltaban, aclarando un perito que podían tratarse de fármacos del propio hospital que están en la residencia, y que por tanto serían de la UHD.

Ha apuntado sobre la queja que formalizó ante la Conselleria: el 6 de abril habían fallecido 58 personas. De esas 58, 19 habían sido atendidas por Pérez Bosch, y las redes sociales ya estaba buscando responsables. Y Pérez hizo un clásico, la mejor defensa es un ataque, y le pasó pelota a la residencia".

Ha recordado que "primero no sabe cuándo va a residencia, 12 o 14 de marzo. Describe escena espeluznante que no me creo, y no escribe nada hasta un mes después. Se queja todos los días a su jefe, y este no reprocha nada a DomusVi, e incluso felicita a DomusVi por su acción durante la pandemia...". Así, ha destacado que "el planteamiento de Bosch no tiene ninguna credibilidad". Y también ha tratado de desacreditar a los extrabajadores que han declarado en contra de DomusVi.

La letrada de Quavitae ha defendido la reorganización realizada el 29 febrero, cuando no había ningún protocolo ni instrucción que lo impidiera o recomendara lo contrario. Y tampoco había entonces un posible caso en la residencia ante el que actuar.

Epidemiólogos

Por otra parte, sobre los dos expertos de los demandantes, ha señalado que "ninguno de los dos peritos eran adecuados para hablar de una pandemia, no son epidemiólogos. Hablan de hacinamiento, y solo hay que ver planos para ver salas distintas y no hay hacinamiento posible".  

Así ha denunciado su "falta de parcialidad. La única prueba practicada donde se sostiene actuación negligente" es su informe, donde alerta de una "parcialidad insospechada".

Por otra parte ha señalado en cuanto a los contagios que "se produce la situación curiosa de que era inevitable, según todos los peritos, que entrara el virus. Dos de ellos han dicho que era imposible que no se contagiara, entrando familiares y trabajadores". Y ha destacado que "por la forma y velocidad del contagio entre el 14 y 16 de marzo, apunta a que había varios focos".

Y ha añadido que "nunca hemos pretendido decir que los 74 no hubieran fallecido por covid, pero no hay forma de saber cuántos fallecieron por covid. Y fallecieron de su enfermedad, y el covid pudo precipitarlo, pero no lo sabemos. El factor determinante son las comorbilidades".

Aseguradora

Por su parte la letrada de Mapfre, además de defender que la póliza no cubre en este caso a Quavitae, ha repasado diversa jurisprudencia del Supremo para eximir de responsabilidad a DomusVi de las muertes del geriátrico.

La abogada ha destacado que no se ha demostrado ninguna mala praxis ni negligencia, añadiendo que "ha quedado acreditado que nos encontramos ante una situación de catástrofe sanitaria y la residencia DomusVi ha seguido todos los protocolos, incluso anticipándose a los protocolos oficiales, y todas las recomendaciones sanitarias, actuando con total diligencia. 

Indemnización "escandalosa"

Del mismo modo la letrada de la aseguradora ha calificado de "desorbitada, escandalosa y ofensiva" la valoración de daños de 2,3 millones por los 15 fallecidos y 3 lesionados, "cuando han dicho que no hay interés económico" por la muerte "de unas personas que no está acreditado que haya sido por una mala praxis, que estaban terminales... una persona de 95 años está claro que está acabando su vida".

Afectados

Tras finalizar el juicio, el presidente de la Asociación de Familiares Afectados, José Luis García, ha destacado que "las familias continuamos manteniendo que la dirección del centro no atendió con la rigurosidad necesaria las recomendaciones que desde distintas instancias científicas se apuntaban ante la situación de pandemia que se iba a sufrir. No se siguieron de manera diligente las pautas de sectorización y aislamiento que protegieran a los usuarios del contagio. Solo así se puede explicar la virulencia del mismo". 

Por ello ha insistido en que "no había suficiente recursos humanos y materiales para hacerle frente. Domus llevaba tiempo anteponiendo el acopio de beneficio económico a la atención y cuidado de los usuarios. Y para cuando quisieron implementar las medidas pertinentes, habían llegado tarde y ya no hubo manera de frenar el reguero de muertes".

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