Alrededor de un millar (6,7%) de los más de 16.000 profesores de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Galicia están de acuerdo con la afirmación “algunas niñas se comportan seductoramente y visten de una manera provocativa incitando al abuso sexual”. Un 6,3% no cree que exista abuso cuando un adulto y un menor de edad comparten “manoseos, masturbación o sexo oral consentidos”. Y un 8,4% está de acuerdo con que no constituyen un abuso sexual “aquellos actos sexuales que realiza una persona adulta, sin violencia o intimidación, aunque no haya consentimiento explícito por parte del menor que lo recibe”.
Estos son algunos de los datos que revela el estudio de Rosa María Rúa Fontarigo, autora de la tesis Abuso Sexual Infantil: Detección y afrontamiento por parte del profesorado de educación secundaria en Galicia, que el pasado diciembre recibió un sobresaliente cum laude en la Universidade de Vigo.
Encuesta
A través de encuestas a casi 500 docentes de Secundaria de Galicia, la investigadora pretendía determinar los conocimientos, actitudes y formación de los docentes sobre el abuso sexual y, por tanto, la capacidad de la escuela como campo de detección de esta lacra, cuya prevalencia “oscila entre un 10% y un 20% de la población”, apunta Rúa, que lamenta que este tipo de violencia “se siga ocultando y quede impune”. “Es habitual que apenas se denuncie para que no salga del ámbito familiar y que se cuestione la veracidad del testimonio de los menores agredidos, solo el 15% de casos se denuncia a la policía”, expone, citando datos de la Fundación ANAR y Save The Children.
La gran mayoría de docentes tiene claro qué actos constituyen un abuso sexual, pero no cómo actuar. “Cuando tienen que hacer frente a esta problemática, se ven totalmente desvalidos por falta de capacitación a nivel de conocimientos sobre el abuso sexual y de gestión de los recursos y herramientas para afrontar estas situaciones. Deberían contar con protocolos de actuación en los que la consellería [de Educación] intervenga, como sucede en otras comunidades”, expone la tesis. Rúa añade en declaraciones a FARO: “En nuestra investigación, solo un 37% del profesorado afirma saber cómo afrontar un caso de abuso sexual a un menor”.
La Consellería de Educación alega, cuando se le pregunta por los protocolos, que ese tipo de abuso “está tipificado como delito por el Código Penal, por lo que cualquiera que tenga conocimiento de que se pueda estar produciendo un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades”, en alusión a la Fiscalía.
Recuerda además que los abusos se abordan en la Estratexia Galega de Convivencia Escolar, en fase de actualización, y que cuenta con una guía sobre violencia de género.
La investigación de Rúa Fontarigo revela “prejuicios intolerables” por parte de un porcentaje de entre el 6% y el 8% de los 16.000 docentes de ESO en Galicia, según la investigadora, como considerar que algunas niñas “incitan al abuso” por su comportamiento “seductor” o su ropa. “Es intolerable porque se está culpabilizando a las víctimas femeninas el abuso sexual”, denuncia antes de añadir que esas manifestaciones “son consecuencia de los prejuicios dominantes y estereotipados relacionados al género”. “Es de suma gravedad”, zanja.
En el caso del 6,3% que no considera abuso “manoseos, masturbación o sexo oral consentidos con un menor”, cree que es “un indicador más del desconocimiento del profesorado sobre la temática, sobre todo de la incapacidad para reconocer cuándo se produce un abuso. Si es incapaz de detectarlo, le imposibilita actuar, perjudicando gravemente al menor”.
