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Derechos LGTBI

Madrid propone la sanción más baja a la ‘coach’ que “repara” la homosexualidad: 20.001 euros

La comunidad, en una resolución que no es definitiva, considera que Elena Lorenzo realizaba terapias de conversión sexual, pero evita decretar su inhabilitación

Elena Lorenzo. David Castro

La Comunidad de Madrid tiene claro que Elena Lorenzo, la ‘coach’ que ofrecía cursos para “reparar” la homosexualidad, llevaba a cabo terapias de conversión y debe ser castigada. Pero entre todas las multas posibles, la autonomía propone la más baja: 20.001 euros, sin ninguna otra sanción aparejada. La decisión no es definitiva, a falta de las alegaciones de las partes.

En un escrito del pasado viernes, al que ha tenido acceso El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social considera que Lorenzo, a través de su web Camino a la Heterosexualidad, que dio de baja cuando se le abrió expediente, ha cometido una infracción administrativa “muy grave”, según la ley madrileña de protección integral contra la LGTBifobia

La norma castiga la “promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona” y juzga “irrelevante” que quien se someta a estas prácticas haya prestado su “consentimiento”. Las multas por este tipo de prácticas van de 20.001 a 45.000 euros, según la ley, que también incluye la posibilidad de que el responsable sea inhabilitado para ejercer su profesión durante un periodo de tres años. 

Pero la Comunidad de Madrid, en su propuesta, ha optado por lo mínimo. Ahora los denunciantes (la asociación Arcópoli y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión) se preparan para presentar alegaciones solicitando una reacción más severa y ampliar las sanciones a otros implicados, como el marido de la ‘coach’, Juan Pablo García Cabestreros, que también participaba en el curso, aunque en un papel de menor importancia.  

“La Consejería ha tardado más de dos años en incoar el expediente”, señala Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que recuerda que la primera denuncia se presentó en 2020. “Nuestra sensación es que la comunidad ha hecho lo mínimo imprescindible, porque el caso es clarísimo y no le quedaba otra, pero sin mostrar voluntad de perseguir en serio estas prácticas”, explica. 

“Esta mujer ya ha demostrado que no tiene ningún problema para pagar la multa y seguir llevando a cabo sus falsas terapias. Si se quiere garantizar que no continúa por el mismo camino, hay que inhabilitarla”, concluye Castro. 

El precedente

Lorenzo es reincidente. Con sus dos títulos que la acreditan como 'coach' y un curso impartido por Richard Cohen, el gurú estadounidense de las terapias de conversión, lleva años realizando sus "terapias reparativas". Fue denunciada en 2016, pero pasaron dos años y medio hasta que la Comunidad de Madrid le impuso una multa de exactamente la misma cuantía que ahora: 20.001 euros. Fue la primera, y por el momento la única, sanción de este tipo en la historia de España, a pesar de que varias autonomías prohíben esta práctica, que la futura 'ley trans' castigará con hasta 150.000 euros. 

A través de una campaña de 'crowdfunding', Lorenzo recaudó el dinero en pocos días y presentó un recurso judicial. En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón, anulando la sanción debido a la "duración excesiva" del procedimiento, sin pronunciarse sobre la ilegalidad de sus servicios. 

Aquello no supuso ningún freno a sus prácticas, que ofrecía tanto a las personas “que experimentan sentimientos homosexuales no deseados” como a “educadores, padres, religiosos, pastores y terapeutas”. Cuando la Comunidad de Madrid decidió abrirle este segundo expediente, eso sí, Lorenzo decidió borrar los contenidos de su web, que desde entonces se encuentra “en mantenimiento”, y alegó que el curso no era suyo, sino de una ignota organización católica norteamericana, que ella no lo “impartía” ni realizaba “ninguna promoción del mismo”, y que en cualquier caso no buscaba la conversión, sino “exponer cuestiones relativas a la homosexualidad”. 

Los vídeos

Sin embargo, el material del curso Camino a la Heterosexualidad, que El Periódico publicó en primicia el pasado jueves, vienen a desmentir todo lo anterior. Lorenzo cobraba por estos servicios: en principio 245 euros, pero siempre había una “oferta especial” que rebajaba su precio hasta los 98 euros. También los promocionaba. “Si tú eres una persona que experimenta sentimientos homosexuales no deseados, este curso es para ti. En él, te presento otras opciones que quizá no has contemplado”, señala en uno de los numerosos vídeos, donde ella habla directamente a cámara frente a un fondo azul celeste.  

El curso rezuma homofobia por los cuatro costados. Lorenzo retrata la homosexualidad como un "quiebre de la identidad" que provoca un "daño" en el "desarrollo afectivo", un “sufrimiento” que tiene “solución” gracias a sus enseñanzas. Según la denunciada, que en algún momento llega a ligar la homosexualidad con pedofilia, zoofilia e incesto, "lo que el homosexual busca es satisfacer sus necesidades de cariño y afecto, que no fueron satisfechas correctamente durante su etapa de crecimiento", de forma que "un hombre busca el afecto y el amor de su padre a través de otro hombre y una mujer busca el afecto y el amor de su madre a través de otra mujer". 

“El curso ofertado por la denunciada constituye una promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad, camuflada bajo términos como ‘proceso’, ‘opciones’ y ‘solución’ –concluye la Consejería de Familia en su propuesta de sanción-. La actividad desarrollada por la interesada, con independencia de su denominación, sí tiene como objetivo intervenir en el proceso de modificación de la orientación sexual de la persona”. 

Las partes (Lorenzo y las dos asociaciones denunciantes) tienen ahora 15 días hábiles para presentar sus alegaciones. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid deberá acordar la sanción definitiva en el plazo de dos meses.

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