Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno del Botànic, el PSPV, Compromís y Unides Podem, han sellado hoy un acuerdo para implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana. El gravamen, cuya cuantía está por concretar, tendrá que ser abonado por los visitantes que se alojen en establecimientos del territorio autonómico. No obstante, será un impuesto de carácter municipal y voluntario, es decir, que su entrada en vigor quedará en manos de los ayuntamientos. El pacto rubricado esta misma mañana recoge que se establecerá un proceso de diálogo con el sector y, antes de marzo, se presentará una proposición de ley para la regulación de la tasa.  

La introducción de este impuesto ha sido uno de los principales motivos de confrontación entre la coalición de izquierdas durante la negociación del presupuesto para 2022, que se someterá mañana miércoles a votación en las Cortes valencianas. Compromís y Unides Podem registraron una enmienda conjunta para imponer la tasa, pero los socialistas se negaron en rotundo. No por estar en desacuerdo con el contenido, sino por discrepar con las formas. El PSPV rechazó que una cuestión que puede tener una especial trascendencia en Alicante, potencia turística de la Comunidad, se regulara por las bravas, sin escuchar primero a la patronal hotelera ni realizar informes económicos que avalen su implantación. Y son esas mismas entidades, encabezadas por la principal patronal hotelera las que, precisamente hoy, criticaban a través de este diario la posibilidad de poner en marcha el impuesto. Hasta el punto que Hosbec ha tachado de "inhumana" la actitud de los partidos que avalan la tasa turística. La medida también cuenta con el rechazo frontal de los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico. 

 Tras varios meses de tira y afloja, y después de que los socialistas tumbaran la propuesta en la comisión de presupuestos, los valencianistas y los morados han acordado hoy retirar la enmienda a los presupuestos tras firmar el pacto con sus socios. En concreto, el documento rubricado esta misma mañana, bajo el título "Acuerdo valenciano por un turismo más sostenible, responsable y de calidad", recoge tres puntos concretos a los que se comprometen los botánicos, que son:

  1. Impulsar, a lo largo de enero y febrero de 2022, un proceso de diálogo con el conjunto del sector turístico (empresariado y trabajadores), así como con los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, personas expertas y representantes de las administraciones del entorno que cuenten con instrumentos tributarios vinculados a la actividad turísticas, en referencia, se supone, a las comunidades de Cataluña y Baleares, que mantienen en vigor este gravamen.
  2. Presentar, antes de finalizar el mes de marzo de 2022, una "Proposición de ley creadora del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas", de carácter municipal y voluntario, que garantice la capacidad de los ayuntamientos que así lo deseen de obtener recursos económicos a partir de las estancias turísticas en sus municipios. No obstante, fuentes socialistas subrayan que esto no significa que se empiece a aplicar a partir de ese mes.
  3. Que esta proposición de ley asuma como punto de partida el texto de la enmienda presentada por los grupos parlamentarios de Compromís y Unides Podem, incorporando las mejoras recogidas en el proceso de diálogo con los sectores afectados. La propuesta inicial recogía tasas de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento. Asimismo, para posibilitar este acuerdo y facilitar el proceso de participación ciudadana, estos grupos se comprometen a retirar la enmienda presentada y no se someterá a votación en la sesión de mañana, 22 de diciembre.

En concreto, el texto que servirá como punto de partida, el rubricado por Compromís y Unides Podem, (consulte aquí el documento íntegro) recoge que el impuesto se cobrará para estancias en establecimientos hoteleros; campings y áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas; casas rurales, albergues turísticos y acampadas en finca particular con vivienda habitada; bloques y conjuntos de viviendas turísticas; viviendas de uso turístico; y embarcaciones de crucero turístico cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana. Ese acuerdo inicial contemplaba una serie de exenciones, de forma que no pagarían los menores de 16 años; las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado miembro de la Unión Europea; las estancias por motivo de salud de cualquier persona y de su acompañante, siempre que se justifique la necesidad de recepción de prestaciones sanitarias incluidas en la cartera de servicios del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana; y las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor. 

En la propuesta inicial de Compromís y Unides Podem se fijaban las siguientes tarifas por noche en función del tipo de alojamiento:

El Imserso no estará sometido a la tasa

Tras sellar el acuerdo, el síndic socialista, Manolo Mata, ha trasladado a los periodistas que esta propuesta es una "vía valenciana" que "no tiene nada que ver" con los impuestos vigentes en Cataluña o Baleares, ya que la deja en manos de los ayuntamientos. Ha asegurado que es el modelo "más razonable" y que contará con un marco legal "muy sólido" que determinará qué ámbitos no estarán penalizados, entre los que ha apuntado al Imserso o a las estancias vinculadas a la salud.

"No podemos fracasar, tenemos que convencer al máximo de ayuntamientos e instituciones", ha manifestado el socialista, para insistir en que cada municipio tendrá "libertad" de aplicar la tasa o no y en que ya se determinará si será "de uno o dos euros". Y ha confiado en que en 2023, si la situación sanitaria se normaliza, "muchos ayuntamientos la adopten".

De Compromís, Fran Ferri ha coincidido en que se podrán acoger a este impuesto las ciudades que "lo deseen" y ha reiterado que era una tasa que deben pagar los visitantes de la Comunidad al igual que los valencianos hacen cuando viajan a Roma o París. "Si no, la estamos pagando los valencianos", ha advertido.

Fran Ferri, sobre el que será su último acuerdo como portavoz tras su anuncio de que dejará el acta en unas semanas, ha garantizado que en enero se abrirá un proceso de diálogo con "todos los sectores implicados, desde la patronal hasta los trabajadores, para presentar la proposición dentro del marco legal".

Y Pilar Lima (UP) ha celebrado el acuerdo y ha llamado a lograr el "máximo apoyo" del sector turístico, tanto de los empleados como de los empresarios. Ha prometido que la propuesta tendrá seguridad jurídica y ha recordado que el objetivo es caminar hacia un turismo sostenible para "cuidar el medio ambiente y cuidar a los valencianos".

Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha valorado que esta tasa supone "un ataque en toda regla" al modelo productivo de la Comunidad Valenciana y ha considerado que lanzar este mensaje en los mercados internacionales es justo lo contrario a lo que se necesita. "Si alguien tenía duda de quién manda en la agenda para la recuperación, que vea que son los comunistas y los nacionalistas procatalanistas de Compromís y Podemos, con el seguidismo del presidente de la Generalitat.

La vicealcaldesa de Alicante, María Carmen Sánchez (Cs) también se ha mostrado contraria a la implantación de la tasa que ha anunciado el Consell y adelanta que si depende de los ayuntamientos “con Alicante que no cuenten”.

“Parece mentira que en la situación en la que nos encontramos con la pandemia azotando de nuevo, el Botànic decida su implantación”, afirma Sánchez. La responsable del Patronato de Turismo critica que los impulsores de la medida ni siquiera hayan hablado todavía con el sector.