El pleno del Parlament aprobó ayer martes el decreto ley de medidas urgentes para reducir «el abuso» de la temporalidad en el empleo público de Balears, con el objetivo de que reducir el número de interinos en la ocupación pública por debajo del 8% antes del 2024, como marca la ley estatal. El Pi fue el único partido que votó en contra de la norma y lo hizo, según su portavoz Josep Melià, por la exoneración durante dos años de los interinos de tener el requisito de catalán.

Para cumplir el hito marcado por el Estado y tras una sentencia de la Unión Europea, el Govern estabilizará más de 10.000 plazas entre Salud, Educación y servicios generales, lo cual supone «el proceso de estabilización más grande que se ha emprendido nunca en estas islas, con una meta muy clara: fortalecer los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía», defendió en la cámara autonómica la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.

Garrido anunció la posibilidad de que el proceso de estabilización esté finalizado antes del 31 de diciembre de 2023, dado que «la oferta de ocupación pública de las 10.000 plazas se publicó antes del 1 de junio y las convocatorias del proceso estarán publicadas antes de día 31 de diciembre de este año».

Consenso

Durante su intervención, la consellera Garrido se referió al «alto» grado de consenso de las medidas que incluye el decreto ley, ya que se ha acordado con un 91% del apoyo sindical, los cuatro consells insulares, 49 ayuntamientos y 10 entes autónomos municipales, explicó Función Pública en un comunicado.

«Desde el Govern hemos mantenido un diálogo constante con los sindicatos representados en nuestra mesa de negociación y hemos buscado en todo momento implementar medidas concretas para que no se vuelvan a producir situaciones de abuso de temporalidad», remarcó Garrido. La consellera apuntó que el tema del catalán no fue objeto de negociación.