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Examen al bilingüismo en la escuela

Cinco diarios de Prensa Ibérica repasan el modelo lingüístico en las aulas de Asturias, Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia

Un grupo de alumnos atiende a las explicaciones de su profesor. joan mora

«Emplear nuestros idiomas para dividir, para señalar a los ciudadanos, no solo es una práctica ilegal e injusta, sino que está condenada al fracaso social y judicial. Mientras seamos oposición, acudiremos a la Justicia y, cuando estemos en el Gobierno, vamos a aplicar todas las herramientas del Estado de Derecho para conseguir la cordialidad lingüística en España, el conocimiento de los idiomas de España y la libertad en su ejercicio», aseveró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los diarios de Prensa Ibérica radiografían los modelos lingüísticos que se aplican en las aulas de seis comunidades autónomas en las que se imparte más de una lengua con rango constitucional, además de lenguas extranjeras.

BALEARS

Por Mar Ferragut (Diario de Mallorca)

En Illes Balears, el catalán es la lengua vehicular y por ley debe ocupar como mínimo el 50% del horario lectivo, aunque en la mayoría de centros se utiliza en todas las asignaturas. Esta fórmula inmersiva ha generado quejas puntuales y algunos recursos en los tribunales, pero no ha recibido de momento una gran contestación social. Este curso diez familias han solicitado a la conselleria de Educación balear que se utilice el castellano como lengua vehicular en la educación de sus hijos. 

En esta comunidad todavía está fresco el recuerdo del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) impulsado en 2013 por el Govern del PP, proyecto que daba el mismo peso en el horario al castellano, al catalán y a una lengua extranjera y suponía, por tanto, restar horas al catalán y dejar de aplicar una norma aprobada precisamente por el PP en 1997, el Decreto de Mínimos, que se vinculaba a la Ley balear de Normalización Lingüística.

El proyecto del PP de 2013 coincidió con grandes recortes y generó una histórica movilización docente y social (con tres semanas de huelga y una manifestación con más de 90.000 personas en la calle). El PP fue castigado en las elecciones de 2015 y el gobierno de coalición que formaron el PSOE y el partido ecosoberanista Més con apoyo de Podemos tumbó el TIL al llegar al poder.

Este pacto se renovó en 2019. La conselleria de Educación, en manos socialistas, ha aprobado este año una ley educativa autonómica en la que la cuestión lingüística ha sido el mayor objeto de controversia. Debido a la presión ejercida por Més, finalmente esta ley ha salido adelante sin mencionar al castellano como lengua vehicular y garantizando al catalán la presencia mínima del 50% del horario. PP, Vox y Cs votaron en contra.

Balears es la comunidad con mayor porcentaje de alumnado inmigrante (el 16%), un reto añadido que se intenta superar con programas de acogida lingüística. Voces dentro del sector alertan de que el nivel de competencia en catalán está empeorando. Según el Institut per a l’Evaluació i la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), el 40% de los alumnos de sexto de Primaria no tiene el nivel mínimo de competencia oral en lengua catalana. Además, en las calles su uso retrocede: un 80% de los jóvenes saben hablar y escribir en catalán, pero apenas el 34% lo usa de forma habitual, según la Enquesta d’usos lingüístics EULIB2014.

CATALUÑA

Por Montse Baraza (El Periódico)

Cataluña cuenta con un modelo lingüístico en el que el catalán es la lengua vehicular –la única asignatura que se imparte en castellano es la de Lengua y Literatura Castellana– y que garantiza que al acabar la educación obligatoria el alumnado es plenamente competente en el dominio de ambas lenguas. Lo demuestran las pruebas de evaluación de competencias de cuarto de ESO: en el curso 21-22, los estudiantes obtuvieron una puntuación media de 74,1 en catalán y de 75,2, en castellano; una diferencia de 1,1 puntos. Datos que permiten al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Cataluña concluir que el sistema educativo catalán «proporciona un conocimiento equiparable de las dos lenguas oficiales». Esta es la tónica que se repite en los últimos años en que, además, la puntuación de la competencia en castellano es ligeramente superior a la catalana.

