El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este jueves en Barcelona que el Gobierno prohibirá la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil, en concreto para menores de 16 años, en 2022 mediante un real decreto que servirá para regular este aspecto y para el que se iniciarán de inmediato los trámites. Garzón ya había anunciado la medida, que nace de la convicción de que las precauciones tomadas hasta ahora en este campo no han funcionado.

La regulación no afectará solo a la televisión, sino también a medios escritos, de radio, de internet, redes sociales y aplicaciones que estén planteadas para menores de 16 años. El ministro ha recordado los datos del Informe Aladino que indican “niveles extraordinariamente altos” entre los niños de 6 a 9 años de sobrepeso, lo sufre un 23,3%, y de obesidad, que afecta a un 17%. Se aplicará los criterios de la OMS para establecer que hay cinco categorías de alimentos que no podrán publicitarse en franjas ni espacios dirigidos a menores de 16 años en ningún caso: la primera es la categoría de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres; la segunda, la que incluye pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería; la tercera, la de los zumos; la cuarta, la de las bebidas energéticas, y la quinta, la de los helados.

Para el resto de productos se fijará un límite de contenido en nutriente por cada 100 gramos y se podrá hacer publicidad si las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos cada producto.

Autorregulación insuficiente

“Queda mucho camino por hacer y hay que ser más ambicioso”, ha declarado, Garzón, que ha comparecido en al Ayuntamiento de Barcelona junto a la alcaldesa, Ada Colau. También ha señalado que el código PAOS de autorregulación del sector audiovisual en publicidad sobre esta cuestión, nacido en 2005, “no funciona de manera eficaz, ha tenido muchos fallos y es un instrumento insuficiente”. De ahí, ha proseguido, que el ministerio haya optado por emprender “una actividad regulatoria directa” siguiendo las recomendaciones y los perfiles de la OMS, como, ha dicho, han hecho ya el Reino Unido, Noruega y Portugal. Garzón ha recordado que al tratarse de un real decreto la norma no debe pasar por el Congreso, lo que evitará algunos retrasos potenciales.