La revisión de la normativa europea sobre delitos medioambientales, lanzada hace año y medio por la Comisión Europea con el objetivo de endurecer las sanciones contra los infractores, sigue superando obstáculos. La comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado este martes por unanimidad -22 votos a favor- la inclusión de nuevos delitos en la lista y el endurecimiento de la política de sanciones a nivel europeo. Los eurodiputados quieren que los delitos que provoquen la muerte o daños para la salud y daños medioambientales sustanciales sean castigados con al menos 10 años de cárcel y que las empresas puedan ser sancionadas con multas de hasta el 10% de la facturación media mundial.

El informe contempla que las empresas puedan ser multadas con al menos el 10% de la facturación media mundial

"Hemos negociado con éxito una posición de tolerancia cero frente a delitos que tienen enormes consecuencias para la salud humana y el medio ambiente", ha celebrado el ponente del informe y encargado a partir de ahora de negociar la normativa con los gobiernos de la UE, el conservador holandés del PPE, Tonius Manders. "Desde el principio, siempre hemos defendido el principio de 'quien contamina paga'. Los que contaminan deben asumir todos los costes de sus daños y restaurar el medio ambiente en consecuencia", ha añadido avisando de que con esta reforma no será posible esconderse detrás de plazos de prescripción. 

El informe aprobado por el Parlamento Europeo actualiza la lista de delitos sancionables para incluir el comercio ilegal de madera, el agotamiento ilegal de los recursos hídricos, la contaminación causada por los buques, las infracciones de la legislación comunitaria sobre productos químicos, el cultivo de organismos modificados genéticamente, las conductas causantes de incendios forestales y las infracciones que contribuyan a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Multas más elevadas

Los eurodiputados quieren que los delitos que provoquen la muerte o daños para la salud y daños medioambientales sustanciales sean castigados con al menos 10 años de cárcel. Las penas en otros casos oscilarán entre los cuatro y seis años en función de su alcance, gravedad y duración.

Los eurodiputados también abogan por endurecer aún más las multas por delitos medioambientales cometidos por empresas, para que puedan ser castigadas con al menos el 10% de la facturación media mundial de la compañía en los tres ejercicios económicos anteriores frente al 5% propuesto por el Ejecutivo comunitario. Según los socialistas europeos, las pruebas demuestran que los consejeros delegados de las grandes empresas suelen sobrevivir a las demandas medioambientales cuando sus empresas son denunciadas por delitos contra el medio ambiente. "Con esta directiva podemos acabar con esta injusticia, ya que la responsabilidad recae directamente en el CEO".

Además, las empresas no sólo tendrán que enfrentarse a procedimientos penales, sino también a otras medidas como la prohibición de acceder a financiación pública o la retirada de licencias. De acuerdo con el principio de 'quien contamina paga', las empresas infractoras deberán trabajar para restaurar el medio ambiente dañado, indemnizar a las víctimas y asumir todos los costes de los procedimientos judiciales.

Los eurodiputados también han ajustado los plazos de prescripción de los delitos penales, para que comiencen a contar en el momento de su descubrimiento y no cuando se cometió el delito, y abogan por permitir las denuncias anónimas en este tipo de delitos y la protección de los denunciantes así como una mayor cooperación en este terreno con organismos como la fiscalía europea, la oficina de lucha contra el fraude o las agencias Eurojust y Europol.

Delitos al alza

Hace casi año y medio, a mediados de diciembre de 2021, que la Comisión Europea propuso endurecer la legislación sobre delitos medioambientales, que suponen la cuarta actividad delictiva a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación. Un tipo de delito, que según Bruselas, crece más de un 5% cada año. Con la revisión de la directiva el objetivo es reforzar la tipificación de los delitos, endurecer la vigilancia y establecer penas mínimas comunes, incluidas penas de cárcel y el veto a los contratos públicos en los casos más graves juzgados en cualquier país de la Unión Europea.

El objetivo de Manders, una vez confirmado el mandato negociador por la Eurocámara, es lanzar las negociaciones interinstitucionales con la presidencia cuanto antes, a poder ser en presidencia sueca este primer semestre del año o bajo presidencia española durante la segunda mitad de 2023, con el objetivo de cerrar la revisión antes de las elecciones europeas de mayo de 2024. "Tenemos un informe equilibrado" pero "los trílogos -negociación con la Comisión y el Consejo- serán complicados. Por eso no queremos perder tiempo. Cuanto más tiempo perdamos más difícil será sacarlo antes de las elecciones europeas", ha añadido.