Pese a ello, el conflicto lingüístico está ahí enquistado, con la sombra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fijaba un 25% de clases en castellano. Las escuelas catalanas han empezado el curso 22-23 sin cuotas después de que el tribunal dictaminara que no se podía aplicar el fallo dada la nueva normativa aprobada por la Generalitat: un decreto ley y una ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales. 

La ley, aprobada por ERC, Junts, PSC y ‘comuns’, establece el catalán como lengua vehicular y garantiza el castellano como lengua curricular y educativa, sin fijar porcentajes y acomodándose a la realidad sociolingüística de cada centro, que deberá presentar sus proyectos lingüísticos al Departament d’Educació para que los valide. 

Eso no ha zanjado la tensión ya que, atendiendo a demandas de familias, el Tribunal ha mantenido las medidas cautelares en dos centros, de modo que en estos, donde estudian los hijos de las familias demandantes, sí se imparte la cuota del 25% en las aulas de los afectados. El curso pasado las medidas cautelares se aplicaban en 27 centros. 

Además, el Tribunal Constitucional revisará la constitucionalidad de la nueva legislación aprobada para blindar el catalán y esquivar la sentencia.

COMUNIDAD VALENCIANA

Por Victoria Bueno (Información)

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que en julio cumplió 40 años, establece la cooficialidad del castellano y el valenciano. El permanente debate que no ha cesado desde entonces radica en el hecho de que en algunas comarcas de la provincia de Valencia y en casi la mitad del territorio de la de Alicante, sus habitantes son castellanohablantes, una situación que viene de los repoblamientos en la Edad Media.

Consciente de ello, el primer gobierno autonómico, presidido por Joan Lerma, aprobó en 1983 la primera norma al respecto, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que reconoce la existencia de zonas de predominio lingüístico valenciano y otras de predominio castellano. Las Cortes se reunieron por primera vez en Alicante, la provincia con más controversia, para aprobar la ley. Resultó conflictiva por introducir por primera vez la enseñanza obligatoria del valenciano en las escuelas, aunque la situación se fue ‘normalizando’ hasta el punto de que no fue derogada por los sucesivos gobiernos del PP entre 1995 y2015.

El modelo lingüístico en la Comunidad Valenciana, por tanto, nació torcido. El conseller de Educación, Vicent Marzá, del grupo Compromís, que gobierna el Consell junto al PSOE, lanzó en 2017 un programa plurilingüe que restaba horas de las que entonces se impartían en inglés a favor de sumar enseñanza en valenciano, por aquello de que la lengua cooficial fuera alcanzando los estándares de uso del castellano y bajo el mantra de que todos los alumnos saldrían de las aulas con conocimientos de castellano, valenciano e inglés.

Pero cuando los colegios de toda la Comunidad acababan de decidir en Consejo Escolar el porcentaje de cada lengua a impartir, lo que evidenció que Alicante está a años luz del resto de las provincias en el uso del Valenciano, una cautelar del TSJ de la Comunidad, a instancias de la Diputación Provincial de Alicante bajo el mando del PP en la oposición política, dio al traste con las intenciones del Botànic.

Lejos de achantarse, el conseller Marzá se adelantó al fallo judicial definitivo y, en tiempo récord, se elaboró una ley -de 21 de febrero de 2018- que esquivaba la segregación del inglés apuntada por los jueces a favor del valenciano.

Es la ley que rige el actual modelo lingüístico en las aulas, desde este mismo curso, bajo el mando también de Compromís, y que fija que al acabar las diferentes etapas «el alumnado conseguirá el dominio de las dos lenguas oficiales y del inglés».

Aprobada por mayoría absoluta en las Cortes, la legislación lingüística vigente en la enseñanza sigue los mínimos establecidos por los jueces en sucesivas sentencias fruto de conflictos en otras autonomías, a saber. Un mínimo del 25% de los contenidos se vehiculan en castellano, otro tanto en valenciano y, entre un 15% mínimo y un 25% máximo en inglés.

En la Comunidad Valenciana sigue existiendo un bastión que se aferra al castellano, la zona de la Vega Baja, limítrofe con la Región de Murcia, donde familias y docentes protagonizaron una manifestación masiva que alcanzó las 20.000 personas en los primeros compases de 2020 para reclamar la derogación de la ley.

