El Ministerio quiere prohibir las plantas solares en terrenos de regadío

La competencia entre las energías renovablesy la agricultura por la ocupación del suelo en España ha llevado al Ministerio de Luis Planas a preparar un proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de plantas fotovoltaicas u otro tipo de infraestructuras de estas características en terrenos de regadío. El empleo de esta superficie tiene para el titular de Agricultura varios impactos negativos: pérdida de suelo de calidad, disminución del potencial productivo del sector primario y una reducción de la renta que conllevaría, "irremediablemente, a una despoblación en el medio rural".

La iniciativa, que acaba de terminar su exposición pública para presentar alegaciones, tiene importantes ecos en la Región de Murcia. El desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la Comunidad ha ido creciendo en los últimos años y en muchos casos ha generado polémica por su instalación sobre parcelas regables en producción. La rentabilidad por alquilar las tierras a las promotoras de las renovables ha atraído la atención de muchos agricultores, que finalmente han optado por ceder sus tierras a cambio de un beneficio económico mayor que el que aportaría la producción de frutas u hortalizas.

Esto ha despertado las protestas de organizaciones agrarias, que han pedido implantar medidas como esta para salvaguardar las superficies útiles y productivas. El Ministerio apunta dentro de su protección a las zonas regables, a terrenos transformados del secano al regadío, a las superficies que se hayan beneficiado de ayudas como la PAC o similares para modernizar las infraestructuras de riego, las que estén declaradas de interés general del Estado o que directamente hayan contado con inversiones públicas. La prohibición, si se aprueba, estaría vigente durante 50 años.

Mar Menor y Puerto Lumbreras

En la Región hay un total de 169.223 hectáreas de superficie destinadas al regadío, el 15% del área total de la Comunidad. En los últimos tiempos es sonado el conflicto social por la instalación de placas solares en el Campo de Cartagena, donde el terreno agrícola está regulado en su mayoría por la Ley del Mar Menor. La normativa sólo permite cambiar los regadíos por placas solares dentro del área que está afectada por la moratoria urbanística, pero es que las restricciones que se han implantado para esta actividad han propiciado la deslocalización de empresas agrarias en los municipios ribereños, lo que ha llevado a la paralización de la producción en algunas fincas porque no hay arrendatarios que las cultiven.

El atractivo precio que ofrecen las compañías energéticas por esos terrenos ha provocado la mayor disponibilidad de espacio para colocar huertos solares. Esta situación, a su vez, ha originado fuertes protestas vecinales en localidades como la diputación cartagenera de El Algar, donde se proyectan varias plantas solares que rodean al pueblo. Otra derivada es la creación de plataformas sociales que han pedido al Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno regional una paralización de los proyectos hasta que se apruebe un plan de ordenación para definir qué sitios son los adecuados para grandes parques solares.

En Puerto Lumbreras, el proyecto ‘Carril Solar’, una planta fotovoltaica de 561,5 hectáreas, se ha encontrado con el rechazo de la comunidad de regantes, ya que la instalación ocupa una importante parte de suelo agrícola en el municipio.

El Gobierno estatal impulsaría esta nueva ley, que sólo contiene un artículo, tras sacar adelante varias rebajas ambientales para los grandes proyectos de energía renovable en España que les exime de pasar por una evaluación de impacto ambiental. Se establece un procedimiento exprés que pretende favorecer la instalación de huertos solares, una medida que ha encontrado la oposición de organizaciones ecologistas.

"Queremos que los parques solares estén en suelo improductivo"

El proyecto de ley del Ministerio de Agricultura ha generado la respuesta de varias organizaciones agrarias en la Región de Murcia, que ofrecen posturas diferentes dependiendo de las limitaciones a las que esté sometida la actividad agrícola. Vicente Carrión, responsable en el Campo de Cartagena de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se muestra en contra de prohibir completamente la instalación de plantas solares en estos suelos porque "algunos propietarios están obteniendo una rentabilidad por sus terrenos", cuando estos han dejado de cultivarse.

Y es que recuerda que la deslocalización de empresas en la comarca debido a las restricciones que plantea la Ley del Mar Menor ha dejado sin beneficio a "propietarios mayores o sin relevo generacional que lograban una renta por el alquiler" a cambio de que las empresas explotasen sus terrenos. "De alguna forma hay que ganarse la vida", señala, "tendrán que dar alguna alternativa". Carrión es consciente de que hay un número importante de dueños de fincas que quieren o han alquilado ya sus suelos a mercantiles del sector de las renovables, que pueden llegar a pagar entre 2.500 y 3.500 euros por hectárea al año y con contratos de hasta 25 años.

Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, se muestra a favor de estas medidas que frenan la expansión de los parques fotovoltaicos "en terrenos útiles", y pide no sólo centrarse en el regadío, sino ampliar la prohibición a los cultivos de secano: "Queremos que las plantas solares se instalen en suelo improductivo". Permitir el uso de los terrenos de regadío para estos proyectos implicaría "restar potencial productivo a nuestra agricultura".

No tendría sentido para el dirigente de Asaja permitir la construcción de huertos solares en superficies donde se ha invertido dinero público para la modernización de los regadíos. Gálvez sí cree necesario plantear excepciones para áreas como el Campo de Cartagena, donde aquellos terrenos que dejen de producir para acoger placas fotovoltaicas puedan permutar el agua y que los derechos de riego se sigan aprovechando en otros sitios de la misma zona regable.

"Se ha invertido mucho en la innovación tecnológica tanto en renovables como en agricultura. Sería interesante invertir en cultivos bajo placas solares para producciones que necesitan menos horas de sol". Desde Ecologistas en Acción se han opuesto a la iniciativa del Ministerio de Agricultura ya que califican los regadíos de "desiertos de biodiversidad" y tachan de "injustificable" esta medida que choca con la falta de recursos hídricos por el cambio climático, un escenario que irá a peor. La organización ha reclamado en varias ocasiones reducir la superficie regable en España por la falta de agua.

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