Una vida independiente y con autonomía plena para las personas con discapacidad. No una residencia, no un centro de día, no un cuidador por horas... No alguien que decida sobre su vida y sobre lo que necesita desde un despacho. Necesitan ayuda, pero quieren se independientes. Porque ellos valen tanto como cualquiera. Y tienen los mismos derechos que cualquiera. Ese es el espíritu con el que nace la figura del asistente personal, una ayuda económica directa para contratar a jornada completa a alguien que sea los ojos, las manos y los pies de otra persona.
Eso está escrito sobre el papel de la ley autonomía personal y sistema de ayuda a la dependencia, aprobada hace más de 15 años, pero en la práctica esta prestación es marginal en los servicios sociales valencianos. Tanto que el Síndic de Greuges ha remitido una queja formal a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por sus dudas sobre el alcance y efectividad de este servicio.
El Síndic insiste en que es la prestación con “menor implantación” y resalta que “no son escasos los colectivos e incluso particulares los que han trasladado a esta institución su preocupación por este hecho al considerar que la figura del asistente personal ha de ser una pieza clave para lograr una mejor atención y una mayor desinstitucionalización de las personas con dependencia”.
De hecho, según datos de la Comisión Española de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), aunque esta prestación “ha mejorado cuantitativamente en los dos últimos años”, sigue siendo residual pues supone solo el 0,07 % de las prestaciones y recursos ofrecidos en la Comunitat, por debajo de la media de España, que se sitúa en 0,54 %. Su presidente, Luis Vañó, explica que "en estos momentos hay 129 asistentes personales reconocidos, que son muy pocos. Pero hace un año había 20, y esperamos seguir mejorando", explica.
Desconocimiento y trabas
El Síndic apunta a que el desconocimiento alrededor de esta figura “puede ser la causa de su mínima demanda u ofrecimiento”, a lo que se suman “las barreras” que dificultan el acceso como la negación de la capacidad jurídica, la falta de apoyos, los estereotipos o la no supervisión, según detallan desde el organismo.
Sobre esto habla Sandra Casas, abogada de las Plataformas por la Ley de Dependencia y fundadora de la Fundación para la Justicia Social. Casas ostentaba el cargo de viceconsellera de Igualdad y fue una de las responsables de desarrollar la ayuda en la C.Valenciana, en el año 2018. "Una plaza en un centro cuesta hasta 2.350 euros a la administración, así que decidimos desarrollar la ayuda y darles a las personas directamente el dinero para que contrataran a la persona", explica. De hecho, la Comunitat es el territorio donde más se paga por esta prestación en España.
"Ahora hay 129 asistentes personales reconocidos, que son muy pocos. Pero hace un año había 20, y esperamos seguir mejorando"
Pero algo ocurre cuando esta prestación no llega a las personas en el sistema de dependencia. Según el Síndic, a pesar de lo positivo del recurso, la figura del asistente personal todavía es muy desconocida y está poco perfilada, lo que provoca que mucha gente no pida esta ayuda porque el proceso burocrático es muy complicado o porque no se concreta qué cuantía se abonará ni cuando, lo que obliga a muchos usuarios a tener que adelantar el dinero sin saber cuando se cobrará.
Este es uno de los puntos más preocupantes para Casas "Conselleria te obliga a que contrates tú a la persona, darla de alta en la Seguridad Social, presentar todos los papeles y pagar varios meses para que se empieza a conceder la prestación", explica. "En la práctica está dejando fuera de la prestación a las personas con menos recursos económicos, que son a la vez las que más lo necesitan. Nadie puede pagar 2.300 euros al mes sin saber cuándo te darán la ayuda", critica.
Un decreto para arreglarlo
En un principio, el decreto que presentó el servicio excluía a las personas con discapacidad intelectual porque se exigía "la capacidad de autogobernarse, de controlar su vida y tomar decisiones, comprometerse a tener una vida independiente”. Ahora, tal como señala el Síndic en el documento remitido a conselleria “somos conocedores que se está tramitando la creación de un nuevo decreto que modificará el anterior para permitir el acceso de todas las personas a esta prestación económica de asistente personal”. Y no solo eso, Conselleria trabaja para atajar las otras deficiencias que pesan sobre la prestación.
Uno de los primeros problemas empieza desde la ventanilla de Servicios Sociales "muchos trabajadores sociales no están formados en esta prestación, y veo muchas personas a las que les dicen que no existe y me toca hacerles todo el expediente", asegura Casas.
"Nadie puede pagar 2.300 euros todos los meses sin saber cuándo te concederán la ayuda"
Otro es el de los propios asistentes personales y la manera de regularlos. Cermi ha formado este año a 20 personas en ello, pero como asegura Vañó "el ministerio no tiene ninguna formación regulada, ni tampoco el Imserso". Sin embargo, aseguran que seguirán dando formaciones porque "la demanda va en aumento".
Casas, sin embargo, se muestra partidaria de dar libertad a la persona. "Ellos saben mejor que nadie qué es lo que necesitan. Mientras sea un profesional, lo que tiene que primer es la necesidad de la persona, y debería ser ella quien elija por sí misma".
Para el Síndic, los datos a los que ha tenido acceso evidencian que “la demanda de esta figura es mínima dada la complejidad burocrática de la tramitación y su tardanza en concretarse, mientras existen recursos más instaurados como el Centro de Día y Ocupacional, más visibles y tangibles”. Para obtener la prestación de Asistente Personal, “hay que contratar a una persona de forma privada aportando la documentación pertinente o recurrir a una empresa acreditada y debiendo adelantar una cuantía elevada de dinero durante unos meses mientras no se reconozca la prestación”
Por todo ello, el órgano pide a la Generalitat un informe detallado sobre la prestación, “dado que estimamos que la regulación actual de la prestación de asistente personal puede menoscabar derechos reconocidos a las personas en situación de dependencia o con diversidad funcional”.