Los porcentajes mínimos de cada lengua se han ido implantando de forma progresiva, primero en los colegios y desde el pasado curso en los institutos también.

Pero en la Vega Baja y áreas castellano hablantes el rechazo al valenciano sigue siendo palpable y desde el PP echan leña al fuego periódicamente. Desde el Gobierno autonómico defienden que los porcentajes mínimos de castellano «están marcados en diferentes sentencias por el Tribunal Supremo que hay que cumplir en los sistemas educativos de todo el Estado», y que, a partir de estos mínimos, cada centro educativo «de acuerdo con su contexto sociolingüístico, flexibiliza el resto de contenidos en las tres lenguas».

La Administración publica cada cinco años los resultados de una encuesta sobre la situación y el uso del valenciano, que la pandemia interrumpió. La última, fechada en 2015, revela que en la Comunidad Valenciana saben hablar bien o perfectamente el castellano un 43,3% y un 32,5%, respectivamente, mientras que las cifras descienden al 17,9% de los que hablan bien el valenciano y aumentan ligeramente al 33% entre los que el nivel de esta lengua es perfecto. Además un 43% sostenía hace ya siete años que debería usarse más el valenciano y un 42% que prefería mantener el uso que había entonces, junto a un 11% que pedía rebajarlo.

A falta de que se conozcan los resultados de la encuesta de 2021, la lengua sigue siendo un elemento sumamente controvertido en la Comunidad Valenciana, e incluso con motivo de la reciente marcha del anterior conseller, desde sindicatos afines al Consell por definición, como UGT, y a modo de valoración global criticaron «los problemas que el decreto de plurilingüismo ha generados en las comarcas del Sur», donde el profesorado sin un nivel C1 de valenciano se ve excluido.

La polémica no se da solo en la enseñanza, sino que ha sido muy intensa en el seno de la propia Administración por el llamado «requisito lingüístico», que establece grados de conocimiento del valenciano para acceder a la función pública. El nivel exigido ha sido objeto de fuerte discusión y de numerosos litigios, sobre todo en áreas como la Sanidad.

EUSKADI

Por Olga Pereda (El Periódico)

Euskadi es la comunidad con mayor gasto público por alumno y tiene la tasa de titulados en Secundaria más alta de España. Desde los años 80, existen tres modelos educativos: el A (todo en castellano, menos la asignatura de euskera), el B (convivencia entre las dos lenguas, que son vehiculares) y el D (todo en euskera menos la asignatura de castellano). En la actualidad, el A es residual mientras que el B es minoritario, tiene un peso escaso y está limitado a algunos centros privados. La Administración vasca ha potenciado con tanto ahínco el D (no existe el modelo C porque es una letra sin presencia en el euskera) que el 70% de los estudiantes está escolarizado en ese sistema a pesar de que, mayoritariamente, los alumnos y alumnas proceden de ambientes castellanoparlantes.

En origen, el modelo educativo vasco fue pensado para una población euskoparlante. Sin embargo, en 2022, los alumnos escolarizados en el modelo D son plurales y diversos. Al contrario de lo que sucede en Cataluña, el idioma autóctono (muchísimo más difícil y complejo que el catalán) es practicado y hablado apenas por el 30% de los habitantes.

En 2019, el 53% de los estudiantes de ESO estaba en el nivel inicial de euskera, el porcentaje más elevado de la última década. El nivel alto de la lengua se reduce al 15% de los alumnos (el porcentaje más pequeño desde 2009). Mientras, la competencia en matemáticas en Primaria, por ejemplo, es la más baja en los últimos 10 años y lo mismo sucede con el castellano.

Ricardo Arana, profesor durante 38 años y exresponsable sindical, acudió el año pasado al Parlamento vasco para demostrar a los diputados con cifras y porcentajes que los alumnos y alumnas están perdiendo competencias no solo en euskera sino, por efecto rebote, en el resto de asignaturas, como matemáticas y castellano. A su juicio, «el problema no es tanto el euskera, que también, sino que el resto de los aprendizajes se ven afectados».

