Se autodenominaban el G-5 del sector lácteo, a imagen de las cumbres de las principales potencias económicas del mundo. Notas manuscritas, correos, informes y citas para analizar la situación del mercado y repartirse a los ganaderos fueron detectadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante la investigación que concluyó la existencia de un pacto continuado de los precios de compra a los ganaderos, sobre todo en Galicia y Cataluña, y que dictaminó en 2015 un beneficio “ilícito” por parte de las industrias de 815 millones. Hasta el momento más de 7.000 productores gallegos han llevado a los tribunales al llamado cártel de la leche, sancionado por la CNMC en julio de 2019 con una multa de 80 millones de euros por estas prácticas anticompetitivas durante el periodo 2000-2013.
Ahora, un reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el plazo de prescripción para presentar reclamaciones de daños y perjuicios en casos de cárteles, como el de la leche, permitirá a más de 27.000 ganaderos gallegos, que no habían acudido a los tribunales, iniciar el proceso de reclamación frente a las empresas lácteas sancionadas. Con este pronunciamiento, se amplía hasta julio de 2024 el plazo de prescripción. Cada productor, según cálculos de los despachos de abogados que tramitan las demandas, podrá reclamar una cantidad superior al 10% de su facturación en el periodo afectado (de 2000 a 2013, ambos incluidos). Eso se traduce en una media de 200.000 a 300.000 euros, más los intereses. Las demandas que se interpongan en el corto/medio plazo, según los bufetes que llevan los casos, tardarán en resolverse de cinco a siete años.
En 2020, el sindicato Unións Agrarias anunció la preparación de una demanda contra el cártel lácteo en colaboración con la empresa jurídica Eskariam. Ambas entidades denunciaron que las prácticas del cártel llevaron a la “ruina” a la “mayor parte” de las explotaciones ganaderas de España, que se redujeron a más de la mitad en menos de 15 años. Según sus cálculos, las industrias pagaron unos 260 millones menos cada año en la comunidad gallega a los ganaderos, por lo que dos de cada tres explotaciones se vieron obligadas a cerrar.
El sector confía en que la Audiencia Nacional valide la sanción de Competencia a diez grandes empresas lácteas por el supuesto acuerdo para repartirse a los ganaderos y fijar los precios. “Tenemos buenas expectativas. Una vez haya resolución de la Audiencia, procederemos a la presentación de las demandas; estamos convencidos de que los tribunales darán la razón a los ganaderos”, sostiene Félix Porto, secretario de Acción Sindical de UUAA.
Valide o descarte la multa impuesta, los bufetes que gestionan las demandas de los productores sostienen que la investigación de Competencia ratificó que había un cártel lácteo. “De no imponerse la sanción, será por motivos formales, por un error de procedimiento, pero está claro que se hacían llamar el G-5 y que había reuniones, se pasaban ganaderos y correos electrónicos para repartirse el mercado y pactar precios”, sostiene Andoni de la Llosa, experto en Derecho de la Competencia en Redi Abogados, con casi 1.200 ganaderos adheridos a la demanda colectiva que presentarán. “Hay que esperar a que haya una resolución en firme; luego reclamaremos y lo haremos de manera conjunta: se ejerce más presión y al juez le resulta más fácil al no enfrentarse a miles de vistas”, explica. Además, la demanda conjunta, apunta De la Llosa, permite que muchos productores que no tienen todos los documentos lleven su caso también a los juzgados ya que otros productores sí disponen de ellos.
En la misma línea desde Eskariam, que agrupa a 7.000 reclamantes de toda España, detallan en la información facilitada a los afectados en su página web que “cuantos más ganaderos se sumen a la reclamación, mayor será la fuerza ante la industria láctea cartelizada y más fuerte será la posición negociadora frente a la industria”.
¿Qué pasa si la empresa contra la que se reclama es la misma a la que actualmente se vende leche? Eskariam advierte de que no puede ejercer ninguna represalia por reclamar la indemnización como afectado por el cártel, “dado que se trataría de otra práctica ilegal”.
El perfil de los demandantes es variado. Hay tanto granjas familiares como grandes explotaciones, que siguen activas o que se han visto obligadas a cerrar —bien durante el periodo en que operó el cártel como años más tarde— y afectados en prácticamente todas las comunidades autónomas. Aunque el grueso son de Galicia, ya que es el territorio con la mitad de los productores de toda España y entre las regiones que presenta una mayor producción de Europa pese a estar a la cola en los precios que perciben por cada litro de leche que sale de sus explotaciones.
“Alguien tiene que velar por el sector, el Gobierno tiene responsabilidad”
En la parroquia de Barbaos (San Sadurniño) hace años había más de 20 explotaciones ganaderas. Hoy solo quedan tres. Una es la de Eliseo Cebreiro, con 400 vacas, 160 de ordeño. A sus 62 años, recuerda que hace 22 años, cuando se fija el inicio del cártel lácteo, no había contratos. “Era lo que la empresa te quería pagar”, apunta al tiempo que esperan ganar en los tribunales a las industrias. “No hablamos de dinero, hablamos de un abuso total por su parte”, denuncia Eliseo que lanza preguntas en cada exposición que hace: “Somos muchos ganaderos. ¿Cuántas empresas hay? Se sientan, se ponen de acuerdo y se reparten las explotaciones”. “¿Existen contratos ahora? O lo que hay ¿es una imposición de las industrias?”, cuestiona. “Con poca escuela, todos saben que un contrato es un acuerdo entre dos; hoy viene un señor de la empresa te trae un papel y te dice ‘esto es lo que hay’ y tiene que firmar sí o sí”. No preguntan por los costes. Imponen el precio”, censura el ganadero coruñés. En el punto de mira, pone al Gobierno. “Entiendo que tiene responsabilidad porque alguien tiene que velar por los intereses del sector”. En 2009, recuerda, los ganaderos se pusieron en huelga; en 2015 se tiró la leche: Fueron protestas históricas. ¿Valió para algo? A la vista de lo que está pasando...”.
“Tenemos derecho a una indemnización, será una ayuda a nuestra jubilación”
“Los hijos no vieron futuro y yo estaba cansada. Trabajabas y trabajabas, para nada”, lamenta Luz Divina Arca, que en 2005 decidió echar el cierre a su explotación láctea de 26 vacas en la localidad pontevedresa de A Estrada. Ahora, con 72 años, se prepara para dar la batalla en los tribunales con el objetivo que las industrias la indemnicen por los precios que le pagaron por cada litro de leche que salía de su granja. “Entiendo que nos indemnizarán, será una ayuda para la jubilación por todo aquello que no nos pagaron cuando debían hacerlo”, argumenta Luz, quien carga contra las empresas lácteas por “hacer lo que quisieron” con los productores. “Nosotros no sabíamos cuánto nos iban a pagar a mes vista”, recuerda. Por mucho que amenazasen los ganaderos con irse a otra empresa, quienes se iban se beneficiaban de unos céntimos más los primeros meses para captar nuevas explotaciones y pasado el tiempo empezaban las “rebajas”. “Estábamos atados de pies y manos, por mucho que quisiéramos, no podíamos hacer nada porque lo tenían todo pactado entre ellas”, cuestiona. Luz asegura que el sector se sintió “desamparado por todos”. “Si el Gobierno no interviene es que les consiente lo que estaban haciendo”, concluye.
