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Medio ambiente

El Congreso allana el camino para que el Mar Menor adquiera sus propios derechos

El Parlamento aprueba tramitar como ley la personalidad jurídica de la laguna salada con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Vox

Concentración frente al Congreso de los Diputados en defensa del Mar Menor.

La iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados en una sesión atípica para los diputados españoles. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervenía de forma telemática para reclamar una mayor implicación de España en la defensa de su país frente al ataque militar de Rusia mientras que, un poco más tarde, el diputado que sustituía al dimitido Pablo Casado, expresidente del Partido Popular, en el Congreso juraba su cargo al correr la lista en la formación conservadora. En esta ocasión, como primer punto del orden del día la ILP de la laguna llegaba al Parlamento para que los diputados decidieran si se tramita como ley o se rechaza su texto.

Tras una primera batería de intervenciones de todos los grupos parlamentarios implicados en afinar la carta de derechos de la laguna, el Congreso seguía con el resto de propuestas a la espera de la votación final al término de la sesión. Finalmente, el hemiciclo ha otorgado su confianza a la propuesta con 274 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones. Tras la lectura del resultado por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, las bancadas de los partidos han arrancado un sonoro aplauso.

En la calle se congregaban casi un centenar de defensores de la laguna que con cánticos y lemas apoyaron a la ILP toda la tarde. La ocasión lo merecía ya que aprobar esta ley implicará reconocer por primera vez en Europa que un ecosistema tenga derechos propios, lo que obligará a modificar la legislación española para dar encaje a esta protección jurídica. Para vigilar el cumplimiento de estos derechos, la laguna tendría una tutoría y una representación legal ejercidas por las administraciones públicas con el apoyo de los vecinos de los municipios ribereños, así como una comisión de seguimiento y un comité científico.

Todos menos Vox dejaron patente desde el principio una intención de voto positiva en esta toma en consideración, un acto al que ha acudido la promotora de la iniciativa y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, acompañada de otros miembros de la plataforma que impulsó la ILP. Tras ser ratificado, el documento volverá a la Comisión de Transición Ecológica para que sus miembros presenten enmiendas. Si nada sale mal, y el calendario del Congreso respeta el ritmo de trabajo de los parlamentarios, en otoño estos derechos podrían estar redactados de forma definitiva.

Barro político

El debate en el hemiciclo no contaba con la intervención de los promotores y sí de quienes desde la vertiente política de la iniciativa se han comprometido a apoyarla. Aun así, ese debate ha quedado reducido a una serie de descalificaciones desde Vox a la iniciativa y un cruce de acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sin que ningún grupo aclarase del todo en la Cámara Baja en qué va a consistir esta nueva ley que asoma ya en el ordenamiento jurídico español.

El socialista murciano José Luis Soto era el primero en abrir las intervenciones ensalzando una iniciativa que emanaba de la sociedad sin ningún apoyo y que ha crecido hasta convertirse en un movimiento social: "Estamos ante algo inédito en España". Pero era el parlamentario Luis Gestoso, de Vox, quien ponía la voz discordante.

El también murciano vertió descalificativos sobre la propuesta tales como ‘atentado contra la democracia’, ‘experimento bolchevique’, o ‘chiringuito’, al tiempo que dejaba claro que para futuros pactos de gobierno en la Región de Murcia, un mensaje directo al PP, sería necesario derogar la Ley del Mar Menor y aplicar una serie de medidas, algunas cuestionadas por la ciencia, como abrir las golas, construir una franja perimetral en torno al Mar Menor, un plan para gestionar la salmuera de los agricultores tras obtener agua del acuífero o desviar las ramblas al Mediterráneo.

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