La médico de Atención Primaria que atendió a Emilia durante los últimos años en el centro de Salud de Torre Ramona de Zaragoza reconoce que la paciente "estaba avisando" sobre su posible suicidio, que finalmente ejecutó el pasado sábado al lanzarse al vacío desde su vivienda en el barrio de Las Fuentes. A ella le dio la noticia la trabajadora social del centro. "No me siento culpable pero estoy muy mal" ha asegurado a este diario, después de decir que "aunque en principio no cogí la solicitud", en la segunda ocasión que la presentó "sí que se tramitó" la petición.

El Gobierno de Aragón, en palabras de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido este lunes que ha habido un "fallo" por el "retraso del inicio de los trámites" consecuencia del "retraso en la adjudicación de un médico responsable en la tramitación de la solicitud de la paciente», después de que la suya se declarara objetora de conciencia. De hecho, han señalado que han "depurado responsabilidades" ante "los responsables que no han realizado las acciones que por su cargo tenía que haber realizado».

La médico del centro de salud del barrio de Las Fuentes ha asegurado que, según su criterio, Emilia, que padecía una luxación de cadera congénita agravada con los años (llevaba tres de la cama al sofá y viceversa), "no era candidata a lo que ella solicitaba porque hay otras vías" y, aunque en primera instancia no recogió la solicitud (entregada en a primeros de julio), sí que lo hizo en la segunda y "se tramitó" pese a que ella se declaró objetora de conciencia. De hecho, dijo que Emilia, de 83 años, quiso entregarla al día siguiente de la aprobación de la ley y "a todos nos pilló sin saber cómo actuar. Por eso no la cogí hasta saber a qué me comprometía con ello". Después, "la tramitación ha seguido sus cauces".

En cuanto al retraso de obtener un segundo facultativo, ha dicho que "no es fácil" que un médico se haga cargo del paciente de otro y más "para un caso como este". Además, es consciente de que "todo es nuevo" puesto que la ley se aprobó en junio y quizá haya que buscar a personas "implicadas en el proyecto". Ella, que este lunes pasó consulta, ha insistido en que por sus ideas "no estoy de acuerdo" en la aplicación de la eutanasia en este caso, quizá "si fuera terminal a lo mejor me hubiera implicado de otra manera». Sabe que Emilia sufría de dolores muy fuertes, a lo que se añadía "un cuadro depresivo" agravado por no salir de casa, pero aún así "se podía probar otras cosas, porque aún le quedaban muchos años de vida», ha señalado, antes de añadir que la paciente "no aceptaba otra cosa pero, según mi criterio, no me parece motivo para pedir la eutanasia".

El coordinador médico del centro de salud de Torre Ramona, Luis Otegui, ha explicado que el suicidio de Emilia les ha "disgustado" y "pillado por sorpresa" ya que la tramitación de su solicitud se "hizo en tiempo y forma". Tras la objeción de conciencia de su médico de cabecera se "mandó la documentación a la dirección de Sanidad", que estaba buscando un segundo facultativo que se hiciera cargo del caso.

Los profesionales urgen un desarrollo jurídico y garantizar los derechos

Los médicos de Atención Primaria en Aragón reclaman, que, además de la ley, es necesario un «desarrollo jurídico» que «a fecha de hoy no está», ha asegurado Mercedes Ortín, secretaria general de CesmAragón; y un reglamento en el que coexistan los derechos de los profesionales a acogerse a la objeción de conciencia y también de los pacientes a que se les aplique la eutanasia. Leandro Catalán, presidente del sindicato Fasamet, ha hecho hincapié en que «lo que hace falta es tener prevista la regulación cuando se aprueba la ley». Y es que, tal y como reclaman ambos, «no somos más que el eslabón del sistema sanitario». Por su parte, Pilar Borraz ha señalado que en la medicina rural, muchos pacientes son mayores con pluripatologías y se mostró partidaria de una ley de cuidados paliativos previa a la eutanasia. Todos han lamentado el suicidio en Zaragoza de una mujer que había pedido insistentemente la aplicación de la eutanasia.


Es ahí donde el Gobierno de Aragón es consciente del "fallo" puesto que la ley es "muy garantista tanto con los profesionales como para los usuarios". En este caso, evidenció el "retraso en la adjudicación» ya que estaba en proceso. Y por eso, ha afirmado que "seguiremos vigilantes para que los procedimientos sigan en tiempo y forma".

Además, ha aseverado "que el sistema sanitario está formado por muchas personas, con mucha variabilidad individual, pero nosotros nos preocupamos de que todos los profesionales tuviesen información sobre los procedimientos de iniciación de trámites para el derecho de esta prestación, así como información de cómo podían inscribirse en el registro de objetores porque es un derecho que tienen los profesionales». De hecho, ha afirmado que en estos momentos el 6% de los profesionales sanitarios, que incluye a médicos, enfermeros y farmacéuticos, se han inscrito en el registro de objetores, un porcentaje que calificó como "bajo".

Representantes del Departamento se reúne este miércoles con miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente, una cita prevista anteriormente, pero en el que seguro que se tratará el caso de Emilia. Desde el colectivo reconocen que hace falta "más información" tanto para las familias, como para los profesionales, y piden que la muerte de Emilia sea la última.