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Ley de ciencia

Las 8 claves de la reforma de la ley de la ciencia

La ministra de Ciencia, Diana Morant.

El Consejo de Ministros ya ha dado el visto bueno a la reforma de la ley de la ciencia en España; una normativa que pretende dar estabilidad a los investigadores españoles, reducir la burocracia y mejorar la transferencia de conocimiento. El nuevo marco legal, impulsado desde el ministerio que ahora dirige Diana Morant, también despliega una batería de medidas para erradicar la discriminación y el acoso de los centros de investigación. Estas son las principales novedades que introduce esta reforma:

Nuevos modelos de contratación

La gran promesa de esta nueva 'Ley de la ciencia' es la de crear un nuevo marco normativo para mejorar de las condiciones laborales de los investigadores españoles. Para ello, una de las medidas planteadas en este anteproyecto es la creación de nuevas modalidades de contratación. La primera, y seguramente una de las más esperadas por una comunidad científica acostumbrada a encadenar contratos breves y precarios durante años, serán los contratos científico-técnicos, de carácter indefinido y que no formará parte de la Oferta de Empleo Público. También se plantea la creación de un nuevo itinerario posdoctoral, inspirado en el modelo anglosajón de 'tenure track', de un mínimo de tres y un máximo de seis años al que podrán acceder tanto profesionales formados aquí como en el extranjero. El nuevo marco legal también contempla la figura del 'investigador distinguido', para científicos tanto españoles como extranjeros.

El documento final ha aprobado el Consejo de Ministros incorpora una de las peticiones en materia laboral que habían puesto sobre la mesa sindicatos y sociedades científicas: el derecho a indemnización tras la finalización del contrato (equivalente a 12 días por año trabajado) se aplicará tanto a las nuevas incorporaciones como a los científicos contratados antes de la entrada en vigor de esta ley. Hasta ahora, dado que gran parte de los contratos científicos eran de carácter temporal, los investigadores no tenían derecho a indemnización.

Inversión blindada al 1,25% del PIB

La otra gran promesa de la ley de la ciencia tiene que ver con la financiación. El nuevo marco legal, de hecho, plantea el objetivo de conseguir una financiación estable de la ciencia pública hasta el 1,25% del PIB (algo que, hasta ahora, se situaba en menos del 0,60% del producto interior bruto español). Según argumenta la ministra de Ciencia, Diana Morant, la aprobación de esta reforma blindará por primera vez la financiación en ciencia. En total, se prevé que la inversión en ciencia (tanto en el sector público como en el privado) alcance el 3% del PIB en 2030.

Menos carga administrativa

La reforma de la ley de la ciencia plantea varias medidas para "reducir la carga administrativa" asociada a la investigación. Por un lado, se simplifica la justificación de subvenciones y, por el otro, se eliminan trabas para la gestión de proyectos de menos de 50.000 euros. Asimismo, el nuevo marco normativo prevé "reducir o suprimir la documentación requerida y reducir los plazos y tiempos de respuesta" en la gestión de ayudas entregadas para la investigación.

Más transferencia de conocimiento

El nuevo marco legal intentará incentivar la transferencia de conocimiento entre los centros de investigación y el tejido empresarial. La nueva ley, de hecho, propone medidas para incentivar que profesionales de centros de investigación y universidades realicen actividades de transferencia de conocimiento. Asimismo, también plantea una línea estratégica para fortalecer los vínculos bidireccionales entre las necesidades de la academia y las de las empresas españolas.  

Valoración de méritos académicos

La nueva normativa introduce un matiz que, en la práctica, supondrá una mejora para miles de investigadores. A partir de ahora, los científicos que deseen acceder a un centro de investigación público podrán someter a evaluación toda la experincia acumulada en instituciones públicas, universidades y hospitales. 

Políticas de igualdad y contra el acoso

Tal y como adelantó El Periódico de Catalunya, la nueva ley de la ciencia despliega un abanico de medidas para erradicar la discriminación y el acoso de los centros de investigación. La nueva normativa plantea aplicar planes específicos contra el acoso a las mujeres y a las personas LGBTI+. También reclama integrar personal experto en género en los órganos de evaluación, incorporar la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en el ámbito de la ciencia y la innovación. 

Impulso a la ciencia abierta

La reforma de la ley de la ciencia incorpora una serie de menciones sobre "fomentar la ciencia abierta y al servicio de la sociedad". Se plantea, entre otros, dar incentivos para a los científicos para que publiquen los resultados de su investigación en abierto (es decir, en un formato accesible y sin 'muro de pago'). También se añade una línea estratégica para "incentivar y reconocer" la labor de divulgación científica de los investigadores y de las unidades de cultura científica de universidades y centros de investigación. Finalmente, se plantea desarrollar "iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los datos generados por la investigación" así como promover programas de ciencia ciudadana para incluir a varias esferas de la sociedad en el proceso de investigación científica.

Despegue de la Agencia Espacial Española

La creación de la Agencia Espacial Española, uno de los grandes proyectos lanzados por el exministro y astronauta Pedro Duque, también destaca entre las grandes novedades de esta ley. Esta entidad se dedicará al "fomento, ejecución y desarrollo" de proyectos relacionados con el ámbito "del espacio, la seguridad y defensa nacional". Sobre todo en cuanto al uso (y desarrollo) de satélites y la gestión de los datos obtenidos de esta actividad. Estas labores, según constata el documento, se realizará en plena coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras organizaciones internacionales. 

El despegue de este proyecto, según recoge la nueva normativa, se aprobará en el plazo máximo de un año, cuando el Gobierno apruebe el estatuto de la Agencia Espacial Española de la mano de todos los ministerios implicados en sus labores.

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