GALICIA

Por Carmen Villar (Faro de Vigo)

Tras un largo período de paz lingüística con Manuel Fraga que el bipartito concretó en una norma que fijaba «el mismo número de horas» para gallego y castellano en la enseñanza, la lengua se erigió en uno de los frentes de la campaña electoral que en 2009 devolvió al PP de Feijóo a la Xunta. Las promesas de entonces se encarnaron en un nuevo decreto que la oposición recibió como el fin del consenso.

La normativa vivió arrastrada de tribunal en tribunal. La Real Academia Galega, una de las que aún pide su derogación, como PSdeG o BNG, recurrió incluso a Estrasburgo, pero solo se quedaron por el camino dos artículos, uno de ellos sobre consultas vinculantes a los padres. El decreto regula qué se puede enseñar en cada lengua y la propia de Galicia queda exiliada de los números (Matemáticas, Tecnologías, Física o Química) y reservada a ámbitos de Ciencias Sociales y Naturales. El resto queda a juicio del centro, pero con la premisa de mantener los porcentajes horarios igualados, aunque ese 50-50 teórico adelgaza para hacer sitio al inglés en centros plurilingües.

En los últimos años, el Ejecutivo central responde a los reproches desde el Consejo de Europa que piden «eliminar las limitaciones a la enseñanza en gallego» asegurando que en Galicia está implantado «un sistema de enseñanza totalmente bilingüe» al que le atribuyen la «mayor parte» de datos positivos que revelan los estudios. Citan en ese sentido, por ejemplo, unos que califican de «elocuentes» de una encuesta del instituto oficial de estadística gallego, el IGE, difundida en 2019, sobre el porcentaje de quienes cursan enseñanzas obligatorias según el idioma en que reciben las clases: un 72,7% afirma que igual en gallego que en castellano.

Con todo, la Real Academia Galega sigue publicando informes que apuntan que el modelo lingüístico vigente en el sistema educativo «no cumple» la meta de «garantizar competencias parejas en ambas lenguas», al constatar un «acusado desequilibrio en detrimento del gallego».

ASTURIAS

Por José Luis Salinas (La Nueva España)

Asturias no cuenta con un modelo lingüístico como el de las comunidades con dos idiomas oficiales, porque el asturiano no tiene el estatus de lengua oficial, por lo que se rige por la Ley de promoción del uso del bable que fue aprobada en marzo de 1998 por unanimidad de todos los grupos políticos y también por la nueva ley educativa.

En los currículums educativos se establecen diferentes etapas en función del curso en el que esté el estudiante. En el caso de Primaria, son obligatorias tres horas a la semana. Pero no son exactamente de asturiano, sino que los padres de los alumnos pueden elegir entre matricular a sus hijos en Lengua Asturiana y Literatura o en Cultura Asturiana.

En Secundaria, la situación cambia. Los colegios ofertan dos horas semanales de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura (una continuación de lo que ya vieron en Primaria), pero es una materia optativa, no obligatoria. Y está metida en el saco con otras asignaturas entre las que el estudiante puede elegir. En lo que se conoce como programa de diversificación curricular (para estudiantes con diversidad funcional) también se ofertan dos horas semanales optativas de Lengua Asturiana y Literatura.

En Bachiller ocurre una situación análoga, pero son tres horas semanales las que se ofertan de asturiano. También es una asignatura optativa. La nueva ley educativa ha hecho crecer esta oferta en dos horas. Antes solo se ofrecía una.

La cuestión del asturiano ha sido, desde hace décadas, polémica en Asturias. El PSOE llevó en su programa electoral la oficialidad de la lengua tratando de buscar el apoyo de las otras fuerzas que están a la izquierda en la bancada parlamentaria, Podemos e IU (que en la región concurren a las elecciones por separado), pero no han podido empezar a tramitarlo a falta de un voto.

La lengua siempre ha sido, de forma guadianesca, objeto de debate en la región. En esta legislatura, las fuerzas políticas más escoradas a la derecha (sobre todo PP, Cs y Vox) han reprochado al Gobierno de Adrián Barbón su intención de hacer oficial el asturiano achacándole que quiere imponer la lengua en los colegios y en las oposiciones públicas. Sin embargo, el PSOE habla de ir a una oficialidad «amable», que no gusta a los asturianistas por su ambigüedad y por dejar a la lengua defendida por Gaspar de Jovellanos «condenada al olvido».

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